Procesaron por corrupción y dictaron prisión preventiva a un mediático alcalde comunista chileno

Daniel Jadue fue formalizado por delitos mientras presidió la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), su proyecto estrella

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Daniel Jadue fue impulsor en 2015 de las farmacias populares que muchos otros alcaldes replicaron en el país.
Daniel Jadue fue impulsor en 2015 de las farmacias populares que muchos otros alcaldes replicaron en el país.

(Desde Santiago, Chile) Es uno de los hombres fuertes del Partido Comunista chileno, ex candidato presidencial - se enfrentó al actual presidente Gabriel Boric en las primarias de izquierda en 2021 -, acérrimo defensor de la causa Palestina y propulsor en 2015 de una iniciativa que finalmente lo puso tras las rejas: las farmacias populares. Daniel Jadue, el mediático alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta, quedó este lunes en prisión preventiva acusado de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco.

Tras cuatro días de audiencia, esposado y con la cabeza gacha, Jadue salió del Tercer Juzgado de Garantía rumbo al anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto destinado a detenidos que no representan un mayor peligro y al que suelen “caer” connotados políticos y empresarios. Otro imputado - José Matías Muñoz -, también quedó en presión preventiva, y un tercero, el médico Eduardo Sendra, con arresto domiciliario total. El plazo de investigación se fijó en 120 días.

Los tres fueron formalizados por el llamado caso “Farmacias Populares”, que se remonta al 2015, cuando Jadue abrió en su comuna una farmacia con precios mucho más bajos que los de las grandes cadenas. Su iniciativa fue alabada y rápidamente replicada por varios alcaldes, naciendo así al año siguiente la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Todo marchó sobre ruedas hasta el 2021, cuando la empresa Best Quality presentó una querella por estafa contra la Achifarp, acusándolos de llevarlos a la quiebra por no pagarles ceca de USD 1 millón en insumos médicos que ellos ya habían importado. Sin embargo, la autodenuncia ante la fiscalía de un vendedor de la empresa - César Ramírez -, abrió una nueva arista por presuntas peticiones de pagos o sobornos, delitos que han sido negados por el alcalde y sus colaboradores y que la Fiscalía Centro Norte deberá demostrar.

“Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar nuestra candidatura presidencia (en 2021) si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, se defendió Jadue en su momento, según consignó La Tercera.

Apelación

Ramón Sepúlveda, abogado defensor de Jadue, aseguró que apelarán a la medida de prisión preventiva y fustigó al tribunal por “dar por acreditados hechos sin antecedentes. Esta resolución es del todo injusta, desproporcionada”.

“Creemos que con muy poco se acreditó mucho y esa es una cuestión que es preocupante”, añadió, señalando que el alcalde “está tranquilo con que se pueda cambiar esta medida cautelar en el breve plazo”.

“Medida desproporcionada”

Mediante una breve publicación en su cuenta de X, el propio Daniel Jadue reiteró su inocencia solo minutos después de salir de la audiencia.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, confirmó el edil comunista.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona señaló que “no es la cautelar que esperaba” para Jadue.

“Pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora -sin darle más vuelta- es seguir con el proceso judicial en la etapa que viene: apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”, afirmó el mandamás del PC.

Cárcel Vip

En un principio - y de no llegar a buen puerto la apelación - Jadue deberá pasar los 120 días fijados para la investigación en el Anexo Capitán Yáber, centro penitenciario “visitado” por políticos y empresarios investigados por corrupción como el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba o los empresarios Carlos Lavín y Carlos Délano.

Su capacidad es reducida, pues solo puede albergar a 15 personas. Las celdas consisten en camarotes con un baño común y el lugar cuenta con áreas de recreación con televisores y equipo de música, salas para recibir visitas, un gimnasio, una pequeña biblioteca y una mesa de ping-pong, entre otros.

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