El régimen de Nicaragua cerró otras 15 organizaciones no gubernamentales y traspasó sus bienes al Estado

El régimen de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 3.600 las organizaciones no gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.

La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral 11 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan y las otras cuatro porque solicitaron su disolución voluntaria.

Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Asociación Instituto Tecnológico Victoria, que pertenece a la Compañía Cervecera de Nicaragua y que se definía como una institución de educación superior que formaba profesionales de éxito y altamente capacitados para las empresas de hoy.

Esa institución educativa, que brindaba anualmente más de 100 becas a bachilleres de escasos recursos para cursar las carreras técnicas que ofrecía, estaba autorizada para funcionar desde 2013 por el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU).

El Ministerio del Interior indicó que cerró ese instituto educativo “por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya que existen inconsistencias en los saldos de los estados financieros y no reportó donaciones”, y tampoco promovía “políticas de transparencia en la administración de los fondos”.

Además, agregó, en cumplimiento a una resolución conjunta del CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que aseguraron que las autoridades de ese instituto fueron convocados a una reunión desde el 2022 y no se presentaron a dicha convocatoria.

Otras ONG disueltas fueron la Cámara de Productores de Musáceas del Sur, Asociación Departamental de Canotaje León, Asociación de Ganaderos de Villa Sandino, Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua, Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos, Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista, entre otras.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

(Con información de EFE)