Cuatro policías peruanos fueron detenidos en Ecuador por presunto tráfico de armas

Tras dos allanamientos en Huaquillas, provincia de El Oro, en la frontera con Perú, la Policía de Ecuador arrestó a nueve personas, entre ellas a cuatro policías peruanos, en servicio activo, quienes son sospechosos de traficar armas de fuego –como fusiles y pistolas– a través de la frontera compartida por ambos países.

Según comunicó la Policía de Ecuador en X, los aprehendidos “comercializaban armas de fuego por altas sumas de dinero en Ecuador”. El tráfico de armas de origen peruano no es nuevo en el país. De acuerdo con Ojo Público de Perú, “el 52% de los explosivos incautados en Ecuador en 2023 proceden del Perú y llevan el sello de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de Perú”. Los explosivos y fusiles con los que sucedió la toma armada de TC Televisión en enero, así como el arma del magnicidio que mató a Fernando Villavicencio en agosto de 2023, serían de origen peruano.

De acuerdo a la información publicada por la redacción de Infobae en Perú, los agentes peruanos arrestados aún no han sido identificados y el Ministerio del Interior peruano no se ha pronunciado al respecto.

Desde enero de 2024, Ecuador vive el estado de conflicto armado interno. El decreto presidencial emitido por Daniel Noboa señaló a 22 grupos narcocriminales como terroristas y los marcó como objetivos militares. El país enfrenta una crisis de seguridad y violencia sin precedentes y, hasta ahora, las medidas del gobierno no han logrado contener los sicariatos, extorsiones y secuestros que suceden diariamente.

Ecuador está ubicado entre los dos productores de cocaína más grandes del mundo. Al norte, Colombia y al sur, Perú. Sus puertos son ocupados para el tráfico de droga a escala internacional. Las bandas narcoterroristas que operan en el país no solo disputan las rutas para el comercio ilegal de drogas sino que también están involucradas en delitos relacionados con la minería ilegal, principalmente en jurisdicciones al sur del país.

A esa situación se suma la corrupción judicial e institucional que debilita los esfuerzos de contención de las amenazas del crimen organizado. Los casos Metástasis y Purga, por ejemplo, develaron los nexos entre jueces y funcionarios corruptos, el narco y la política. Además, otras revelaciones dan cuenta de la corrupción judicial a favor de criminales en Ecuador. El caso Plaga es otra de las investigaciones por delincuencia organizada que involucra a jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos que entregaron de manera ilegal e ilegítima acciones constitucionales a presos, muchos de ellos pertenecientes a grupos narcoterroristas, como Los Lobos, la banda más violenta y con mayor extensión territorial bajo su control.

Los chats que constan en el expediente del caso, a los que pudo acceder diario Expreso, indican que el abogado Lenín Vimos –procesado y testigo protegido– cobraba miles de dólares por gestionar distintos beneficios para criminales. El medio ecuatoriano narró que Vimos ofertó a uno de sus clientes excarcelar a un asesino por USD 25.000, esto según las conversaciones del 25 de octubre de 2023. Según Expreso, Vimos también cobraba por traslados de una prisión a otra o incluso por conseguir la prelibertad, en algunos casos. El caso Plaga es el tercero de connotación que reveló los vínculos entre la corrupción judicial y el crimen organizado. Durante la madrugada y la mañana del 3 de abril de 2024, se ejecutó un operativo simultáneo en ocho provincias, en el que 14 personas fueron detenidas. Entre los indicios levantados hubo documentos, dispositivos de almacenamiento, terminales móviles, laptos, entre otros. Este proceso estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha; sin embargo, tras la investigación el Ministerio Público determinó que también habrían participado jueces que tienen fuero de Corte Nacional, por lo que pasó a conocimiento de la Fiscalía General del Estado