![Imagen referencial. Los disparos alertaron a los vecinos, que testificaron que hubo al menos 70 detonaciones. (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)](https://www.infobae.com/new-resizer/i7rB8eF0--59ztqML42VyaQc6sc=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EGUFIOYZ2C72ST536OCXSHQLBA.jpg 420w)
Al menos 70 veces dispararon los sicarios que asesinaron a cinco personas en un barrio de Guayaquil la noche del 15 de julio. Además de los muertos también hubo al menos dos heridos, según datos preliminares de la Policía. Según los agentes policiales, todos los acribillados registraban antecedentes penales, por lo que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas.
La masacre sucedió en la calle Febres Cordero, entre las avenidas José Mascote y del Ejército, a unos 10 minutos del Malecón de la ciudad. De acuerdo con Ecuavisa, los sicarios arribaron al lugar en un vehículo blanco e ingresaron a un garaje donde se almacenaba chatarra y restos de autos, motocicletas y bicicletas. Otros testigos, según recogió Primicias, contaron que algunos de los asesinos llegaron en una motocicleta. En el sitio, dispararon a siete personas: tres murieron al instante, los otros fueron trasladados a un hospital, donde murieron dos de ellos.
Guayaquil es una de las ciudades ecuatorianas donde la violencia ha incrementado. Desde el 2 de julio, tras un nuevo decreto ejecutivo, las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay están bajo estado de excepción. La disposición del presidente Daniel Noboa consiste en la “movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
De acuerdo con los argumentos en los que se sustenta el decreto, la provincia del Guayas concentra el 44,8% de homicidios intencionales desde el 1 de marzo al 19 de junio de este año. El 87% de los asesinatos sucedieron con armas de fuego, según la información oficial: “Se evidencia que persiste una hostilidad sostenida por los grupos armados organizados, puesto que de manera casi diaria existen ataques en varias provincias del país, que no corresponden a delincuencia común ya que existe una dinámica de empresas criminales conjuntas, produciendo lesiones y muertes de personas civiles en los mismos”, se lee en el decreto suscrito por Noboa.
“Los hechos suscitados responden a una criminalidad y violencia sin precedentes que demuestra la capacidad operativa, estratégica y táctica de los grupos armados organizados, es ha intensificado y aumentado, utilizando todo tipo de medios y recursos ilegales para sus cometidos cada vez mayores, de los grupos criminales nacionales e internacionales, que ejecutan actos violentos, que tienen un impacto en la población y que escapan del control estatal ordinario”, admite el decreto ejecutivo. Según las cifras contenidas en el documento oficial, el 91% de la violencia está en la categoría de violencia criminal.
En una rueda de prensa desde Manta, donde se instalaron temporalmente las cúpulas militar y policial, la ministra del Interior, Mónica Palencia indicó que, entre el 1 de enero al 14 de julio de 2024, “Hay una reducción del 18% con respecto a una realidad que se nos puso como ejemplo en el mismo periodo del 2023. Tenemos 691 homicidios intencionales menos que el año pasado”. Según los datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, entre enero y julio del años pasado hubo 4.375 asesinatos.
![Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la violencia. En su urbe se ubican los principales puertos del país, que son utilizados por las mafias para el tráfico de drogas. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)](https://www.infobae.com/new-resizer/gsdwjJPl6rytF6XHrmb42WKTCGQ=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FWVHHTB2H4WUF43IMVCJB26MZQ.jpg 420w)
Según el último estudio de opinión de Comunicaliza, 3 de cada 10 ecuatorianos considera que la inseguridad es el principal problema del país. A este le sigue la falta de empleo y la situación económica del país con 2 de cada 10. La corrupción fue mencionada por el 8 % de encuestados.
Este escenario sucede a menos de dos meses de que se realice la convocatoria oficial para los comicios generales del 2025, donde Noboa aspira a elegirse para un periodo completo de cuatro años, pues ahora su mandato se extiende solo por el tiempo que el expresidente Guillermo Lasso dejó inconcluso. De acuerdo con Comunicaliza, aunque el 52% aprueba su gestión, solo el 32% estaría dispuesto a votar por él. La cifra sobre su aprobación es la más baja tras ocho meses en el cargo.