Los principales sindicatos de Bolivia exigieron una reestructuración de las FFAA tras el levantamiento militar

La Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia han reclamado acciones por parte del gobierno frente al supuesto ataque hacia la democracia. Tanto ellos como la ONU buscan una investigación exhaustiva sobre el caso

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Juan Carlos Guarachi, secretario general
Juan Carlos Guarachi, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país (EFE/ Ministerio De La Presidencia De Bolivia)

Tras el levantamiento militar sucedido ayer, dos de las mayores e influyentes agrupaciones de trabajadores de Bolivia reclamaron este jueves una amplia investigación sobre el intento del golpe. También han pedido la reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, ha señalado la necesidad de una reforma de las Fuerzas Armadas ya que no cree que lo ocurrido el día anterior frente a la sede del Gobierno en La Paz haya sido responsabilidad única del general Juan José Zúñiga Macías, Comandante General del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia designado por Luis Arce Catacora, y del vicealmirante Juan Arnez Salvador.

”Reitero, un análisis profundo porque, como piden los compañeros, tiene que haber una reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas”, ha hecho suyas las demandas el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien ha insistido en llevar a cabo una investigación para hallar a todos los responsables.

Varios detenidos por su presunta
Varios detenidos por su presunta participación en el intento fallido de golpe del día anterior presentados ante la prensa en La Paz (AP Foto/Juan Karita)

”Hay que esperar seguramente las investigaciones (...) Nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que se restablezca la paz, la tranquilidad en las familias bolivianas”, ha dicho Huarachi, quien ha rechazado las teorías de que el presidente Luis Arce hubiera orquestado un “autogolpe”.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ha reclamado a las autoridades que investiguen “hasta el último comandante” que está detrás de la intentona golpista, según informa la agencia ABI.

Así, el dirigente de la Csutcb Walter Trujillo ha adelantado que la organización exigirá 30 años de cárcel para los implicados, así como su baja inmediata de las Fuerzas Armadas. “En Bolivia ya no se aceptan dictaduras (...) los campesinos y obreros estamos preparados (...) así que no se equivoquen con el pueblo”, ha dicho.

Por su parte, la ONU también abogó este jueves por una investigación “exhaustiva e imparcial” y pidió “juicios justos” para los detenidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo énfasis en la importancia del rol que tendrán que tomar las autoridades bolivianas, quienes deben garantizar el respeto a los derechos humanos y proteger el orden constitucional.

El vicepresidente de Bolivia, David
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca (EFE/Luis Gandarillas)

Según el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, urge una investigación internacional del supuesto golpe, ya que el sistema en Bolivia no ofrece ninguna garantía de investigación idónea.

Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Bolivia hará una propuesta diplomática ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar ante la justicia a quienes intenten derrocar gobiernos que han sido elegidos democráticamente. “Tenemos el objetivo de proponer ante la OEA, mecanismos para el juzgamiento de personas que propicien golpes de Estado”, comunicó.

Por otro lado, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha acudido a sus redes sociales para agradecer “a toda la población, organizaciones sociales, alcaldes, y a la comunidad internacional por defender la democracia”, pero también para exigir que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de esta intentona.

”La democracia ha prevalecido en Bolivia, pero debemos mantenernos alertas por el bien de nuestro país y de las futuras generaciones”, ha destacado y solicita a la Justicia, tanto ordinaria como militar, juzgar “con todo el rigor de la ley al general Zúñiga y a todos los responsables”.

Hasta el momento, al menos 17 militares han sido detenidos, entre ellos los ya citados Zúñiga y Arnez Salvador. No obstante, de acuerdo con la investigación preliminar, no habrían sido los únicos en planificar la fallida asonada militar.

(Con información de Europa Press)

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