La CIDH condenó la persecución en Nicaragua y exigió que se garantice la vida e integridad de todos los presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron este martes su preocupación por la “grave situación” de al menos 128 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega, que se encuentran privados “arbitrariamente de la libertad en Nicaragua”, e instaron a garantizar sus vidas e integridad.

Ambos organismos exigieron a la dictadura sandinista la liberación inmediata a los opositores nicaragüenses encarcelados, quienes, de acuerdo a información que recibió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, se encuentran en “deplorables condiciones de detención”.

Según la CIDH y la RELE, los presos políticos de Nicaragua sufren de la insalubridad en las celdas, falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos.

Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como “presas políticas”, señalaron.

“Este contexto y el prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física”, advirtieron.

En la cárcel de mujeres La Esperanza, las condiciones serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta de acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas, de acuerdo con el informe de la CIDH y la RELE.

Mencionaron el caso de Fátima Mejía Ruiz, de quien aseguraron no recibió atención en salud post natal tras haber dado a luz previamente a su detención.

Asimismo, denunciaron que persiste un patrón de restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable que mantiene en zozobra e incertidumbre a sus familias.

Mencionaron los casos de Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, así como las personas integrantes de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña, detenidas en diciembre de 2023, de quienes se desconoce su condición de salud.

Por otro lado, la CIDH y la RELE expresaron su preocupación por la ausencia de información oficial sobre los paraderos del catedrático Freddy Quezada, Carlos Bojorge y el ex diputado indígena Brooklyn Rivera desde sus detenciones, lo que podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional.

Ambos organismos urgieron al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH.

Además, aseguraron que persisten afectaciones al acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes.

La CIDH y la RELE demandaron al régimen de Ortega la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018.

Asimismo, instaron a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

El régimen de Daniel Ortega, canceló este martes otras 15 asociaciones y fundaciones, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico Victoria, institución de educación superior que ofrece formación profesional.

El decreto publicado en el diario oficial ‘La Gaceta’ especifica que la citada asociación, inscrita en abril de 2018, no ha informado de sus donaciones a tiempo ni tampoco ha promovido políticas de transparencia de sus fondos. Asimismo, indicó que existen “inconsistencias en los saldos de los estados financieros”.

Entre las asociaciones canceladas también se encuentra la Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista; la Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos y la Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua.

Otras cuatro asociaciones -la Fundación Alas de Vida, la Fundación San Antonio de Monte Tabor, la Asociación para el Desarrollo Campesino y Artesanos El Bonete y la Asociación Comunidad Cristiana para el Desarrollo de Nicaragua- han sido canceladas bajo la modalidad de “disolución voluntaria”.

(Con información de EFE y Europa Press)