El mundial femenino de 2027 en Brasil: una victoria para las mujeres y un desafío para la política

Exactamente 10 años después del Mundial de 2014, Brasil celebra su candidatura - una victoria anunciada el pasado 17 de mayo - para ser sede de la Copa del Mundo Femenina de 2027. Diez ciudades del gigante latinoamericano acogerán todos los partidos del evento, que aterrizará por primera vez en Sudamérica dentro de tres años, del 24 de junio al 25 de julio. La inauguración y la final tendrán lugar en el emblemático estadio de Río de Janeiro, el Maracaná, mientras que la semifinal se disputará en el ex Itaquera de San Pablo, actual Neo Química Arena, construido para el Mundial de 2014. La otra semifinal se disputará en Brasilia, en el estadio Mané Garrincha, mientras que la disputa por el tercer puesto en el Mineirão de Belo Horizonte.

Por una extraña coincidencia del destino, la noticia llegó con Lula en la presidencia (es su tercer mandato) al igual que cuando se anunció Brasil como sede del Mundial 2014, el 30 de octubre de 2007 en Zúrich. El presidente estaba en su segundo mandato y celebró aquella victoria junto con el escritor brasileño Paulo Coelho y la ex estrella del fútbol, Romário. Sin embargo, la Copa del Mundo disputada 10 años atrás no trajo suerte a la delfina de Lula, Dilma Rousseff, que había sido elegida después de él. Ya en 2013, las manifestaciones que reunieron a miles de personas en todo Brasil contra el despilfarro de dinero para preparar el Mundial golpearían no poco al gobierno de Rousseff, hasta su destitución en 2016. Hoy es de esperar que en Brasilia se haya aprendido la lección y se prepare con más transparencia y responsabilidad este nuevo evento deportivo que vuelve a poner los ojos del mundo sobre el gigante latinoamericano. “A diferencia del Mundial de 2014, la Copa del Mundo Femenina de 2027 ofrece una oportunidad única para promover la igualdad de género en el deporte”, dijo al sitio de noticias Brazil Report Julia Costa, directora de promoción del fútbol femenino del Ministerio de Deportes.

En la patria del fútbol, las mujeres no lo tuvieron fácil. Entre 1941 y 1979 el deporte estuvo incluso oficialmente prohibido para las mujeres, obligando a muchas de ellas a jugar a escondidas, cuando no clandestinamente, debido al artículo 54 del Decreto-Ley 3199 de 1941, según el cual las mujeres no podían “practicar deportes incompatibles con las condiciones de su naturaleza”. Algunas, sin embargo, intentaron rebelarse, como las atletas de Araguari, una ciudad del estado de Minas Gerais situada en la frontera con Goiás. Corría la década de 1950 y, con la intención de ayudar económicamente al grupo escolar Visconde de Ouro Preto, que atravesaba dificultades financieras, el fundador del Araguari Futebol Clube, Ney Montes, tuvo la idea de convocar a chicas interesadas en crear un equipo de fútbol local. Las jóvenes, reunidas para llamar la atención y así ayudar a recaudar dinero, resultaron ser tan buenas atletas que incluso fueron invitadas a México en 1959, pero les fue prohibido viajar precisamente por el artículo 54 de aquella ley absurda. Hasta 1979 no se levantaría la prohibición, pero sólo en 1983 se introdujo la primera reglamentación del fútbol femenino en Brasil. Entre las absurdas normas que contenía estaba la de no cobrar a los espectadores en los partidos de fútbol femenino, que debían durar 70 minutos, y la de prohibir a las jugadoras intercambiar camisetas después del partido con el equipo rival.

Llevó tiempo remover los absurdos de un sistema tan desigual. Hasta 2017 no se creó una liga brasileña de fútbol femenino, después de que la selección obtuviera el segundo puesto en el Mundial de 2007 y dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008. Campeonas como Marta, que se convirtió en un modelo a seguir para muchísimas niñas pobres, han contribuido a que el fútbol femenino creciera en el país, tanto en número de mujeres participantes como en interés de la prensa.

Según datos de la Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, las deportistas inscritas han aumentado un 25% en los últimos tres años, a cerca de 12.000. Brasil es el tercer país, tras México e India, con más practicantes de este deporte, que también empieza a seguirse con interés por televisión. La final del Mundial femenino de 2019 fue vista por 19,7 millones de personas, mientras que el número de usuarios que siguen la página de Instagram de la selección femenina se duplicó respecto al año pasado, superando los 830.000 seguidores. Esta creciente visibilidad también se está traduciendo en más oportunidades para las jóvenes que sueñan con un futuro como futbolistas. Por esta razón, la Copa del Mundo de 2027 representa una oportunidad única no solo para mostrar al mundo los logros sociales y deportivos de las mujeres brasileñas, sino también para ofrecerles un salto cualitativo que actualmente necesitan.

A pesar de la gran aceleración de los últimos años, el fútbol femenino en Brasil sigue siendo inferior al masculino en términos de patrocinio, salarios y número de ligas profesionales. Debido a los salarios, a menudo muy bajos, muchas jugadoras se ven obligadas a desempeñar otros trabajos para salir adelante, lo que no ocurre con sus colegas masculinos. Pero esta disparidad económica no es sólo un problema de Brasil, sino que afecta a toda América Latina.

Mientras que la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol), en el viejo continente, invierte el equivalente a 99 millones de dólares al año, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) gasta sólo 2,5 millones de dólares, por detrás de África y Asia. El hecho de que Brasil haya sido elegido representa por tanto una esperanza para miles de jugadoras y millones de mujeres que se sienten representadas por ellas, y una oportunidad para crear una nueva generación de talentos. Por eso no se debe desaprovechar como se ha hecho en el pasado. El legado de 2014, además de las protestas, fue desastroso en términos de corrupción y despilfarro de dinero público.

A pesar de que Lula declaró el año pasado que “nunca se demostró corrupción en el Mundial de 2014″, los hechos y las sentencias judiciales dicen lo contrario. En 2017, el Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro identificó una sobrefacturación de 211 millones de reales al valor de hoy, 41 millones de dólares, para la reforma del estadio Maracaná, mientras que algunos ejecutivos de Odebrecht admitieron en un acuerdo de culpabilidad el pago de un soborno de 7,3 millones de reales, 1,42 millones de dólares, para influir en la licitación del estadio. Además, a finales de 2022, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal condenó al ex gobernador Agnelo Queiroz, del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, y al ex diputado Tadeu Filippelli, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), por enriquecimiento ilícito en las obras del estadio Mané Garrincha de Brasilia. Ambos fueron condenados a indemnizar al estado con más de 16 millones de reales cada uno, 3,11 millones de dólares, y a la suspensión de sus derechos políticos durante diez años. Según datos hasta 2017, la sobrefacturación habría ascendido a casi 560 millones de reales, 109 millones de dólares. Otros estadios, como el Arena das Dunas, en Natal, y el Arena Pernambuco de Recife también han sido investigados por la justicia, que en muchos casos ha identificado sobrefacturaciones o incluso ha condenado a empresas implicadas en obras dentro de ellos. Por no hablar de disputas políticas como la que llevó a la ciudad de Cuiabá a ser la sede del estadio del Pantanal en una controversia política con la ciudad de Campo Grande.

Precisamente para evitar que se repita este escenario, la Copa del Mundo Femenina de 2027 se celebrará en estadios ya existentes que se utilizaron anteriormente para el Mundial de 2014 y, por lo tanto, no se necesitarán nuevas infraestructuras. Esta es otra de las razones por las que se eligió a Brasil, que había utilizado el eslogan “Todo está listo” como título de su campaña de candidatura, en referencia al hecho de que los estadios utilizados en 2014 ya estaban listos para 2027.

Queda, sin embargo, la cuestión de las instalaciones provisionales por hacer, cuyo coste se estima en unos 67 millones de reales (13 millones de dólares) para los 10 estadios, el 7% de los 1.010 millones de reales, al valor de hoy, 197 millones de dólares, gastados en las instalaciones provisionales en 2014. Por no hablar de lo que se gastó en su momento para construir o renovar los estadios, es decir unos 8.400 millones de reales, 1635 millones de dólares. El Mundial de 2014 le reportó a la Fifa 18.600 millones de reales, 3.620 millones de dólares, mientras que la previsión para el Mundial femenino de 2027 es de sólo 510 millones de reales, 99 millones de dólares. Según la Confederación Brasileña de Fútbol no se utilizará dinero público para el evento de 2027. Sin embargo, lo mismo se había dicho para el Mundial de 2014 y al final la mayor parte de la factura final se pagó con dinero federal. El texto de la candidatura brasileña afirma que “la financiación de este evento provendrá de entidades privadas, estableciéndose así el concepto de proyecto autosuficiente, en el que los ingresos serán superiores o al menos equivalentes a los costes necesarios para organizar el evento”. Sin embargo, en otro pasaje se afirma que “actualmente no hay ninguna expectativa de que organismos gubernamentales o instituciones públicas, ya sean municipales, estatales o federales, realicen inversión alguna”, lo que sugiere que esto podría cambiar en los próximos tres años.

Todas las miradas están puestas, por tanto, en que Brasil y la FIFA no cometan los errores de 2014, que incluyeron la eliminación de toda una favela, la Metrô-Mangueira, en el norte de Río de Janeiro, por estar a 700 metros del Maracaná. Las casas fueron demolidas por el municipio carioca y 600 familias se vieron obligadas a marcharse. “Ya hemos sufrido las consecuencias de megaeventos deportivos en Brasil marcados por diversas violaciones de derechos”, afirmó Andrea Florence, directora de la Sport & Rights Alliance, una coalición mundial de la sociedad civil, de la que también forman parte Transparencia Internacional y Amnistía Internacional, comprometida con el deporte respetuoso con los derechos humanos. “Es crucial que la FIFA y el gobierno brasileño trabajen ya con las entidades de la sociedad civil, tanto para diseñar estrategias de mitigación y supervisión de posibles impactos negativos, como para utilizar el evento como catalizador de avances en materia de derechos”, ha declarado Florence, para quien “ésta es la única forma de garantizar que la Copa del Mundo Femenina en Brasil deja un legado legítimo para el país”.