Cómo es la guerra sin cuartel de la fiscal general de Guatemala contra el presidente Bernardo Arévalo

Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, está enfrascada en una cruzada política contra el presidente Bernardo Arévalo, el catedrático de centro izquierda que juró como jefe del Ejecutivo guatemalteco en enero de este año y desde entonces ha visto desfilar acciones jurídicas promovidas por el Ministerio Público, incluidas dos peticiones para que se le retire la inmunidad. La acción más reciente, ordenada por Porras a instancias de un grupo ultraconservador, es una petición de antejuicio, la tercera que enfrenta Arévalo desde que ganó las elecciones en agosto de 2023, esta por un caso de supuestos nombramientos ilegales de funcionarios.

La mayoría de los casos abiertos por el Ministerio Público (MP) de Porras contra Arévalo u otros funcionarios del Ejecutivo, incluida la vicepresidenta Karin Herrera, están basados en denuncias promovidas por adversarios políticos del presidente que son tramitadas de forma expedita por la fiscal general. Entre los principales acusadores de Arévalo está la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha financiada por entidades privadas y liderada por Ricardo Méndez Ruiz, un empresario que en su día fue investigado por posibles nexos con el tráfico de metanfetaminas en Guatemala.

La estrategia jurídica del MP en contra de Arévalo es la misma que Porras y la Fundación de Méndez Ruiz han seguido en otros casos abiertos a periodistas, fiscales, jueces y defensores de derechos humanos que han investigado o denunciado a la fiscal general y a sus aliados políticos por casos de corrupción y otros crímenes, entre ellos Alejandro Giammattei, el médico que precedió a Arévalo en la presidencia guatemalteca.

Ese guion suele iniciar cuando la Fundación contra el Terrorismo presenta una denuncia penal en el MP que luego Porras adelanta sin mayor dilación. En el caso de la denuncia más reciente contra Arévalo, que la FCT interpuso en marzo pasado, ya el caso se encuentra en un juzgado de primera instancia, acompañado de la petición de levantamiento de inmunidad de acuerdo con un recuento publicado por El Periódico; es un periodo inusualmente breve en el estándar de la justicia guatemalteca.

En otro caso, presentado a inicios de este año, la FCT de Méndez Ruiz solicitó el retiro de la inmunidad de Arévalo para que responda por supuesto abuso de autoridad. Fue, esta, una movida de la Fundación para proteger a la fiscal Porras ante reiteradas peticiones hechas por el presidente para que la funcionaria interponga su renuncia; eso, según el jefe del FCT, es abuso de autoridad y obstrucción de justicia. En esa denuncia, Méndez también dijo que Arévalo recibía presiones internacionales para destituir a la fiscal general.

Lo cierto es que la destitución de Consuelo Porras ha estado en la agenda de Arévalo desde que era presidente electo. Y lo cierto es, también, que la fiscal general intentó por todos los medios a su alcance, con procesos y denuncias como los impulsados por la FCT, que Arévalo no jurara como presidente en enero. Y que, en su afán por deshacerse de la fiscal general, el presidente de Guatemala cuenta con el espaldarazo de buena parte de la comunidad internacional, Washington y la Unión Europea incluidos.

La credibilidad de Porras, la FCT y Méndez Ruiz de la FCT, más allá de los círculos políticos a los que representan, es escasa, pero su poder real parece ilimitado.

Entre mayo de 2022 y julio de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Porras, a Méndez Ruiz y media docena de lugartenientes de la fiscal general en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. De ellos dijo la diplomacia estadounidense que actuaban para favorecer de forma inadecuada a cómplices políticos, que entorpecían la aplicación de justicia y que utilizaban al Estado de Guatemala para encubrir casos de corrupción atribuidos a empresarios y funcionarios poderosos.

El Órgano Judicial de Guatemala, permeado desde hace décadas por actores corruptos, se cuenta entre los principales aliados de Porras y la Fundaterror, como en Guatemala se conoce a la fundación de Méndez Ruiz. Esenciales han sido, en el guion de guerra contra el presidente Arévalo, jueces también señalados por Estados Unidos de corrupción, como Jimmy Brenner y Fredy Orellana. Todos ellos, Méndez y los jueces, también han sido señalados de corruptos por el Departamento de Estado en Washington, y a la mayoría la Unión Europea les ha prohibido la entrada a los países miembros.

Consuelo Porras fue elegida fiscal general en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales. Eran, aquellos, los últimos días de una revolución judicial que había iniciado años antes con la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una especie de fiscalía supranacional apoyada por Naciones Unidas e instalada 10 años antes para apoyar al MP con casos de gran corrupción y de crimen organizado. Porras y Morales pusieron punto final a aquella revolución.

Porres fue reelegida en el cargo en 2022. La volvió a nombrar fiscal general y jefa del Ministerio Público Alejandro Giammattei, el médico que había jurado en 2020 como sucesor de Jimmy Morales.

De la mano del nuevo mandatario, Porras revirtió las reformas que permitieron investigaciones inéditas en los años de CICIG y sentó las bases para, como ha dicho el Departamento de Estado en Washington, utilizar la fiscalía como un arma de persecución política que, eventualmente, apuntaría contra Bernardo Arévalo, el sucesor de Giammattei. Si a Arévalo lo persigue sin cuartel, a Giammattei Porras lo protegió con el mismo ahínco.

Porras, de a poco, desmanteló las unidades del MP que habían hecho las investigaciones de gran calado. Su objetivo principal fue, desde el principio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que junto a CICIG había dado los golpes más importantes al crimen organizado y a la corrupción política, incluidos el enjuiciamiento del expresidente Otto Pérez Molina e indagaciones por varios delitos a Morales y Giammattei.

La hora final de aquella FECI llegó cuando Juan Francisco Sandoval, el fiscal que la dirigía, empezó a investigar en serio al presidente Giammattei en los primeros meses de 2021. Entre junio y julio de aquel año se precipitaron eventos en el MP de Consuelo Porras destinados a apartar a Sandoval de la FECI. El objetivo inicial era matar investigaciones al poder político, como una abierta por denuncias de que Giammattei había recibido sobornos millonarios de mineros rusos y kazajos que pretendían ampliar sus operaciones en Guatemala.

“Hubo coincidencia temporal en varias cosas. Por esas fechas se pidió información (sobre la investigación a los rusos) y pudo desde ahí llegarle alguna información al presidente de la república”, dice Sandoval, el exjefe de la FECI, con quien Infobae ha conversado sobre este y otros casos que motivaron que la fiscal Porras lo despidiera y lo orillara al exilio para, luego, pedir cuatro órdenes de captura contra él.

Por esas fechas también se estaba moviendo, en la Agencia 8 de la FECI, el caso de 123 millones de quetzales (unos USD 16 millones) encontrados en una casa de la Antigua Guatemala, la excapital colonial. Las investigaciones habían vinculado ese dinero con José Luis Benito, ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Jimmy Morales. En febrero de 2022, un testigo había declarado que Benito dio un soborno a Giammattei a cambio de que este lo mantuviera en el puesto de ministro al asumir la presidencia del país.

El MP de Porras terminaría obrando para que Benito quedara en libertad mientras arreciaba su persecución a Sandoval y a otros operadores de justicia, entre jueces e investigadores que trabajaron en casos que implicaban a Giammattei y a sus socios políticos. En varios de esos casos también participó la Fundaterror de Ricardo Méndez Ruiz, otro de los acosadores del actual presidente.

“Al presidente (Giammattei) le habían informado que la FECI estaba ahondando en el posible involucramiento del Ejecutivo en la recepción de fondos de algunas constructoras”, asegura Sandoval. Agrega: “Pudo haber sido por cualquiera de los dos hechos -Benito o los rusos- que el presidente se enteró de que algo estábamos investigando”.

En junio de 2021, la fiscal general Porras decidió tomar control de la FECI y acabar de una vez por todas con las investigaciones que pudiesen involucrar a Giammattei. Después de eso llegó la arremetida final de Consuelo Porras. El 21 de julio fue el “jaque mate”, en palabras de Sandoval. La fiscal general pidió al jefe de FECI que entregara a la fiscal Cinthia Monterroso todos los expedientes de la Agencia 8 de la fiscalía especial. Sandoval fue destituido y tuvo que irse al exilio en Washington, DC, donde aún vive.

El 3 de agosto de 2021, Consuelo Porras nombró sustituto de Sandoval al frente de la FECI a Rafael Curruchiche, un fiscal que había alcanzado el ojo público por dirigir durante un tiempo una investigación por financiamiento electoral ilícito al expresidente Jimmy Morales. Aquella investigación no avanzó y el nombre de Curruchiche dejó de sonar hasta que su jefa lo llevó a la FECI.

Unas semanas después de ser nombrado, el 25 de agosto, Curruchiche envió un oficio a todas las agencias que conforman la FECI para inquirir si había investigaciones abiertas por un soborno a Giammattei. “Informe si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada con la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”, dice el oficio. Curruchiche, a juzgar por lo actuado después, no preguntó para seguir con las pesquisas, sino para enterrarlas. En el MP no se volvió a hablar de los sobornos entregados por los mineros rusos.

Curruchiche también ha sido punta de lanza en las investigaciones abiertas al presidente Bernardo Arévalo. Fue él, el nuevo jefe de FECI, quien apareció ante los medios y en vídeos justificando, por ejemplo, allanamientos a la autoridad electoral guatemalteca tras el triunfo de Arévalo en las elecciones presidenciales; y fue también Curruchiche el que lideró la carga en un caso abierto por la inscripción de Semilla, el partido de Arévalo, por el que también hay un proceso de antejuicio pendiente.

La guerra con Consuelo Porras, la fiscal general, ha ocupado buena parte de los cinco meses que Bernardo Arévalo lleva como presidente de Guatemala. Por ahora, a juzgar por los expedientes que se mueven en los tribunales y altas cortes guatemaltecas, es Porras quien lleva ventaja. El mandatario, sin embargo, ha contraatacado.

Lo primero fue la gestión diplomática. En su primer viaje a Washington como presidente electo, a finales de 2023, el asunto de Porras fue uno de los más importantes en las conversaciones con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, según el mismo Arévalo lo admitió entonces en una ronda con periodistas.

Cuando, en la previa de la juramentación programada para enero de 2024, los opositores a que Arévalo asumiera arreciaron los ataques a través del MP de Porras, decenas de miles de guatemaltecos se fueron a la calle a protestar por la corrupción de la fiscal general y a exigir que se permitiera la instalación del nuevo presidente. Porras reculó y mantuvo perfil bajo luego de que decenas de aquellos manifestantes acamparan frente al edificio principal del MP en el centro de la Ciudad de Guatemala.

El 18 de enero, tres días después de su juramentación, Arévalo anunció que pediría la renuncia a Porras. La ley, sin embargo, lo limita: el presidente de la república no tiene facultades legales para remover por su cuenta a la fiscal general. El siguiente paso fue, entonces, solicitar al Congreso una reforma legal que le permita deshacerse de Porras; Arévalo, sin embargo, no cuenta con mayoría en el Legislativo y los votos de los partidos conservadores y de quienes fueron aliados de los presidentes investigados por corrupción son suficientes para bloquear la reforma.

En febrero, el presidente denunció a la fiscal por “incumplimiento de deberes”, pero el tribunal competente ha estancado el caso.

Cuando, el 6 de mayo pasado, Arévalo pidió al Congreso la reforma para destituir a Porras, la fiscal general se había adelantado: horas antes, la funcionaria interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que “ordene al presidente de la república que se abstenga de adoptar medidas políticas, financieras o presupuestarias a través de las cuales pretenda tomar el control del Ministerio Público”.

Por ahora, Arévalo parece de manos atadas. Porras, por su parte, continúa dando señales de que no está dispuesta a ceder y de que no se irá del MP hasta que concluya su periodo en 2026.