El nuevo presidente electo para el Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ha sido abogado de narcos y de figuras políticas. Su designación ha generado preocupación en la opinión pública ecuatoriana, sobre todo por las irregularidades en su elección y porque, de ser posesionado por la Legislatura, Godoy deberá liderar el concurso de elección de jueces nacionales, que ahora está en marcha. Dicho concurso es apetecido por algunas figuras pues esos magistrados deberán revisar, en la instancia de casación, casos emblemáticos, como aquel que resultó en la sentencia de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y de varios funcionarios de su administración.
El Consejo de la Judicatura de Ecuador es el órgano encargado de la administración de justicia, incluyendo la designación y evaluación de jueces y fiscales. Su pleno está conformado por vocales que representan a las distintas funciones del Estado. Godoy presidirá ese órgano.
Godoy es abogado por la Universidad Central del Ecuador y ha ocupado diversos cargos públicos. Entre sus roles anteriores se incluyen posiciones en la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral, así como la Unidad de Análisis Financiero. También fue procurador de la estatal petrolera Petroecuador y fungió como Director de Investigación de Actos de Corrupción durante el gobierno de Lenín Moreno.
El seleccionado presidente de la Judicatura ha representado a figuras controversiales. Fue el abogado de los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, involucrados en una organización delictiva que traficaba estupefacientes hacia Centroamérica y México, con conexiones directas con el Cártel de Sinaloa. Eduardo Larrea, alias “Dante”, fue procesado por delincuencia organizada, mientras que Juan Pablo Larrea fue detenido en Belice con una carga de 1.371 kilogramos de cocaína, según una investigación de La Defensa. Eduardo Larrea fue director general de aviación durante el gobierno de Rafael Correa.
Godoy ha defendido a Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa y expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPPCS), quien fue sancionado por recibir el auspicio del correísmo en su campaña con una multa y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años. Godoy también patrocinó a Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, en un recurso judicial que resultó en la anulación de una resolución que invalidaba unas elecciones internas del movimiento indígena, según publicó El Comercio.
El proceso de selección de Godoy estuvo marcado por controversias. Fue designado un día después de que inicialmente se eligiera a otra persona, la académica Dunia Martínez, para el cargo. Asimismo, durante el proceso de impugnaciones sucedido a inicios de este mes, las objeciones contra su nombramiento no se escucharon porque los impugnantes no asistieron a la audiencia, lo que llevó a que las objeciones fueran archivadas.
Aunque se supone que es apolítico, el Consejo de Participación Ciudadana –órgano encargado de designar a las autoridades de control– siempre está acechado por los intereses partidarios de los movimientos y figuras del marco político ecuatoriano. La designación de Godoy fue aprobada con votos de consejeros como Augusto Verduga, afín al correísmo y quien incluso suspendió su licencia de paternidad para estar en la sesión en la que, según indicaron algunos expertos, no podía votar, pues Verduga no participó en la elección de Martínez, por lo que su voto no podía ser contado en la reconsideración de dicha elección. Actualmente, Verduga y otros consejeros han sido denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral porque sus candidaturas fueron promovidas por el partido de Rafael Correa. Si el tribunal los sanciona, podría destituirlos del cargo.
De ser posesionado por la Asamblea Nacional, Godoy estará en el cargo durante seis meses aproximadamente, pues solamente completará el periodo inconcluso de los titulares de la Judicatura, uno de ellos Wilman Terán uno de los procesados en el caso Metástasis, que destapó la corrupción judicial y el vínculo con el narcotráfico. Godoy es, según escribió el periodista Roberto Aguilar, “hombre del círculo de confianza de Maribel Barreno, la cómplice de Wilman Terán e integrante de la Judicatura con suspensión temporal mientras afronta un proceso penal por obstrucción de la justicia”. El portal La Historia también reveló que Godoy “fue parte y accionista hasta enero pasado de Invictus Law Group, firma de abogados de su pareja Dolores Vintimilla, defensora de la ex Vocal de la Judicatura, Maribel Barreno en el caso Independencia Judicial”.
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