La persecución sin fin a Virginia Laparra, la fiscal antimafia que se atrevió a investigar a los corruptos en Guatemala

Virginia Laparra suele proyectar calma cuando recuerda los días aciagos de febrero de 2022, cuando las autoridades guatemaltecas la capturaron por denunciar a un juez de actos irregulares. Virginia Laparra es, a pesar de todo, una mujer que busca calma, pero también es una que se ha negado a bajar la cabeza ante sus acusadores, lo que le ha costado una persecución por la que fue confinada a una prisión de máxima seguridad durante casi dos años.

El caso contra Laparra es débil. Se resume así: cuando en 2017 ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en Quetzaltenango, una de las ciudades más grandes de Guatemala, denunció a un juez, Lesther Castellanos, por supuesta filtración indebida de información reservada a un investigado. A partir de entonces Castellanos y el abogado al que se supone filtró la información, Omar Barrios, iniciaron una cruzada de acoso por redes sociales y en entrevistas televisivas que culminó con una denuncia judicial por abuso de autoridad.

En febrero de 2022, un tribunal en la capital guatemalteca -cuya competencia la defensa de Laparra cuestionó- la condenó a cuatro años de prisión por abuso continuado de autoridad. El razonamiento de la jueza es que Laparra denunció al juez Castellanos sin contar con la autorización de su jefe, quien en aquel momento era Juan Francisco Sandoval, el jefe de FECI y quien en la actualidad vive exiliado en Washington. DC, luego de ser, él también, perseguido por las autoridades de su país.

Durante el proceso judicial, la defensa de Laparra confirmó que la exfiscal había cumplido con todos los requisitos legales para denunciar al juez Castellanos y defendió su derecho a exponer ante la justicia a un funcionario. La jueza del caso, Oly González, no escuchó razones y, asegurando que Laparra no había denunciado de forma adecuada, la sentenció a cuatro años en prisión por abuso de autoridad.

Era el mundo al revés. Ella, una mujer aguerrida, una fiscal que persiguió a poderosos de su país investigados por corrupción. Ellos, un juez y un abogado asociados con los grupos de poder político que gobernaron Guatemala hasta principios de este año; a ambos, el juez Castellanos y el abogado Barrios, el gobierno de Estados Unidos los ha sancionado y puesto en listas de funcionarios corruptos, protectores de criminales. Ella, la acusada; ellos, los acusadores.

En una charla con Infobae, Laparra relató el acoso al que se vio sometida desde que denunció a Castellanos hace seis años.

La exfiscal entiende que el acoso en su contra tiene una doble procedencia. Primero, una venganza misógina porque ella, una mujer, no cedió nunca a las amenazas que le hacían llegar para desistir de las demandas. “Creo que fue una cuestión de que ellos pensaron: ‘hay que hacer que nos respete… Nosotros hemos dado órdenes siempre y esas órdenes siempre se acatan… Y a esta subversiva qué le pasa”, dice. La otra causa de la persecución: la venganza que abogados, jueces, políticos y empresarios emprendieron desde 2018 contra los investigadores y funcionarios antimafia que les contaron las costillas durante los años en que funcionó en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la instancia supranacional apoyada por Naciones Unidas que litigó junto a la FECI de Sandoval y Laparra casos complejos de corrupción y crimen organizado.

En algún momento de la persecución, primero a través de redes sociales y luego por vía judicial, el abogado Omar Barrios, quien según la denuncia inicial de Laparra había recibió de forma indebida información filtrada por el juez Lesther Castellanos, visitó a la entonces jefa de la FECI en Quetzaltenango y le adelantó, de alguna manera, lo que se venía:

“Cuando esta persona se presenta, me dice: ‘mire, yo vengo porque ya antes la investigué y no le encontré nada’. ¿Qué te da a entender eso? Es decir: investigan a las personas y las empiezan a apretar, a presionar si les encuentran algo. ‘Pero a usted no le encontré nada’, me dijo él”. Eran señales de lo que llegó después: una denuncia penal interpuesta en 2018 contra ella.

“Me estuve defendiendo de estas cosas en 2018, 2019, 2021… Íbamos viendo que las cosas avanzaban de manera irregular”, cuenta Laparra.

Al proceso judicial contra Virginia Laparra se agregaron otros viejos conocidos en el sistema judicial guatemalteco: los abogados y querellantes de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización no gubernamental de ultraderecha, financiada entre otros por empresarios guatemaltecos que alguna vez también fueron investigados por acusaciones de corrupción, la cual ha servido de armada parajudicial en casos contra investigadores y fiscales antimafia. En una de las audiencias contra Laparra, Raúl Falla Ovalle, abogado de la FCT, se congratuló al enterarse del veredicto condenatorio a la exfiscal.

Las vidas de los involucrados en esta historia han seguido rumbos distintos. Ella, la acusada, sigue siendo víctima de persecución a pesar de que la no gubernamental Human Rights Watch la declaró prisionera de conciencia y de que en marzo de este año el presidente Bernardo Arévalo la condecoró como “mujer destacada” y de que dos docenas de gobiernos occidentales han condenado en público y privado el acoso legal al que sigue sometida.

Laparra había salido de la cárcel en enero de este año, luego de que un tribunal superior ordenó medidas sustitutivas. Durante sus días en la cárcel, la exfiscal fue aislada y sometida a torturas sicológicas, según ha informado en varias ocasiones su defensa y organismos internacionales que monitorearon su situación.

Pero el calvario no terminó con aquella carta de libertad: Castellanos y compañía habían denunciado una vez más a Laparra, en un expediente distinto, por supuestamente filtrar información reservada sobre la primera denuncia de 2017. De nuevo, la justicia se fue contra ella: el pasado 8 de julio, un tribunal la sentenció a 5 años de prisión conmutables, a pagar una multa de unos 60,000 quetzales (unos USD 8,000) y la inhabilitó para ejercer como abogada y para ocupar cargos públicos.

Enseguida, como ya había ocurrido antes, la comunidad internacional condenó las acciones de la justicia guatemalteca. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo que “la condena a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra es otro ejemplo de atroces ataques del Ministerio Público de Guatemala contra el Estados de derecho”.

Desde la capital estadounidense, doce organizaciones no gubernamentales condenaron la nueva decisión judicial. “Lamentamos la reciente condena dictada en contra de la exfiscal… por el delito de revelación de información y vemos con preocupación que la resolución contiene una débil argumentación respecto al dolo en el caso en referencia”, escribieron en un comunicado.

La otra cara de la moneda es la del juez Lesther Castellanos, el acusador principal.

En 2022, Castellanos fue nombrado comisionado relator contra la tortura ante la Organización de Naciones Unidas y, luego, presidente de la oficina nacional de prevención de la tortura. No deja de haber ironía en el asunto: la ONU fue la casa matriz de CICIG, la comisión con la que Virginia Laparra y otros fiscales perseguidos o exiliados trabajaron de la mano para investigar a funcionarios como Castellanos; además, organizaciones internacionales como la federación francesa por los derechos humanos o la organización mundial contra la tortura han advertido que Laparra fue sometida a tratos degradantes y a tortura sicológica cuando estuvo en prisión.

De Castellanos el Departamento de Estado en Washington ha dicho que es “un exjuez y actualmente relator guatemalteco contra la tortura (que) ha debilitado proceso e instituciones democráticas al arremeter contra una fiscal anticorrupción por las denuncias que ella hizo por el manejo de Castellanos de un caso criminal”.

El gobierno de Joe Biden también ha tenido palabras para Omar Barrios, el abogado que amenazó a Laparra y quien, según la denuncia de la exfiscal, recibió información de Castellanos de forma indebida. “Presidente de la junta de directores de la comisión nacional de puertos, (Barrios) debilitó procesos e instituciones democráticas al conspirar para intimidar y acosas a una fiscal anticorrupción que denunció actividades de corrupción”. A principios de este año, cuando Bernardo Arévalo asumió como nuevo presidente de Guatemala, Barrios renunció a su cargo en la comisión portuaria.

La mayoría de los funcionarios y abogados que han perseguido y acusado a Virginia Laparra han sido mencionados como corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos: además de Castellanos y Barrios estén en esas listas los fiscales que ordenaron las investigaciones penales a la exfiscal y los querellantes de la Fundación contra el Terrorismo que se adhirieron al acoso.

A Castellanos, al final, el MP guatemalteco no lo investigó por las denuncias de Laparra.

En Guatemala hay decenas de rostros que representan a quienes han sufrido persecución judicial y política por investigar y denunciar corrupción de los poderosos. En la lista hay operadores de justicia, líderes indígenas y periodistas, entre otros. Decenas de ellos están exiliados. Otros, como el periodista José Rubén Zamora, siguen presos. El de Virginia Laparra se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles.

Hasta 2018, Laparra fue una de las fiscales que formó parte de FECI, la fiscalía especial desde la que un renovado MP, apoyada por CICIG, fue punta de lanza en una revolución de la investigación criminal en Guatemala. Agobiada por la presencia de los grandes carteles de la droga que buscaban abrir plazas en el país, por un sistema judicial ineficiente y corrupto y por una policía acusada de exterminio, el gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas apoyo para reformar la justicia; este llegó en forma de una comisión internacional.

Mientras la CICIG estuvo en el país, entre 2007 y 2018, Guatemala procesó y metió en la cárcel a criminales de guerra, a grandes empresarios corruptos, a presidentes y expresidentes del país, a ministros y a capos del narco. CICIG y FECI patearon muchos callos. En 2018, el entonces presidente del país, el comediante Jimmy Morales, él mismo investigado por el MP que dirigía la fiscal Thelma Aldana, renegó de CICIG, desconoció el convenio internacional que le dio vida y terminó expulsando del país al jefe de la comisión, el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Tras Velásquez se fueron la mayoría de los funcionarios e investigadores internacionales que, por el acuerdo inicial entre el gobierno de Guatemala y la ONU, siempre gozaron de inmunidad. Atrás quedaron los fiscales e investigadores locales, como Virginia Laparra, que se convirtieron en los objetivos primarios de los funcionarios que, tras la expulsión de CICIG, emprendieron un proceso de recuperación del Ministerio Público que la fiscal general Consuelo Porras empezó a dirigir en 2018.

Virginia Laparra está libre a pesar de los dos procesos judiciales abiertos contra ella y de sendas condenas. No puede ejercer su profesión ni ser funcionaria pública. Sus acusadores, a pesar del repudio internacional y el del gobierno actual, también están libres; a ellos nadie los acosa ni los investiga.