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La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, respondió enérgicamente –aunque sin nombrarlos directamente– a las acusaciones del correísmo sobre su embarazo y ha criticado la solicitud de evaluar su estado de salud, calificándola como una intromisión en su privacidad. Esa solicitud fue ingresada al Consejo de Administración Legislativo (CAL) del congreso de Ecuador por la legisladora Gisella Garzón, de la bancada afín al ex presidente y prófugo, Rafael Correa.
La tarde de este 11 de julio, diario Expreso indicó que el CAL negó el pedido de Garzón de fiscalizar el embarazo de Diana Salazar. Según El Universo, el pedido consistía en evaluaciones trimestrales a Salazar. Garzón indicó en X que la solicitud “era conocer cuál es el seguimiento que dicho órgano implementará para que la capacidad de fiscalización que tenemos como legislatura no se vea mermada. Lo íntimo, incluido el estado de salud de todo funcionario, no nos compete ni se ha mencionado en ningún documento firmado por mi persona”.
En mayo, el anuncio de Salazar sobre su embarazo instó a que las autoridades suspendieran el juicio político que la bancada correísta impulsaba en su contra. Esto porque el estado de gestación de Salazar es de alto riesgo.
Salazar, en su comunicado de este jueves, rechazó las “infamias” difundidas por los militantes de la Revolución Ciudadana –el movimiento de Rafael Correa, quienes, según ella, buscan desacreditarla y afectar su vida personal: “Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que –con tal de conseguir impunidad– han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana”, expresó Salazar en su declaración.
La fiscal general defendió su decisión de informar sobre su embarazo al Consejo de Administración Legislativo (CAL) de la Asamblea Nacional, adjuntando el certificado médico que lo avala: “Voy a dejar claro que –por respeto a la Ley–, cuando informé al CAL de la Asamblea Nacional sobre mi embarazo, lo hice adjuntando el respectivo certificado médico, validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), porque no tengo nada que ocultar y porque eso era lo correcto por hacer”, puntualizó.
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Desde que Salazar anunció su embarazo, figuras políticas afines al socialismo del siglo XXI han puesto en duda el estado de la fiscal. La ex candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, calificó al anuncio de Salazar como un “show” y dijo que “un día y muy cercano la verdad de tanta corruptela saldrá a la luz”. Asimismo, militantes y simpatizantes de ese partido dijeron que la fiscal debería renunciar a su cargo y dedicarse al embarazo.
Esta mañana Rafael Correa publicó en X un mensaje poniendo en duda la veracidad del embarazo de Salazar: “En Ecuador se miente con descaro y se aceptan las más grandes barbaridades: influjos psíquicos, cuadernos escritos en vuelos de 30 minutos, escandalosas «impericias». Si la fiscal tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió licencia en la Fiscalía? La «sapada» criolla”. Horas más tarde compartió una captura de pantalla del Código Penal ecuatoriano en lo referente a falsificación de documentos y resaltó las palabras “certificados médicos”.
La solicitud para evaluar trimestralmente el estado de salud de Salazar, promovida por sus detractores, ha sido entendida por la fiscal como una maniobra para presionarla y desacreditar su gestión. La fiscal general subrayó que la divulgación de información sobre su embarazo viola diversas normativas que protegen la privacidad y la confidencialidad de los datos personales. Citó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley Orgánica de Salud, la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, y el Código Orgánico Integral Penal, como regulaciones que garantizan la confidencialidad de la información clínica y los datos personales.
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Salazar emplazó a sus opositores y señaló: “Para que no les queden dudas, ahora yo reto a todos los mentirosos e inescrupulosos, a quienes mi presencia y mi trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado les han sido tan estorbosos, a que propongan tres médicos para que sean esos profesionales de la salud quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda (porque eso es lo que son) es una vil mentira”. En la misma comunicación, la fiscal indicó que: “Mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia”.
El comunicado concluye con una firme advertencia de Salazar hacia sus detractores, indicando que acudirá a la justicia para defender sus derechos y proteger su privacidad y la de su familia: “A todos los mentirosos, les dejo claro que iniciaré las acciones legales pertinentes, porque no voy a permitir que se sigan metiendo con lo más sagrado que hay en mi vida: mi familia”, finalizó.
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