El ex presidente de Honduras es el último de una larga lista de latinoamericanos condenados en tribunales de Estados Unidos

El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado este miércoles a 45 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por el delito principal de narcotráfico, es el último de una larga serie de dirigentes políticos latinoamericanos que acaban sus días en un tribunal o una cárcel de Estados Unidos -o juzgados en su país tras ser extraditados por Estados Unidos- por delitos relacionados con las drogas o la corrupción.

El primer latinoamericano de alto nivel juzgado en EEUU fue Manuel Antonio Noriega -dictador de Panamá entre 1983 y 1989-, que en 1992 fue condenado a 40 años de cárcel, y tras él vinieron exgobernantes de México, Guatemala, Honduras o Venezuela.

En esta lista no figuran los numerosos ‘capos’ civiles, sin responsabilidades políticas, que también terminaron juzgados en ese país norteamericano, como el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o el colombiano Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, por citar a los más conocidos.

-Manuel Antonio Noriega, militar y “hombre fuerte” de Panamá entre 1983 y 1989. Fue juzgado en Miami y condenado a 40 años, de los que pasó 17 en una prisión de Florida, y posteriormente completó su condena en Francia y en su país.

-Ricardo Martinelli, ex presidente de la República (2009-2014) fue detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 donde ingresó en prisión. Enjuiciado y declarado “no culpable” en 2019 por el caso ‘Escuchas’, la sentencia se anuló al año siguiente y se ordenó repetir el juicio en 2021 tras el cual resultó absuelto.

En 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y una multa de 19,2 millones de dólares por el caso ‘New Business’. Al año siguiente, tras ser declarada en firme la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, país que le concedió asilo, si bien un tribunal panameño ordenó su detención preventiva.

-Los hijos del anterior, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en mayo de 2022 en EEUU a tres años de prisión y dos de libertad vigilada, así como a una multa de 250.000 dólares después de que en diciembre anterior se declararan culpables ante un tribunal de Nueva York por el blanqueo de 28 millones de dólares en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Ambos alcanzaron un pacto con el Gobierno estadounidense para el pago de 19 millones de dólares. Quedaron en libertad por buena conducta el 25 de enero de 2023 y ese mismo día fueron deportados a Panamá.

Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras (2014-22), fue extraditado a EEUU el 21 de abril de 2022, días después de su relevo presidencial. Se le acusó por usar dinero del narco mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para cometer fraude electoral en dos elecciones a cambio de formar parte de una conspiración para transportar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ingresó en la cárcel federal de Brooklyn.

El juicio con jurado se celebró desde el 20 de febrero de 2024, que lo declaró culpable el 8 de marzo de tres cargos de narcotráfico y armas, y terminó este miércoles con su condena a 45 años de prisión en firme y cinco en libertad vigilada.

El mandatario Alfonso Portillo (2000-2004) estuvo encarcelado en Estados Unidos, donde cumplió condena de 70 meses por lavado de dinero tras ser extraditado en 2013.

El 18 de marzo de ese año se declaró culpable de conspiración para lavar dineros procedentes de sobornos por 2,5 millones de dólares del Gobierno de Taiwán y el 22 de mayo se le impuso una condena de cinco años y diez meses de prisión, así como la devolución del dinero recibido. Fue excarcelado el 25 de febrero de 2015 y regresó a su país.

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) y acusado en 2018 de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Dallas en diciembre de 2019, cuando se le acusó de tres cargos de conspirar para traficar con cocaína a EEUU y por falsos testimonios.

El juicio en su contra se celebró entre enero y febrero de 2023. El jurado lo declaró culpable de narcotráfico y corrupción el 21 de ese último mes. La sentencia se ha pospuesto en cuatro ocasiones y ahora se espera para el 9 de octubre de 2024.

Cliver Alcalá Cordones, ex general del Ejército de Venezuela, se entregó a agentes de la DEA en Colombia el 27 de marzo de 2020, un día después de que el Gobierno estadounidense presentara cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros responsables, él entre ellos. EEUU ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares.

Se declaró ′no culpable′ de los cargos que le imputaba un juez de Nueva York. A mitad de 2023 negoció un acuerdo con la Fiscalía a cambio de un trato favorable. El 27 de febrero de 2024 se inició una vista previa a la sentencia en Nueva York, acusado de seis cargos de narcoterrorismo, apoyo al terrorismo, contrabando de cocaína y posesión de armas.

El 8 de abril fue condenado a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con propósitos de narcotráfico.

El caso del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) es distinto a los anteriores porque él no ha sido juzgado en EEUU, pero fue Estados Unidos el que lo extraditó a su país, donde allí fue juzgado por recibir sobornos por más de 30 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Fue en febrero de 2023 cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió su extradición y en abril de ese año fue juzgado en Perú e ingresó en el penal de Barbadillo (Lima) para cumplir prisión preventiva por un periodo de 18 meses.

(Con información de EFE)