Se aprobó la reforma tributaria en Brasil: 27,1 % de IVA, carne en la canasta básica y medicinas gratuitas

Después de más de dos meses de discusiones, la Cámara de Diputados, con 336 votos a favor y 142 en contra, aprobó ayer el primer proyecto que regula la reforma fiscal. El ponente fue el diputado del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, Reginaldo Lopes. La nueva reforma fiscal, que entrará definitivamente en vigor en 2033 con una fase de transición a partir de 2026, fue elaborada con la idea de racionalizar el complejo sistema tributario brasileño, que hasta ahora incluía una red de múltiples impuestos municipales, regionales y estatales.

Sin embargo, también esta nueva reforma fiscal se ha convertido en su fase preparatoria en un auténtico rompecabezas en el que cada uno de los principales lobbies del país ha tratado de arrebatar el mayor número posible de exenciones. La única certeza es que el texto final del reglamento de esta reforma repercutirá en los próximos años en el consumo de los brasileños y en la economía nacional, empezando por la introducción, por primera vez en la historia del país, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será el más alto del mundo, del 27,1%.

En la arquitectura de la nueva reforma, algunas cuestiones han encendido el debate. En primer lugar, la inclusión en la canasta básica de la carne, que goza actualmente de una desgravación del 60% en la canasta básica. La propuesta inicial era eliminarla y sustituirla por un uso mucho más amplio del cashback para los hogares más pobres, es decir, la devolución de impuestos tras la compra. Para muchos tributaristas, era una buena solución. “Devolver los impuestos a los más pobres puede ser un excelente mecanismo para reducir la desigualdad y llegar a unos 73 millones de personas”, declaró al diario O Globo Eduardo Salusse, investigador del Centro de Estudios Fiscales de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Sin embargo, muchos han señalado también que el problema de las familias más pobres es llegar al cashback, es decir, tener poder adquisitivo para la carne. Por eso, el Ministerio de Economía está pensando ahora en una tarjeta de crédito sólo para el cashback. La propuesta prevé la devolución de impuestos a los pobres sobre el valor de la factura de la luz. Lo paradójico es que la prensa brasileña ha denunciado en los últimos días cómo una operación comercial realizada por los hermanos Joesley y Wesley Batista para comprar centrales eléctricas en el estado de Amazonas con el apoyo del gobierno recaerá en la factura de la luz de los contribuyentes durante al menos 20 años. En resumen, por un lado, se devuelve a muchos, por otro se quita a todos. Al final, prevaleció la idea de incluir la carne, junto con la proteína animal, en la canasta básica, como también venía reclamando desde hace días la Asociación Brasileña de Supermercados (Abras), porque “la tributación que puede promover la justicia social debe ser sobre la renta y no sobre el consumo”.

También hay muchos cambios en el frente sanitario que tendrán un gran impacto en el futuro. En primer lugar, la reforma contempla por primera vez también la salud de los animales de compañía en un país como Brasil, considerado entre los más pet-friendly del mundo. Su seguro médico disfrutará de una reducción fiscal del 30%. En cuanto a los medicamentos humanos, 383 gozarán de una reducción total de impuestos, mientras que el resto tendrá garantizada una tasa reducida. Más problemática es la situación de la sanidad privada, que hoy contribuye en no poca medida a aligerar la carga del frágil sistema sanitario público, el llamado SUS. Hasta ahora, gracias a las exenciones fiscales, las empresas brasileñas siempre han ofrecido un seguro médico como parte de los beneficios contractuales de los empleados. El plan colectivo de empresas para el seguro médico cuenta actualmente con el 71% de los beneficiarios, es decir, 36 millones de personas, según los datos más recientes de la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS). Se trata de una cifra gigantesca que, de eliminarse o sólo reducirse, tendría un impacto devastador en el sistema público. De hecho, el texto de la propuesta establece que las empresas privadas no podrán beneficiarse del crédito fiscal que se genera cuando contratan un seguro médico privado para sus empleados. El riesgo, entonces, es que las empresas dejen de ofrecer este beneficio.

El llamado “impuesto del pecado”, es decir, los recargos sobre los productos considerados nocivos para la salud y el medio ambiente, como los refrescos, el alcohol y los cigarrillos, también ha creado polémica. Las armas y municiones quedan extrañamente fuera, ya que el lobby armamentístico en el Parlamento es muy fuerte. El sector más crítico es el del automóvil. La nueva reforma también incluye los coches eléctricos en el impuesto sobre el pecado, en total contraste con las políticas ecológicas de la agenda del gobierno. La medida también perjudica al sector chino de los coches eléctricos, que el gobierno también apoya. Probablemente detrás de ello está el miedo de la industria nacional a la competencia de Pekín, que hasta ahora está devorando el mercado brasileño. China se ve favorecida, sin embargo, por otra medida incluida en el proyecto de ley. Las empresas de montaje de vehículos situadas en las regiones menos desarrolladas del nordeste del país, donde tienen su sede compañías extranjeras como la china BYD o la ítalo-francesa Stellantis, pagarán la mitad de impuestos que las del sur. El cambio fue propuesto por el grupo denominado G7 en la Cámara de Diputados, formado por seis diputados del Nordeste y uno de Minas Gerais.

Y si la nueva reforma fiscal simplifica de hecho el complejo sistema tributario brasileño, el hambre de recaudación del gobierno es evidente, sobre todo por el agujero en el gasto público, que con los 138,3 billones de reales (25,5 billones de dólares) de mayo alcanzó una de las cifras más altas de los últimos años. Los primeros perjudicados serán los trabajadores más frágiles, los conductores de aplicaciones. Se trata de 1,5 millones de microempresarios, según el primer censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dedicado a ellos en 2023. Con la reforma, a la categoría, que actualmente tiene una exención municipal en el impuesto sobre los servicios, se gravarán los ingresos a través de dos nuevos impuestos: el impuesto sobre bienes y servicios (IBS) y la contribución sobre bienes y servicios (CBS). En total, la categoría tendrá que pagar un impuesto estimado del 26,5% sobre los ingresos brutos, que por tanto incluye también los gastos de mantenimiento, gasolina e impuestos del coche.

Varios conductores de aplicaciones dijeron a Infobae que dejarán este trabajo porque sus ingresos netos se verán afectados. La Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología (Amobitec), que representa a las aplicaciones de transporte, también está preocupada “porque esta medida tendrá un impacto negativo tanto en los trabajadores como en el precio final para el consumidor”. Es importante recordar que en una sociedad tan desigual en términos de renta como la brasileña, estas aplicaciones han permitido a muchas familias construir una renta decente a la que en la mayoría de los casos no habrían tenido acceso con su nivel de educación. Además, en el deficiente sistema de transporte público, sobre todo en las metrópolis, estas aplicaciones han democratizado el transporte, permitiendo que incluso personas de bajos ingresos puedan desplazarse en coche desde zonas periféricas.

Según la propuesta, el sector de la vivienda también corre el riesgo de ver huir a los compradores de casas, porque el impuesto sobre la compraventa, el llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Inmobiliarias (ITBI), que hasta ahora sólo se cobraba una vez que la compraventa había tenido lugar y el inmueble se había inscrito en los registros públicos, pasará a pagarse por adelantado en el momento en que se formalice el contrato. Esta medida es objeto de numerosas críticas por parte de expertos fiscales, que ven un alto riesgo de judicialización, ya que la medida entra en conflicto con el Código Civil y también con algunas sentencias del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El siguiente paso para este proyecto de ley es que el Senado lo analice en agosto. Si los senadores van a introducir cambios en el texto, el mismo volverá a la Cámara para una nueva votación, que dará la última palabra sobre la reforma. Después, faltará sólo la firma del Presidente Lula.