Cómo se prepara Chile para un posible nuevo éxodo masivo de venezolanos tras el fraude de Maduro

Aproximadamente 800 mil venezolanos viven actualmente en Chile. Eso, según las cifras oficiales. Sin embargo, tras el fraude electoral de Nicolás Maduro, expertos ya advirtieron que una nueva ola migratoria podría extenderse desde ese país hacia el sur, asunto que tiene más que preocupado al gobierno, puesto que Chile es el quinto país de acogida de venezolanos detrás de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador.

Previo a las elecciones presidenciales en Venezuela, un sondeo realizado por Meganalisis dio a conocer que al menos un 44,6 % de su población consideraría emigrar si Maduro era reelecto. Según Álvaro Bellolio, ex jefe del Servicio Nacional de Migraciones, “se estima que cerca de 5 millones de venezolanos podrían salir del país, no simultáneamente, pero sí en los próximos meses. Y Chile históricamente recibió entre el 10% y el 20% de esa inmigración”, advirtió en entrevista con Ex-Ante.

Según el ex funcionario de la segunda administración de Piñera, “la situación en Venezuela es de desesperación” y esta posible nueva oleada de migrantes “ejercerá una presión significativa sobre nuestras regiones y comunas, afectando el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, además de sobrecargar nuestro sistema carcelario”.

Bellolio acusó que “en Chile es muy fácil ingresar sin visa, trabajar sin autorización, y el gobierno promete, a través de su política migratoria, una visa a quien ingresó clandestinamente y obtiene un contrato de trabajo”.

El martes, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, hizo hincapié en que los nuevos migrantes venezolanos podrían tener calidad de refugiados - con todos los derechos que ello implica según los tratados internacionales - y propuso una mayor coordinación con los países vecinos.

“La urgencia que tenemos (...) es que exista una coordinación, sobre todo de los gobiernos latinoamericanos, respecto de una nueva ola migratoria que, probablemente, con todo lo que estamos viendo en estos días, viene muy pronto”, sostuvo en conversación con Cooperativa.

“Los hechos han demostrado que la respuesta del 2018 no fue la correcta, porque el abrir la frontera sin límite alguno es lo que ha ocasionado, primero, una ola muy grande migratoria. Cuando las olas migratorias no son reguladas como corresponde, que es lo que pasó a partir del 2018 (...) se exacerba este discurso antimigrante”, reparó.

La también ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó a implementar en la región un “intercambio de información y de bases de datos para determinar quiénes son aquellas personas que ingresan a los diferentes países. Es difícil, pero esa coordinación no existió (en 2018) y ahora creo que es fundamental”, subrayó Urrejola, quien remató asegurando que cerrar las fronteras “no puede ser la respuesta latinoamericana, entendiendo la complejidad que ha tenido la ola migratoria”.

Las reacciones no se hicieron esperar y desde todos los sectores políticos llamaron a tomar acciones concretas. Diversos parlamentarios propusieron diferentes fórmulas para contener esta posible nueva diáspora, todas dispares. El miércoles, el senador Juan Luis Castro (PS), por ejemplo, pidió construir campamentos en la frontera para recibir a quienes lleguen al país huyendo del régimen de Maduro.

“Yo propongo los campamentos provisorios que otros países tienen en su frontera, donde se valida la identificación de esas personas, si es que la traen”, señaló el parlamentario, quien aseguró que dicha medida permitirá establecer “un filtro para que no siga llegando migrantes indocumentados, que ese es el problema que tenemos en Chile”, según consignó BíoBíoChile.

Su idea no cayó nada de bien al diputado Diego Ibáñez (FA), quien abogó por mantener una política de “puertas abiertas” para todos los venezolanos que lleguen a Chile de manera regular.

“En eso el presidente no se va a perder y hará todos los esfuerzos necesarios para mantener las fronteras ordenadas”, aseguró Ibáñez, quien sostuvo que es necesario promover “la migración de forma regular y por cierto acoger a quienes lo están solicitando por razones políticas o de Derechos Humanos”.

Esta vez, la propuesta no gustó ni siquiera en su propio partido. Su correligionario, Jorge Brito, indicó que “Chile no está preparado para un nuevo ‘Cucutazo’ y es inexplicable que alguien proponga, al mismo momento en que se retiran los diplomáticos, que nosotros aceptemos a más nacionales de Venezuela”, remató.

El gobierno de Boric recogió el guante, pero pidió no exagerar la alarma. La ministra Carolina Tohá dijo que la inmigración venezolana “nunca ha cesado”, aunque reconoció a la prensa que “ciertamente hay una preocupación de que esto se pueda intensificar y para eso, tenemos que prepararnos”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, observó que “la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes es muy reducida”.

Tras una reunión de emergencia en La Moneda para abordar el tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó al norte del país y visitó el jueves Iquique y Colchane, y el viernes Arica y Chacalluta (unos 2.000 kms al norte de Santiago), en la Línea de la Concordia, junto a un comité de seguridad que evaluó las instalaciones fronterizas.

Antes de su viaje se informó el reforzamiento del contingente que vigila dichas aduanas, pero - siguiendo la línea de lo expresado por la ex canciller Urrejola -, la ministra Tohá descartó el jueves cerrar las fronteras del país y propuso una mayor coordinación con los países vecinos, acordando por ejemplo cuotas de refugiados, tal como se hizo en Europa.

“Dependemos en gran parte de lo que hacen los países vecinos a nosotros, lo que hace Perú, lo que hace Bolivia, lo que hace Ecuador, lo que hace Colombia”, dijo en conferencia de prensa.

El experto en seguridad y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, aseguró tajante a BíoBíoChile que “el país no está preparado para una nueva ola migratoria. Ya se produjo una migración muy importante en los últimos 5 o 7 años hacia el país, y vimos que empezamos a tener problemas en Educación, en Salud (...) Es clave la coordinación de los países latinoamericanos. Primero que nada, proteger las fronteras para que no entre cualquiera, y ver en qué medida, hasta qué nivel, los podemos acoger”, indicó.

Según Bellolio, actualmente en Chile “más de 150 mil extranjeros trabajan sin autorización y sin un control adecuado de sus antecedentes penales, lo cual es extremadamente preocupante y plantea serios desafíos de fiscalización. A su vez, los datos de ingresos clandestinos son alarmantes: desde 2022, más de 110 mil extranjeros han ingresado ilegalmente a nuestro país. Y las expulsiones al año no alcanzan las 1.000, por lo que hablar de control fronterizo es, por decir lo menos, optimista”.

El también militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) recomendó “no entregar visas a extranjeros que ingresaron ilegalmente, ya que esto solo fomenta más ingresos irregulares. Es necesario implementar proyectos de rejas o infraestructura física y tecnológica, como drones, para impedir el ingreso ilegal, especialmente en la región de Tarapacá. Y, claro, se debe sancionar fuertemente a quienes contratan a extranjeros que no están autorizados para trabajar. Estas medidas no solo disuadirán la migración ilegal, sino que también protegerán los derechos laborales de los migrantes y los trabajadores chilenos”, según consignó el citado medio.

Sin embargo, Fabiola Vergara, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, recordó en conversación con El Dínamo que los migrantes, lejos de ser un lastre económico, terminan generando un impacto positivo en los países que los reciben.

“Al año 2022, su aporte impositivo fue de alrededor de USD 409 millones. Si esta población se regularizara, este porcentaje podría aumentar a USD 510 millones. Es decir, también el hecho de que hay un porcentaje importante de migrantes venezolanos que se encuentran en condición de irregularidad, genera que el país pierda dinero desde un punto de vista impositivo, porque no puede recaudar todos los impuestos que sí lograría si toda esta población fuera regular y, por lo tanto, pudiera incorporarse al mercado formal de trabajo”, razonó.

La académica sostuvo que “esta posible migración sí va a generar un impacto positivo en nuestro país, tanto desde un punto de vista social como económico. Así lo ha sido hasta la fecha y creo que cuestiones puntuales como el Tren de Aragua o delitos que cometan algunos venezolanos en nuestro país o en otros, no debiera empañar el aporte que la generalidad de esta población ha realizado en nuestro país”, indicó.

En esa línea, Vergara sugirió agilizar los procesos burocráticos de validación de títulos profesionales y técnicos extranjeros, cuestión que está reconocida en la nueva Ley de Migración y Extranjería, “pero que aún no se ha implementado adecuadamente”, aseguró.

“Consecuencia de ello es que, a propósito de la población emigrante venezolana, si bien un 79% de ella se encuentra trabajando, solo un 39% se encuentra trabajando en la profesión que le corresponde. Es decir, el país está desaprovechando, en términos económicos, esta mano de obra cualificada. Por lo tanto, si se implementara este proceso se facilitaría que las personas que vienen a nuestro país con un título profesional o técnico pudieran obtener el reconocimiento de ello y trabajar en la profesión para la cual se han preparado”, remató Vergara.