El escándalo de la cadena “Lojas Americanas” destapa la caja de pandora de la impunidad de las empresas brasileñas

Un nuevo capítulo del escándalo de la cadena brasileña “Lojas Americanas” o, simplemente, “Americanas”, pone de manifiesto el riesgo de impunidad de las empresas que cometen fraude en Brasil. El 28 de junio, en el marco de la operación de la Policía Federal brasileña denominada “Disclosure”, el ex director general de la empresa, Miguel Gutiérrez, fue detenido por la Interpol en Madrid (España) y puesto en libertad al día siguiente. Se le acusa, junto con otros altos ejecutivos, de un importante fraude contable que causó un agujero estimado en 25.700 millones de reales, 4.549 millones de dólares. El valor es el comunicado por la propia empresa en sus declaraciones oficiales, pero nadie sabe a cuánto asciende realmente. El escándalo estalló en enero de 2023 y fue inmediatamente llamado la versión tropical de la quiebra de Lehman Brothers. En sus más de 3.600 tiendas repartidas por todo Brasil, Americanas vende de todo, desde teléfonos móviles hasta snacks y actúa incluso como un mercado virtual online que garantiza las compras de sus clientes con otros minoristas.

Una ex directora, Anna Christina Ramos Saicali, que figuraba en la lista roja de Interpol y que se encontraba en Portugal desde el 15 de junio, también acabó en la operación “Disclosure”. La semana pasada se entregó a las autoridades en Brasil. También se revocó su detención, pero se le retiró el pasaporte para impedirle salir del país. Si el sucesor de Miguel Gutiérrez, Sérgio Rial, se había limitado a calificar de “inconsistencias contables” los balances amañados de la empresa durante al menos 20 años, el escenario que se desarrolló en el Ministerio Público Federal es el de un grave fraude, que la empresa ya había admitido ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, en junio del año pasado. La CVM es una institución pública que tiene la tarea de regular y fiscalizar el mercado de valores y proteger a los inversores y ha abierto decenas de investigaciones sobre el caso Americanas, incluyendo Rial, después de que él denunciara estas ‘inconsistencias’ en una emisión en directo, sin antes informar oficialmente al mercado.

Para las investigaciones han sido decisivas algunas confesiones de antiguos empleados, como la de Flávia Carneiro, que declaró ante los jueces que, cuando empezó a trabajar para Americanas en 2007, se había dado cuenta de la falsificación de los balances. Aunque había informado del hecho a su jefe, el director de relaciones con los inversores Carlos Padilha, éste le habría respondido que el problema se resolvería en “dosis homeopáticas”. Sin embargo, el fraude no sólo no se detuvo, sino que creció con el tiempo, como una “bola de nieve”, en palabras de Flávia Carneiro.

Aún no se sabe cómo acabará esta historia. Desde luego, es un momento muy importante no sólo para Brasil, sino para la historia de los crímenes de cuello blanco en general. El caso del gigante latinoamericano ha mostrado muchas vulnerabilidades del país, empezando por la indiferencia de la política. La Comisión Parlamentaria de Investigación, creada por el Congreso inmediatamente después del escándalo para investigar el asunto, terminó meses después, en septiembre, sin ninguna acusación.

Muchos esperan que el caso represente al menos un punto de inflexión en Brasil para la creación de nuevas normas para este tipo de delitos, tanto en el seno de las empresas como en relación con la justicia. En otros países casos similares han representado un cambio importante. Basta pensar en el caso Enron, que estalló en Estados Unidos en 2001. En aquel momento, el gigante energético y sus directivos llevaban años falseando los balances financieros. Tras el escándalo, los controles se hicieron más estrictos y el equivalente de la CVM brasileña, la Securities Exchange Commission (SEC), que también acabó bajo acusación por no supervisar adecuadamente, mejoró sus protocolos de control. Además, al año siguiente, la Ley Sarbanes-Oxley determinó que los directivos de las empresas debían responder personalmente de los balances falsificados.

¿Y en Brasil? El sitio de noticias O Bastidor reveló que los abogados de dos antiguos directivos de Americanas “dijeron a los clientes, y confirmaron en privado a O Bastidor, que la relativa complejidad técnica del fraude y la tradición brasileña de ignorar los delitos empresariales jugaban en contra de las investigaciones. Por no hablar de la fortaleza económica del trío Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles. Uno de los ex ejecutivos llegó al despacho del abogado dispuesto incluso a confesar ante los magistrados. Salió de allí convencido de que gastará mucho dinero en multas en la CVM y, por supuesto, con sus abogados. ‘Si ni Samarco ni los ejecutivos de Braskem han caído, mucho menos quien es sospechoso de ignorar los principios contables’, dijo uno de los abogados”, escribe O Bastidor.

Los principales accionistas de Americanas son los multimillonarios más ricos del país, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, que sólo en 2022 se embolsaron en dividendos unos 100,3 millones de reales, unos 17,7 millones de dólares. Lemann es mundialmente conocido por ser el propietario de Ambev, el mayor productor de cerveza de América Latina. Es el 79º hombre más rico del mundo según el Bloomberg Billionaires Index, con un patrimonio neto estimado de 23.100 millones de dólares (en 2017 eran 32.000 millones). Sólo él perdió en el caso Americanas 329 millones de dólares. Esta es quizá una de las razones por las que Lemann y sus otros dos colegas decidieron no inyectar más capital y acudir a la recuperación judicial, que se obtuvo en febrero 2023. Se trata de la cuarta mayor recuperación judicial de la historia del país después de Odebrecht, Oi y Samarco. Los tres no se mencionan en los documentos de la operación. El magistrado escribe que los accionistas fueron engañados “porque no se les mostraron los valores reales de las transacciones”. Aunque eran miembros del consejo de administración de la empresa, según el fiscal, “no participaron en el proceso del cierre contable”.

Era desde Lava Jato que Brasil no destapaba una caja de Pandora de estas proporciones. Sólo que en aquel caso era la perversa combinación de corrupción empresarial y política la que estaba bajo acusación. En el caso de Americanas se trata de un mero escándalo empresarial. Sin embargo, es importante recordar el impacto social de este fraude. Más de 5.000 trabajadores perdieron su empleo y miles de accionistas minoritarios muy probablemente no verán devuelto ni un céntimo porqué en Brasil para este tipo de inversores no hay protección. “Es cero. Desgraciadamente, es un problema histórico que Brasil lleva décadas intentando resolver sin éxito”, declaró André Camargo, profesor del Insper y abogado especializado en gobernanza corporativa, al sitio de noticias empresariales Money Times. Sin embargo, se está debatiendo en el Congreso un proyecto de ley, el 2925/2023, que se redactó a raíz del escándalo de Americanas y que podría representar un avance legislativo porque crea protección para los pequeños inversores. Según el texto, de hecho, incluso los accionistas minoritarios pueden unir sus fuerzas y presentar una demanda civil contra una empresa y sus directivos sin tener que esperar a que finalice una investigación en curso.

El escenario que plantea el escándalo de Americanas es el de grandes empresas que al final quedan impunes o utilizan la política en su propio beneficio. Así se vio con Samarco, de la que es accionista el gigante minero Vale, protagonista en 2015 del desastre de Mariana, en el estado de Minas Gerais, la mayor tragedia ambiental de Brasil por la rotura de una presa. No sólo ningún ejecutivo acabó en la cárcel, sino que después de diez años todavía se debate el valor de las indemnizaciones, hasta el punto de que un grupo de víctimas intentó incluso demandar a los tribunales británicos. Además, en los últimos días la prensa brasileña ha criticado duramente el creciente espacio que el gobierno está dando a los hermanos Joesley y Wesley Batista, propietarios de J&F Investimentos, que incluye a gigantes como JBS. Los Batista, ya protagonistas del escándalo Lava Jato, no sólo obtuvieron un descuento de 6.800 millones de reales (1.201,2 millones de dólares) en 2023 sobre la multa de 10.300 millones de reales (1.820,3 millones de dólares) a pagar como parte del acuerdo con los magistrados. Pero con el nuevo gobierno han acumulado una serie de victorias que recaerán en parte sobre los ciudadanos brasileños. Es el caso, por ejemplo, de la compra por parte de su empresa mbar Energia de 12 centrales térmicas de Eletrobras, en la región amazónica, gestionadas por la distribuidora Amazonas Energia, que tiene una deuda acumulada de 9.000 millones de reales (1.590,6 millones de dólares) que aumenta en 150 millones de reales (26,5 millones de dólares) cada mes. En venta desde 2023 debido a esta desastrosa situación de endeudamiento, nadie se ha presentado excepto los Batistas, fotografiados recientemente en una reunión en el palacio presidencial de Planalto con Lula.

La prensa brasileña descubrió, sin embargo, que sólo dos días después de su compra, el gobierno aprobó una medida provisional que cargaba de hecho la deuda mensual de 150 millones de reales de la empresa en las facturas de los brasileños. Además, como escribe Malu Gaspar en el diario O Globo, “el acuerdo de compra estipula que si mbar también compra Amazonas Energia, podrá transformar la deuda de 9.000 millones de reales en una acción de Eletrobras. Esto le da ventaja para quedarse con la distribuidora, ya libre de deudas, y dominar el suministro de energía en el norte del país”. Además, en diciembre de 2023, los hermanos Batista firmaron un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía para intermediar en la venta de energía de Venezuela al estado brasileño de Roraima. Un acuerdo que debía permanecer en secreto, pero que al ser revelado obligó al gobierno a incluir a más empresas en la mediación.

Para las empresas que se mantienen al margen de la política y de los trucos presupuestarios, la vida es cada vez más difícil en Brasil. Según datos de Serasa Experian, en 2023, el número de solicitudes de reorganización judicial en Brasil aumentó un 68,7%, en comparación con 2022, con 1.405 empresas que recurrieron a la liquidación judicial. En 2024, de enero a mayo, ya hubo 837 solicitudes. La última que fue noticia fue la de “Casa do Pão de Queijo”, una famosa marca brasileña que comercializaba uno de los productos típicos del país, el pan de queso. También fue una de las redes de cafeterías más famosas, que creció gracias a grandes eventos como el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Después, la pandemia y las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul la pusieron de rodillas, hasta el punto de declarar un pasivo de 57,5 millones de reales (10,2 millones de dólares) en el proceso de liquidación judicial.