Los niños que son cooptados por las bandas narcoterroristas de Ecuador provienen de hogares inestables y de una escolaridad inconclusa, así lo indica un estudio elaborado por la consultora de política en seguridad pública estatal, Katherine Herrera Aguilar. La investigación publicada por la Fundación Konrad Adenauer y la Red de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa verificó la situación en los cantones de alta peligrosidad en el Ecuador y concluyó que esas zonas están abandonadas por el Estado y, por tanto, sus poblaciones son más vulnerables ante los grupos de delincuencia organizada.
De acuerdo con los datos publicados en el estudio, las provincias más afectadas por la violencia criminal son Los Ríos (41.3%), Guayas (38.3%), Esmeraldas (37.6%), y Manabí (25.4%). Todas se encuentran en el litoral ecuatoriano. Guayas y Manabí son conocidas por sus puertos marítimos de exportación y por sus puertos pesqueros, respectivamente. La investigación reitera que la consolidación de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) está directamente relacionada con la inestabilidad económica y política del país. En ese contexto, “la comunidades cercanas a puertos, habitadas por personas de bajos recursos, son propensas a la ocupación ilegal de terrenos debido a la falta de empleo y medios de sustento”.
En 2022, Infobae reportó cómo los pescadores artesanales de Manabí enfrentan robos, extorsiones y cómo, en situación de pobreza, muchos son reclutados para traficar droga hacia Centroamérica en sus lanchas. En Ecuador, el sector pesquero artesanal está caracterizado por “una problemática compleja de marginalización y pobreza de las comunidades pesqueras artesanales”. La mayoría de los pescadores “derivan su sustento casi exclusivamente de esta actividad”, según la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria ecuatoriana. Al mes, un pescador artesanal percibe entre USD 100 y USD 300 en promedio.
Según al investigación de Herrera, la ausencia del Estado en las zonas mencionadas se evidencia en la falta de servicios públicos, en la aplicación de justicia y la protección ciudadana. Por ejemplo, en Durán, la segunda ciudad más grande de la provincia del Guayas, un 70% de la ciudad no tiene redes de agua potable y un 78% tampoco tiene alcantarillado. Esto obliga a que los ciudadanos dispongan de al menos USD 60 mensuales para costear el servicio de tanqueros que les dotan de agua, ese terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para pocos pero vital para muchos. Durán es una de las urbes más violentas del país. En sus calles operan los Chone Killers, que nacieron como el brazo armado de Los Choneros, y que ganaron poder pues en esa ciudad la cocaína que debía enviarse durante la pandemia quedó represada. De ahí, que Durán ha sido catalogada como la bodega de la cocaína en Ecuador, según el portal especializado Insight Crime.
En esos escenarios, la presencia de las bandas narcoterroristas “en territorios vulnerables facilita el reclutamiento de jóvenes”.
6 de cada 10 miembros de bandas son menores de edad
El abandono estatal, los ciclos de violencia y las pocas oportunidades hacen que los niños sean reclutados por las bandas criminales. Según el estudio, “los menores son mano de obra barata, no cuestionan órdenes, y tienen menos probabilidades de ser detenidos, por lo que los GDO observan y cooptan a los niños desde edades muy tempranas.
Por su condición de infantes, los niños no levantan sospechas, por lo que son utilizados para transportar drogas y armas en medio de las ciudades. La investigación reveló un dato impactante, los niños reclutados perciben entre USD 3.000 y USD 4.000, valores que “dentro de la cadena criminal, es realmente poco”, sobre todo porque los sicarios trabajan con cifras que incluso pueden bordear los USD 50.000, según quién sea el blanco. Además, en entrevista con Expreso, Herrera indicó que: “casi el 60 % del total de los GDO son menores de edad”.
Uno de los hallazgos del estudio sostiene que los niños y adolescentes que ingresan a las bandas delictivas suelen haber abandonado sus estudios y tienen lazos familiares inestables. En ese contexto, la ausencia de un entorno familiar y educativo propicia la violencia y afecta el desarrollo psicosocial: “Indican los vecinos que algunos menores son amenazados para que ingresen a las GDO y, una vez adentro, son nuevamente amenazados para que no deserten. Si bien, hay quienes lo hacen por necesidad, no falta quienes son obligados a cambio de que no agredan a sus familiares”, se explica en el artículo de Herrera.
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