El opositor boliviano Luis Fernando Camacho fue evacuado de la cárcel tras un enfrentamiento entre internos y la policía

El gobernador de la provincia de Santa Cruz recibía la visita de su familia en el momento en que se produjo el hecho de violencia. Sus abogados exigieron que se garantice su seguridad: “Estamos ante un régimen que no respeta ni los derechos ni la seguridad de los presos políticos”

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El opositor boliviano Luis Fernando Camacho se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Chonchocoro (GOBIERNO DE SANTA CRUZ, BOLIVIA)
El opositor boliviano Luis Fernando Camacho se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Chonchocoro (GOBIERNO DE SANTA CRUZ, BOLIVIA)

El gobernador de la provincia de Santa Cruz y dirigente opositor Luis Fernando Camacho y su familia fueron trasladados a las instalaciones de gobernación del Penal de Máxima Seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en la que se encuentra privado de su libertad, tras un enfrentamiento entre internos y la Policía.

Un grupo de detenidos agredió al teniente Juan Leonardo Capia y la Policía intervino con gases lacrimógenos mientras Camacho y su familia eran evacuados, según un informe oficial de la Dirección General de Régimen Penitenciario recogido por el diario boliviano El Deber.

El informe policial menciona un “amotinamiento de privados de libertad” en el Bloque B de la cárcel y una respuesta con gases lacrimógenos “para reestablecer el orden al interior del recinto carcelario”. Hay un policía herido identificado como Juan Leonardo Capia Marin debido a “las agresiones de los internos”.

Camacho, su esposa Fátima Jordán y el hijo de ambos de ocho meses, Rafael, fueron trasladados para protegerles del efecto de los gases. Tras la intervención policial se reestableció la calma y los presos se encuentran en “actitud pacífica”.

La página de Facebook de Luis Fernando Camacho recoge un comunicado del entrono del gobernador en el que se indica que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre lo ocurrido ni sobre el estado de Camacho. “En estos momentos su vida corre peligro y es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de él y su familia”, advierten.

“En las últimas horas han surgido informaciones de prensa respecto a un conflicto entre internos y gasificaciones en el recinto penitenciario de Chonchocoro, donde se encuentra secuestrado el Gobernador de Santa Cruz, quien hoy recibía visita de su esposa y su hijo de menos de un año de edad”, señala el comunicado de la defensa de Camacho.

Los abogados de Camacho denunciaron que el gobierno de Arce "es un régimen que no respeta ni los derechos ni la seguridad de los presos políticos” (EFE/ Stringer)
Los abogados de Camacho denunciaron que el gobierno de Arce "es un régimen que no respeta ni los derechos ni la seguridad de los presos políticos” (EFE/ Stringer)

Hasta el momento, “ni los familiares ni los abogados del gobernador Luis Fernando Camacho han sido contactados por las autoridades para comunicar sobre su estado y la seguridad personal de él y su familia”, alerta.

“Se difunden versiones de que la violencia generada al interior del recinto penitenciario habría generado incluso pérdidas de vidas que, naturalmente, lamentamos. Y por eso mismo, exigimos al gobierno de Luis Arce y a las autoridades penitenciarias que de manera inmediata informen a los familiares y al pueblo cruceño y boliviano sobre la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. En estos momentos su vida corre peligro y es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de él y su familia que estuvo de visita”, agrega la misiva.

Y concluye: “Invocamos al pueblo cruceño y boliviano y a la Comunidad Internacional a manifestar su preocupación por la seguridad del Gobernador Luis Fernando Camacho, pues estamos ante un régimen que ha sobrepasado todos los límites democráticos y, por lo mismo, no respeta ni los derechos ni la seguridad de los presos políticos”.

Camacho está en prisión preventiva desde finales de 2022 por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

(Con información de Europa Press)

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