Un informe oficial alerta que los grupos criminales brasileños aumentan su control sobre la Amazonia y el mercado de etanol

(Desde San Pablo, Brasil) La semana pasada fue divulgado el Informe 2024 del Foro Brasileño de Seguridad Pública, organización que reúne investigadores, gestores públicos, policías y operadores de justicia. El Brasil que retrata el informe presenta algunas novedades sobre las que domina, sin embargo, una tendencia negativa de expansión sin precedentes del crimen organizado. Por un lado, el número de muertes violentas fue el más bajo de los últimos 13 años, con 46,3 mil homicidios. Los estados con mayor índice de asesinatos son el estado amazónico de Amapá y los de Bahía y Pernambuco, en el nordeste del país. Entre las 10 ciudades más violentas se encuentran Santana, en el estado de Amapá, y seis en el estado de Bahía, entre ellas Camaçari y Jequié.

Por otra parte, la situación sigue siendo grave en la Amazonía, hasta el punto de que el gobierno -que ya había renovado la presencia de la Fuerza Nacional hasta finales de 2024- ha decidido ampliarla a Boa Vista y Pacaraima, en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, y en cuatro zonas indígenas de Rio Grande do Sul, en el Brasil meridional. Los expertos en seguridad llevan tiempo denunciando, especialmente en la región amazónica, la falta de una estrategia a largo plazo, sustituida por decisiones puntuales y limitadas en el tiempo, como el uso de la Fuerza Nacional, cuando la presión de la opinión pública es mayor. En la Amazonía se está expandiendo, especialmente, la principal facción de Río de Janeiro, el Comando Vermelho (CV), interesado tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal. El grupo controla la principal arteria fluvial para el transporte de cocaína ilegal, madera y oro, a saber el Río Solimões.

Hasta 2016, este río estaba controlado por La Familia del Norte, otro grupo criminal local; hoy allí domina el CV. En cuanto al Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más importante de Brasil, se está expandiendo hacia la minería ilegal, especialmente en Roraima, Rondonia y Mato Grosso. Como ya había señalado en un informe titulado “El nexo entre delincuencia y drogas en la cuenca del Amazonas” la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en 2023, “las actividades de los narcotraficantes que financian y proporcionan apoyo logístico a las actividades ilícitas en las operaciones de extracción de oro en toda la región, incluidas las reservas indígenas, están aumentando en la región, y se están expandiendo a la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre”. Según informó la organización ecologista Greenpeace, en el primer semestre de 2024 se desbrozaron 417 hectáreas de tierra, equivalentes a 300 campos de fútbol, debido a la expansión de los mineros ilegales.

Pero el tráfico de drogas domina todas las actividades ilegales. Según el 18º informe anual de Seguridad Ciudadana, en diez años, de 2013 a 2023, las incautaciones de cocaína aumentaron un 73% y, en total, se incautaron 730 toneladas en esta década. Solo en 2019 fueron secuestradas 104,6 toneladas. Sin embargo, esto es la punta del iceberg, como demuestran las incautaciones en los puertos de destino y las estimaciones de las fuerzas policiales europeas. Brasil es el segundo mercado mundial de consumo de cocaína, solo superado por Estados Unidos. El país se ha convertido en “un importante centro logístico de distribución de drogas”, confirma Renato Sérgio de Lima, presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública. 

La región centro-oeste registró el mayor volumen de toneladas incautadas en 2023. El estado de Mato Grosso, en particular, gracias a su geografía -limita con Bolivia y no está lejos de Paraguay- ha desempeñado un papel importante en el flujo del narcotráfico internacional. No es casualidad que la ciudad de Sorriso se encuentre entre las más violentas del país. Según los datos, el volumen de cocaína incautada en Mato Grosso es superior al de todo el norte de Brasil.

Además de Mato Grosso, los estados de San Pablo, Paraná, Rondonia y Pernambuco también han registrado recientemente el mayor volumen de secuestros de cocaína. Todas las ciudades más violentas estén situadas en puntos estratégicos de distribución de drogas, cerca de un puerto o aeropuerto o de una infraestructura importante para este flujo ilícito. Sólo en la ciudad de San Pablo se han contabilizado 72 “crackolandias”, o aglomeraciones al aire libre donde se vende y consume crack, repartidas en 47 barrios, y el centro de la ciudad se ha transformado en los últimos años en el epicentro de este drama nacional.

El puerto de Santos, en el estado de San Pablo, sigue siendo un importante corredor para el tráfico de cocaína hacia Europa, gracias también a la presencia cada vez más fuerte de la ‘ndrangheta, la mafia calabresa. Según una información exclusiva de Infobae, los 500 kilos de cocaína descubiertos el pasado 15 de julio en un cargamento de azúcar en una terminal de contenedores de Cubatão, no lejos del puerto de Santos, estaban destinados a la poderosa organización del sur de Italia. “Vamos hacia un narcoestado”, declararon a Infobae agentes de la policía brasileña, que expresaron su preocupación por el crecimiento exponencial del narcotráfico en el país y la impunidad generalizada de los narcotraficantes. El 27 de junio, la Receita Federal publicó una ordenanza, válida hasta fin de año pero sujeta a renovación, que obliga a los escáneres del puerto de Santos a controlar los contenedores con destino a Líbano, Rusia, Australia, Indonesia, Hong Kong, Turquía, Georgia, Siria, Israel y Arabia Saudí, lo que muestra cómo la droga que sale de Brasil llega ahora a los mercados más distantes y diversos.

El gobierno de Lula había lanzado en 2023 la llamada Garantía de Ley y Orden (GLO), que envió fuerzas armadas a los principales puertos y aeropuertos del país para reforzar los controles. Fue una iniciativa que costó unos 177,4 millones de reales (32 millones de dólares), pero según los expertos no tuvo los efectos deseados. La iniciativa duró seis meses y no volvió a prorrogarse en junio pasado. Según el balance del Ministerio de Defensa, los militares al servicio de la GLO detuvieron a un total de 3.178 personas, incautaron 282 armas y 172,3 toneladas de droga, entre ellas una gran cantidad de marijuana. Hasta la fecha, sin embargo, falta un plan coordinado de inteligencia para hacer frente al creciente poder de los grupos criminales, que han llegado incluso a financiar a políticos e invertir en sectores clave del país, como las plantas de etanol.

El gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos, dio la voz de alarma en una reciente conferencia celebrada en Nueva York (Estados Unidos). Según informó el político, el PCC posee 1.100 gasolineras en todo su estado y está intentando comprar cinco fábricas de etanol, la gasolina verde por la que Brasil se ha hecho famoso. “El PCC no pagará el precio justo por la caña de azúcar. La facción chantajeará al productor para que pague un precio más bajo y utilizará la fuerza para esto”, advirtió el gobernador. Además de blanquear dinero comprando gasolineras, el PCC lleva meses adulterando el etanol que vende a los automovilistas. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) descubrió varios casos donde el combustible etanol estaba adulterado incluso en más de un 90% con metanol, una sustancia tóxica cuyo límite permitido en la gasolina en Brasil es del 0,5%.

En 2023 se denunciaron 187 casos, frente a los 37 de 2020. Se calcula que la evasión fiscal en el sector de los combustibles genera una pérdida anual de hasta 14.000 millones de reales (2.525 millones de dólares) para las arcas públicas. Además, el fraude y la adulteración en las ventas roban al Estado otros 19.000 millones de reales (3.427 millones de dólares). La facilidad con que se blanquea el dinero en el mercado de los combustibles atrae a las facciones criminales, que utilizan testaferros y esquemas fraudulentos para enmascarar sus operaciones ilícitas que, de hecho, acaban con el mercado para los empresarios legales.

Mientras en el litoral paulista se han apagado los ecos del enfrentamiento entre grupos del PCC, que en los últimos meses causaron muertes y toques de queda impuestos por la misma facción, en el estado de Rio de Janeiro se está librando en las últimas semanas una guerra entre el Comando Vermelho, el Tercer Comando Puro (TCP), otra organización delictiva carioca, y las milicias, grupos formados por ex policías, que nacieron para proteger el territorio y luego se transformaron en criminales.

El pasado 15 de julio, 2.000 soldados y policías lanzaron una mega operación en 10 favelas de la zona oeste de Rio de Janeiro, donde se desarrolla esta guerra. La policía permanecerá hasta que el estado recupere el control de estos territorios, donde la situación se ha vuelto insoportable para sus habitantes en las últimas semanas. Además de los constantes tiroteos, han aumentado los casos de extorsión. Las milicias exigen dinero por la electricidad, los servicios de televisión por cable, para poder llevar un negocio y para construir o incluso reformar edificios. El gobernador del estado de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, ha admitido el aumento exponencial de la presencia criminal en estas favelas.

“Trabajaremos por el restablecimiento del orden en esta región desde Itanhangá hasta Vargem Grande y Vargem Pequena. Liberaremos a nuestro pueblo del yugo territorial. Recuperaremos los servicios públicos que, lamentablemente, han sido utilizados por estos criminales para obtener dinero y blanquearlo. Combatiremos todos los tipos dedelincuencia: patrimonial, pública, medioambiental”, afirmó el gobernador. 

Para contrarrestar esta ola de criminalidad que amenaza con socavar la seguridad de todo el país, Brasil necesitaría, como propone el Foro de Seguridad Pública, un sistema integrado de datos que hoy no existe. La lucha contra el crimen organizado todavía se libra en Brasil a través de organismos regionales. Si el Congreso lograra aprobar la Ley General de Protección de Datos de Interés de Seguridad Pública, habría una base integrada de datos sobre la cual también se podrían desarrollar políticas públicas. También es fundamental dar más herramientas al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) para vigilar y reprimir las actividades de lavado de dinero. Como escribe el diario O Estado de São Paulo en un editorial, “subyace a propuestas como ésta un principio tautológico que Brasil aún no ha comprendido: sólo se puede combatir eficazmente el crimen organizado con un Estado organizado”.