Crece la crisis del agro en Brasil en medio de las inundaciones, la polémica por el arroz importado y la competencia de Argentina

Hasta ahora, 2024 ha sido un año de desafíos, algunos de ellos muy grandes, para el sector agroindustrial de Brasil. La flor y nata de la economía del gigante latinoamericano creció un 15,1% en 2023 según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), contribuyendo por el 23,8% al Producto Interior Bruto brasileño, que el año pasado creció del 2,9%. Sin embargo, tras años de bonanza y la cosecha récord del año pasado de más de 315 millones de toneladas de productos agrícolas según datos del IBGE, el sector ha experimentado una desaceleración sin precedentes en este primer semestre, viéndose obligado a enfrentar un reto tras otro.

El margen de lucro bruto de la soja, junto con el del mijo, fue el peor de los últimos 25 años. Según cálculos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) basados en datos de la región de Sorriso, en el estado de Mato Grosso, la productividad media de 50 sacos por hectárea fue insuficiente para cubrir los costes de la soja 23/24. “Los márgenes de beneficio de la soja y el maíz han disminuido, lo que ha creado una crisis importante, ya que los costes de producción no han bajado, sólo los precios. Muchos estados se enfrentan a problemas de productividad y la única esperanza es que los costes de producción disminuyan en el futuro o que se produzca una crisis mundial que aumente los precios de las materias primas, algo que no está ocurriendo por el momento”, declaró Mauro Osaki, investigador de CEPEA. La crisis también empieza a notarse en el sector lácteo. Según la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), con el movimiento de retracción de precios superior al movimiento de costos, el margen de ganancia de los productores fue 67,4% menor en octubre de 2023, en comparación con el mismo período de 2022.

Hay muchas razones para esta contracción de lo que es un sector de excelencia en la historia de Brasil. No hay que olvidar, de hecho, que es gracias al increíble desarrollo tecnológico de la agroindustria que a lo largo de los años el país ha pasado de importador a ser uno de los principales proveedores de alimentos del mundo. En primer lugar, está pesando la catástrofe del estado sureño de Rio Grande do Sul, donde las recientes inundaciones tuvieron entre sus efectos secundarios un brusco parón de la economía agrícola del estado que produce por sí solo el 70% del arroz de Brasil. Según la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, cada productor rural perdió 1,4 millones de reales, 267 mil dólares, con las inundaciones, es decir un total de 3.000 millones de reales, 572 millones de dólares. La cifra sólo se refiere a la pérdida de productos agrícolas y ganado - murieron al menos 23 mil animales - y no considera los daños en infraestructuras, maquinaria y propiedades. Pero mientras Lula anunciaba esta semana 15.000 millones de reales (2.859 millones de dólares) en créditos para las empresas de Rio Grande do Sul, los productores agrícolas quedaron decepcionados en la reunión con el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, que no anunció ninguna nueva línea de crédito para ellos, pero reiteró la creación de fondos de garantía para el acceso al crédito rural anunciada el 9 de mayo pasado.

La principal polémica, sin embargo, sigue siendo el arroz. Debido a la subida de los precios en los supermercados, Lula ha decidido comprar arroz en el extranjero y ha programado para el 6 de junio una licitación para productores foráneos a los que comprará 300 mil toneladas. Tendrían que llegar a las estanterías de los supermercados brasileños en septiembre, en un paquete con el lema del gobierno y con un precio rebajado de 4 reales por kg, 76 centavos de dólar. El tipo de arroz que se importará es el mismo que produce Brasil, el «tipo 1». Sin embargo, las asociaciones de consumidores y los productores brasileños de arroz, especialmente los de Rio Grande do Sul, temen que se trate de una maniobra de Lula para introducir en el mercado brasileño arroz principalmente chino. No es casualidad que ya se haya anunciado la eliminación de la llamada TEC, la Tarifa de Importación, “para que”, dijo el presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), Edegar Pretto, “otros países además de los del Mercosur puedan participar en la subasta”. En mayo, el gobierno federal ya había asignado 7.200 millones de reales, 1.373 millones de dólares, para la compra de hasta 1 millón de toneladas de arroz importado. Según el presidente de la CONAB, esta es la cantidad de arroz que se estima se perdió en las inundaciones de Rio Grande do Sul, sumando las pérdidas en el campo y en los almacenes.

Sin embargo, los agricultores de la región se oponen a esta decisión del gobierno Lula, que han calificado como la mayor intervención del Estado en el mercado desde el inicio del Plan Real que estabilizó la economía del país hace 30 años con la nueva moneda, el real. También sería un revés para ellos porque, como declaró el presidente de la Federación Agrícola del estado de Rio Grande do Sul (FARSUL), Gedeão Pereira, los agricultores de la región ya habían cosechado gran parte de su producción de arroz antes de las inundaciones. Por esto, el presidente de la FARSUL calificó de “inútil” la iniciativa de Lula, afirmando que hay suficiente abastecimiento nacional, y también calificó de “locura” la medida que autoriza la compra de hasta 1 millón de toneladas de arroz importado. “El ministro de Agricultura parece muy preocupado por importar arroz, no por salvar a los productores de Rio Grande do Sul”, declaró Pereira. “No hay ninguna razón para esta importación prematura y sobre todo para este precio subvencionado, porque el precio de 4 reales que el gobierno quiere imponer presupone una subvención gubernamental de alrededor del 20% por kilo, como para hundir aún más al productor rural brasileño en un sector que se estaba recuperando”, afirmó Pereira. Además, los incentivos a la importación de arroz implementados por el gobierno brasileño podrían desalentar a los productores de Rio Grande do Sul a sembrar la próxima cosecha de 2024/25 y generar así un futuro problema de abastecimiento, según denunció la Federación de Agricultores del estado sureño. Para el presidente de la bancada del agronegocio en el Congreso, el diputado Pedro Lupion, del partido Progressistas, el PP que está en la coalición del gobierno Lula con el ministro del Deporte, André Fufuca, se trata de “un abuso de poder político” y de “una acción propagandística del ejecutivo de cara a las próximas elecciones municipales de octubre”.

Así que si el arroz chino llegará a las estanterías de los supermercados brasileños se sabrá después de la subasta del 6 de junio, cuando se anunciarán los ganadores. El pescado chino ciertamente ya ha llegado a algunas tiendas, como la cadena de los hermanos Joesley y Wesley Batista, que quedaron en el punto de mira de la operación anticorrupción Lava Jato y ahora han sido rehabilitados por el gobierno de Lula, que los recibió el pasado lunes para discutir con otros empresarios sobre donaciones de carne para los supervivientes de las inundaciones en Rio Grande do Sul. El pescado chino que se vende en Brasil cuesta menos que el brasileño y en la etiqueta el consumidor puede leer claramente de dónde procede. Lo que la etiqueta no dice, sin embargo, son todas las criticidades de la producción pesquera china. Como denuncia la organización no gubernamental The Outlaw Ocean Project en su informe 2023 titulado «China: la superpotencia de los pescados y mariscos» (China: The Superpower of Seafood en inglés) «los barcos de pesca en las lejanas aguas chinas son una combinación de trabajo forzado, esclavitud por deudas, violencia, muerte, mientras que las plantas de procesamiento de pescado utilizan el trabajo forzado de norcoreanos, uigures y otras poblaciones minoritarias musulmanas».

Si Brasil se abre pues a los alimentos chinos, el gigante latinoamericano continúa vendiendo a China sobre todo soja. Pero mientras algunos sectores de la agroindustria siguen yendo muy bien, como los de la caña de azúcar, el algodón y los cítricos, otros, como la soja, empiezan a tener problemas. En algunos estados, como Mato Grosso, la situación es tan alarmante que el Ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, ha anunciado medidas de emergencia, como la concesión de créditos y el reescalonamiento de la deuda. Un estudio reciente realizado por el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (IMEA), en colaboración con la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (APROSOJA) reveló que el 87,2% de los productores de soja no podrán cubrir el coste total de la cosecha de 2023/24. Según la encuesta, la región más afectada por las condiciones climáticas adversas fue el oeste del estado, que produjo una media de 47,83 sacos por hectárea. La encuesta se llevó a cabo con 1.187 productores, que son responsables del cultivo de cerca de 2,5 millones de hectáreas, o el 21% de toda la superficie cultivada en el estado, que “es de unos 12,1 millones de hectáreas. La cosecha de este año fue 20% a 30% menos que en 2023″, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB).

Entre las causas de la crisis no sólo figuran fenómenos climáticos extremos como El Niño, sino también la crisis internacional de las materias primas y de la economía china. A ello se sumaron problemas internos como la crítica infraestructura de transporte y almacenamiento y la falta de liquidez que llevó a muchos agricultores a endeudarse hasta el cuello. Según datos de la empresa de análisis de riesgos Serasa Experian, 127 productores en 2023 solicitaron la recuperación judicial. Para evitar declararse en quiebra, han pedido suspender y reprogramar parte de sus deudas acumuladas. El número en términos absolutos es mucho más elevado respecto al 2022, pero sigue representando una parte muy pequeña del total de productores nacionales, que ronda los 5 millones. Sin embargo, lo preocupante es el aumento en sí, ya que el instrumento de la recuperación judicial encarece de hecho el crédito para todos.

A este escenario se suma lo que los agricultores ya empiezan a ver como una amenaza: el nuevo rumbo de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Las exportaciones brasileñas al país vecino se desplomaron casi un 30% en los cuatro primeros meses de 2024 en comparación con el año anterior, totalizando 3.910 millones de dólares. En la práctica, Argentina, que había sido el tercer comprador de productos brasileños, ha caído al cuarto puesto junto con Holanda. La sequía del año pasado había favorecido las exportaciones brasileñas a Argentina, pero este factor por sí solo no explica la caída de este año, causada más bien por el ascenso de Argentina y las políticas del nuevo gobierno Milei. En abril, la secretaria brasileña de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, Tatiana Prazeres, había expresado la preocupación del gobierno Lula por estos resultados, que han reducido la participación de Argentina en las exportaciones totales de Brasil a uno de los niveles más bajos jamás registrados: 3,6% en abril, frente a 8,5% en abril de 2018. Por si esto fuera poco, según algunos analistas, Argentina también le está quitando mercado al gigante sudamericano en el sector del maíz. “En este escenario, en el primer semestre las exportaciones de maíz de Brasil podrían limitarse a alrededor de 1,5 millones de toneladas, una caída significativa en comparación con los casi 6 millones de toneladas exportadas en el año anterior”, afirmó el analista Paulo Molinari en una reciente conferencia en Brasil.