La crisis en las prisiones de Ecuador continúa pese a la militarización

La situación de las prisiones en Ecuador continúa siendo crítica a pesar de la militarización de las cárceles. La suspensión de los servicios de alimentación desde mayo de 2024 en algunas prisiones, más la escasez de alimentos en otras y los abusos cometidos por las fuerzas del orden han creado un ambiente de tensión que podría desencadenar nuevos amotinamientos.

La organización Human Rights Watch, en un reciente informe sobre Ecuador, recogió las violaciones de derechos en el país que incluyen “una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura. Nuestras investigaciones indican que podrían haberse cometido muchas más violaciones de derechos humanos”. Esto desde la declaratoria de un conflicto armado interno. Este informe fue rechazado por el gobierno y el subdirector de la ONG para las Américas, Juan Pappier, dijo a Infobae que esa actitud les recuerda a las respuestas que recibían por parte del ex presidente Rafael Correa.

Desde que el servicio de cárceles (SNAI) canceló el contrato con la empresa Lafattoria, nueve cárceles del país han quedado sin suministro regular de alimentos. Las prisiones afectadas incluyen las de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas, donde los presos reciben raciones mínimas como un pedazo de sandía y un pan como almuerzo, según Diario La Hora.

Ante esta situación, los familiares, organizaciones sociales y la iglesia han intentado suplir la falta de comida mediante donaciones, pero estas no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los internos. La falta de alimentos y recreación podría provocar nuevos amotinamientos, reportó La Hora tras una entrevista con una ex tallerista de las prisiones.

El periodista de AFP Valentín Díaz publicó en su cuenta de X una captura de pantalla de un video de la agencia y acompañó el gráfico con el mensaje: “Presos en evidente estado de desnutrición en la cárcel de El Rodeo, Manabí”. El colectivo ciudadano SOS Cárceles denunció en X, el 29 de mayo, que un preso venezolano “llegó con un cuadro de inanición crónica” a un hospital de Latacunga. Este recluso murió pues “su estado crítico se debe a una extrema malnutrición, consecuencia de la prolongada insuficiencia de alimentos”. Pese a las consultas ante el SNAI, la entidad no ha confirmado o negado la información.

El 29 de mayo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, exhortó al Estado a mejorar las condiciones en los centros de privación de libertad tras identificar un aumento en muertes, incluidas por presunta tortura y desnutrición, durante un período específico. Señaló la falta de provisión de alimentos desde el 1 de mayo de 2024 en varias provincias y la posible suspensión del servicio en Guayas. Instó al Gobierno Nacional, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el SNAI, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y a los jueces de Garantías Penitenciarias a tomar medidas urgentes para garantizar la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad.

Infobae conoció que el gobierno planea suplir la falta de alimentos a través de donaciones, pero por razonas de seguridad no se dará a conocer el mecanismo para estas, pues varios reportes de inteligencia advierten que mediante esas donaciones podrían ingresar objetos prohibidos a los penales, por lo que el Servicio de Cárceles buscará que los intermediarios puedan garantizar cierto nivel de seguridad, según contó a este medio una fuente del SNAI que pidió no ser identificada.

Lafattoria S.A., la empresa encargada de suministrar alimentos en 25 de los 36 penales, está bajo escrutinio debido a presuntas vinculaciones con el crimen organizado. A inicios de mayo, el gobierno entregó un informe secreto a la Fiscalía General que sugiere irregularidades en los contratos de esta empresa. El presidente, Daniel Noboa, denunció que Lafattoria habría ganado USD 171 millones desde 2015, y estos fondos podrían haber financiado actividades criminales.

Noboa también anunció que el Estado no celebrará futuros contratos con empresas relacionadas con el crimen organizado, aunque no mencionó directamente a Lafattoria: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, escribió Noboa en X. Además, relató que “en este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

La militarización de las cárceles ha llevado a una serie de abusos y torturas cometidas por los militares, según recogió la plataforma Insight Crime. Nicolás, un ex recluso de Cotopaxi, contó cómo fue sometido a torturas, incluyendo ser sumergido en tanques de agua helada y electrocutado, con el objetivo de obtener información sobre depósitos de armas y drogas, según publicó la fundación especializada en seguridad. Además, las familias de reclusos han denunciado la falta de atención médica necesaria. Según Insight Crime, algunos presos con graves afecciones médicas no reciben el tratamiento adecuado, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su salud.