Lo que no vio Patricia Bullrich en El Salvador: presos sin pruebas, torturas y más de 300 muertos en cárceles que oculta Bukele

El gobierno salvadoreño reservó a Patricia Bullrich, la ministra de seguridad de Javier Milei, el tratamiento VIP que suele planificar para funcionarios y periodistas internacionales que llegan al país centroamericano interesados en conocer “el milagro Bukele”, como la propaganda oficial ha dado en llamar al plan antidelincuencial del presidente Nayib Bukele. En el centro de la agenda, una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023.

Bullrich visitó El Salvador entre el 17 y el 19 de junio. Su agenda, además de la visita al CECOT, incluyó una reunión con el presidente Bukele y una visita a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), la escuela policial. El objetivo de la visita, había adelantado el ministerio de seguridad argentino y confirmado el vocero presidencial de Milei, Manuel Adomi, era conocer la política salvadoreña de seguridad para luego “seguir el modelo Bukele”.

El presidente salvadoreño, que en febrero fue votado para un segundo periodo a pesar de que la reelección está prohibida en la Constitución del país, ha vendido al mundo su modelo de seguridad pública, que incluye un régimen de excepción que ha restringido derechos constitucionales desde que fue decretado en marzo de 2022; el encarcelamiento de unas 80,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, la mayoría de las cuales no ha enfrentado juicio; procesos penales contra críticos y opositores; y la supresión del acceso a información pública sobre cifras de capturas, muertes carcelarias o gasto público.

Los resultados del modelo son mixtos. Según el gobierno salvadoreño, el encarcelamiento masivo y la construcción de la cárcel de máxima seguridad que visitó Bullrich han sido claves para reducir a las pandillas MS13 y Barrio 18, las organizaciones criminales más importantes del país. Lo cierto es que, tras la llega de Bukele al poder, El Salvador profundizó una baja de homicidios que había iniciado en 2015, cuatro años antes de su gobierno, y que su plan de seguridad disminuyó el poder territorial de las pandillas.

Por otro lado, el modelo Bukele, está manchado por serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos de personas detenidas sin evidencias, hogares allanados sin órdenes judiciales, juicios masivos con limitados derechos de defensa y, lo más grave, decenas de muertes violentas y torturas en el sistema penitenciario salvadoreño, formado por 27 establecimientos además del CECOT.

Este lado oscuro del plan, las muertes carcelarias y las torturas, no lo vio la ministra Patricia Bullrich: el CECOT, la megacárcel de máxima seguridad, es una prisión modelo, limpia, en la que apenas murió un reo desde que Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022 de acuerdo con cifras recopiladas por la no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario, una de las organizaciones que ha contado muertes carcelarias basada en información provista por agentes de inteligencia penitenciaria, fiscales, familiares de reos y personal sanitario.

Las fotos publicadas por el gobierno Bukele de la visita que Bullrich hizo a la cárcel de máxima seguridad dan cuenta de un evento ordenado. Bullrich, acompañada por el ministro de seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, recorrió pasillos limpios flanqueado por celdas llenas de reos que descansan en tres niveles de literas. Todos los presos están vestidos con camisolas y pantalonetas blancas. Buena parte de ellos luce tatuajes alusivos a las pandillas.

Bullrich y Villatoro caminan al centro del pasillo, sonrientes, mientras una fila de policías con armas largas y atuendos antidisturbios está formada frente a los inmensos espacios cubiertos por barrotes que albergan a decenas de presos.

No es un despliegue nuevo. Desde que fue inaugurado en 2023, el CECOT, insignia en la narrativa antipandillas de Bukele, ha recibido la visita de periodistas internacionales y comunicadores nacionales afines con el gobierno. La puesta en escena es la misma: orden, reos sometidos, limpieza y, siempre, el discurso de los funcionarios que utilizan esta cárcel para hablar de los éxitos del bukelismo.

De regreso en Argentina, el ministerio de seguridad que encabeza Bullrich publicó un comunicado en el que destaca lo visto en la cárcel salvadoreña de máxima seguridad. “El CECOT es una pieza clave en la estrategia del gobierno salvadoreño para desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia”, se lee. La ministra, dice el comunicado, destacó “la importancia de contar con centros penitenciarios especializados en la lucha contra el crimen organizado”.

Lejos de la visita, de las fotografías, del impecable CECOT y de los comunicados hay, en El Salvador, un hoyo carcelario en el que han muerto de forma violenta decenas de personas encarceladas sin más pruebas que una llamada anónima o simplemente para llenar cuotas impuestas por el gobierno Bukele y su plan de seguridad.

El Centro Penal La Esperanza es la cárcel más grande del país, y una de las más antiguas. Conocida también como Mariona, por el pueblo vecino, esta prisión sobrepoblada, carcomida durante años por la corrupción y la precariedad, había sido el buque insignia del sistema carcelario salvadoreño.

Desde que inició el régimen de excepción, hace 27 meses, Infobae ha recopilado testimonios de reos y sus familiares que dan cuenta de torturas y muertes violentas en las cárceles de Bukele, sobre todo en Mariona y en Izalco, el otro penal al que han ido a parar buena parte de los detenidos con las medidas extraordinarias. Uno de esos testimonios da cuenta del horror:

Moisés Romero -el nombre se ha cambiado por petición de la fuente para proteger su seguridad- fue detenido en abril de 2022, un mes después de la entrada en vigor del régimen de excepción. Padre de dos menores y empleado de una institución gubernamental, Romero fue acusado de asociaciones ilícitas. A su esposa, el día de la captura, los policías y militares que llegaron le dijeron que un vecino había dado testimonio de que Moisés era miembro de pandillas. La misma noche, los agentes se llevaron a otros cinco hombres de la comunidad en que todos vivían, un barrio popular en las afueras de San Salvador.

La primera parada de Moisés fue en las bartolinas, las carceletas de una delegación policial en el norte de la capital. Ahí estuvo poco más de tres semanas, en un espacio de 3 por 3 metros en el que los policías metían hasta 40 personas.

“Los nuevos que íbamos llegando nos amontonaban a un lado de la bartolina… Solo podíamos estar parados, sin movernos mucho. Ahí la gente hacía sus necesidades, vomitaba… Al principio era más difícil… después uno termina acostumbrado”, cuenta Moisés. Ahí, en la carceleta, este hombre se llenó de hongos y el estómago se le cerró; apenas podía respirar.

Una noche un bus los llegó a traer. Los llevaron a Mariona. El terror que ahí los esperaba, cuenta Moisés, hacía de la bartolina abarrotada un infierno menor.

Dos hileras de custodios carcelarios hacían un pasillo que empezaba muy cerca de la puerta del autobús y terminaba en un patio encementado. Todos los recién llegados pasaban por ese pasillo para recibir macanazos, patadas, gritos de los guardias. “Hijos de puta, mareros (pandilleros) de mierda, hoy si la cagaron cabrones”, son algunos de los alaridos que Moisés recuerda.

La paliza continuaba en el patio. Después, los reos quedaban ahí, parados. A algunos, los más jóvenes, los obligaban a alzar los brazos y a mantenerlos así durante horas.

Cuando finalmente todos eran remitidos a las celdas se encontraban con espacios oscuros y malolientes como las bartolinas. Las palizas hacían que, aquí, las cosas fueran peores: algunos se desmayaban, otros escupían sangre y vómitos. Algunos, cuenta Moisés, se quejaban durante horas sin que custodio alguno llegara a atenderlos. Él, Moisés, vio al menos cómo se llevaron a dos de sus compañeros después de que gritaron y gimieron por horas. Nunca volvieron.

Dice Moisés Romero, que estuvo al menos tres meses en la misma celda a la que llegó, antes de que lo trasladaran a otro sector menos hacinado. Cuenta que cuando el régimen de excepción inició, los buses con reos recién capturados llegaban a diario y que la mayoría de los presos eran jóvenes, algunos de los cuales tenían tatuajes pandilleros.

Después de los primeros meses, cuenta Moisés, empezaron a llegar hombres viejos, hasta de 60 o más, demasiado mayores para ser pandilleros. A ellos también los golpearon. Moisés Romero asegura que vio cómo a uno de los viejos lo golpearon una y otra vez hasta que, ensangrentado y llorando, dijo que sí, que él era lo que ellos le dijeran que era. “Solo quería que dejaran de verguearlo (golpearlo)”, dice.

En Mariona han muerto 60 reos desde abril de 2022 según las cuentas que lleva el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Pero hay un infierno peor: Izalco, otro penal al que han llegado miles de los reos capturados durante el régimen de excepción; aquí han muerto 105 personas, casi cuatro por mes, según el SJH.

Antes del CECOT, la cárcel que visitó Bullrich, el centro penitenciario más utilizado para albergar pandilleros ere, precisamente, el Penal de Izalco, donde llegó a haber 9,000 reos relacionados con la MS13 y el Barrio 18. Cuando construyó el CECOT, el gobierno de Bukele aseguró que ese sería el lugar al que enviaría a los pandilleros y, en efecto, ahí están encarcelados miembros de las dos pandillas, buena parte de ellos ya sentenciados. Los que fueron capturados durante el régimen de excepción, y los miles de ciudadanos que no tienen ningún tipo de antecedente pandillero, han seguido llegando a cárceles como Mariona e Izalco.

Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad de Bukele, compañero de la ministra Patricia Bullrich en el recorrido por la cárcel de máxima seguridad, ha dicho en entrevistas televisivas que las muertes carcelarias están relacionadas con causas naturales, no con violencia. Lo mismo ha repetido Rodolfo Delgado, el fiscal general al que Bukele nombró de forma ilegal en mayo de 2021. Organizaciones internacionales de derechos humanos, gobiernos europeos y americanos y los testimonios de los presos que han logrado salir del sistema desmienten esas versiones.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de 2023, da por válidas las denuncias de víctimas y de organizaciones no gubernamentales como el SJH aunque también deja constancia de la posición del gobierno.

Lo cierto es que la situación real de las muertes carcelarias en El Salvador, la posibilidad de que buena parte de los reos capturados durante el régimen de excepción hayan sido sometidos a torturas y, en general, las condiciones de higiene y salubridad de las prisiones son materias de las que el gobierno de Nayib Bukele no está dispuesto a hablar: su gobierno ha decretado reserva absoluta de esta información, en algunos casos hasta por siete años, alegando motivos de seguridad nacional.

En total, para finales de mayo de 2024 ya habían muerto 300 personas, dice Ingrid Escobar, miembro del Socorro Jurídico Humanitario, quien en mayo estuvo en Washington, DC y en Nueva York en reuniones con congresistas estadounidenses y funcionarios de Naciones Unidas para denunciar las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno Bukele.

“Son centros de tortura y muerte”, dice Escobar al hablar sobre Izalco y las otras cárceles que la ministra Patricia Bullrich no visitó.