Los niños y adolescentes salvadoreños se encuentran padeciendo graves abusos contra los Derechos Humanos por parte de las propias fuerzas de seguridad de El Salvador, ha alertado este martes la ONG Human Rights Watch (HRW). Los jóvenes sufren bajo el draconiano régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele en un intento por acabar con la violencia y los homicidios en el país.
La organización publicó un último informe titulado “‘Su hijo no existe aquí': Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”. Este trata sobre la situación en el país centroamericano. Documenta casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos contra niños y adolescentes arrestados en el marco de un régimen de excepción que el presidente Bukele llegó a elevar a la categoría de “guerra contra las pandillas”.
Estos menores han sido sometidos a condiciones deplorables en prisión, incluyendo situaciones de hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuada, así como ausencia de contacto con abogados y familiares. Muchos han sido condenados por delitos definidos con trazo grueso y en juicios con violaciones al debido proceso.
De acuerdo con HRW, las fuerzas de seguridad de El Salvador han llevado a cabo “innumerables redadas”, especialmente en zonas donde la violencia de las pandillas era “una presencia constante”, y han detenido a unas 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 menores que ya habían visto como sus expectativas de futuro quedaban limitadas por el impacto de la violencia de las pandillas.
“Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención (...) de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”, ha alertado la ONG, que incide en que en muchas ocasiones estas detenciones están basadas simplemente en la apariencia física o las condiciones socioeconómicas de los menores.
El organismo HRW se fundamenta a partir de los testimonios de las víctimas de dichos abusos cometidos por el Estado salvadoreño. Uno de ellos se trata del caso de Nicolás (nombre ficticio para proteger su identidad), un estudiante de 16 años detenido el 10 de julio de 2022 en su escuela localizada en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Según relató un familiar a HRW, las fuerzas de seguridad ingresaron en la escuela y se llevaron al menor.
Las fuerzas salvadoreñas prometieron a su padre que se lo llevaban a una delegación policial “para una entrevista” y que “lo liberarían pronto”. “Dos años después, Nicolás sigue detenido”, denuncia HRW y recolecta el medio español El País. Su padre pidió a un policía ver a su hijo durante una de las audiencias, a lo que el oficial le respondió: “Su hijo no existe aquí”. El adolescente fue condenado a dos años y seis meses de prisión en enero de 2023.
En algunas ocasiones se ha llegado a registrar detenciones en condiciones violentas, como el caso de un joven de 16 años que, en su camino de vuelta a casa tras jugar un partido de fútbol, fue interceptado por militares que le obligaron a desvestirse y le quemaron el torso para que confesara a qué pandilla pertenecía, según ha relatado un familiar a HRW.
Así las cosas, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha instado al Ejecutivo salvadoreño a “implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades” pero dejando a un lado las “detenciones indiscriminadas”.
Sobrepoblación de centros penitenciarios
Así las cosas, estos encarcelamientos masivos han derivado en que el ya de por sí frágil sistema penitenciario de El Salvador se enfrente ahora a unas condiciones de sobrepoblación. Más de mil niños han sido condenados durante el régimen de excepción con penas de cárcel que van desde los dos hasta los doce años.
HRW ha puesto el foco también en las condiciones a las que se ven sometidos los menores en prisión, pues considera que las autoridades salvadoreñas “han tomado pocas medidas, si es que alguna”, para proteger a los menores de la violencia de otros presos.
Se han registrado palizas y agresiones sexuales en prisión. “Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social”, ha explicado la organización.
Es por todo esto que Goebertus ha hecho un llamamiento tanto a las autoridades locales para que detengan la detención indiscriminada de menores para evitar “perpetuar los ciclos de violencia”; como a la comunidad internacional, a la que apela para que exhorte a El Salvador para que cese “las violaciones de Derechos Humanos” y proteja “la vida y el futuro de la niñez”.
(Con información de Europa Press)
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