El Tribunal Supremo de Brasil sepultó la Operación Lava Jato y crece el riesgo de un aumento de la corrupción

¿Quién mató el Lava Jato? Ha sido la pregunta mantra esta semana en la que la operación anticorrupción más famosa de la historia de Brasil fue definitivamente enterrada. El martes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anuló todas las sentencias anteriores del 13º Juzgado Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht, el empresario de la constructora homónima (hoy Novonor) que acabó en el centro de un escándalo de corrupción que afectó no sólo a Brasil, sino también a otros países latinoamericanos. Por si fuera poco, Toffoli también ordenó el fin de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht. Según el magistrado en el proceso realizado por los jueces de Curitiba que en 2014 con la operación Lava Jato destaparon la caja de Pandora de la corrupción en Brasil, habría surgido arbitrariedad en su conducción, falta de respeto al debido proceso, parcialidad y actuaciones fuera del ámbito de competencia.

“Teniendo en cuenta el contenido de los frecuentes diálogos entre el juez y el fiscal, tanto sobre Marcelo Odebrecht como sobre las empresas que presidía, es evidente la mezcla de la función de acusación con la de juzgamiento, lo que corroe los fundamentos del proceso penal democrático”, reza la sentencia del STF. En su decisión, Toffoli hace referencia a una operación de la Policía Federal de 2019, Spoofing, en la que se investigó a un grupo de hackers que consiguió invadir un grupo de Telegram de los magistrados de Lava Jato y ceder el contenido de sus mensajes al periodista Glenn Greenwald que en 2019 los publicó en el sitio web The Intercept. El caso pasó a la historia como “Vaza Jato” (literalmente “fuga de chorro de agua), abriendo el espacio al comienzo del fin del Lava Jato. Según Toffoli, estos mensajes revelaban comportamientos ilegales. El ex juez símbolo de la operación Sergio Moro, llamado a testificar en mayo de 2021, declaró que esos mensajes “fueron utilizados de forma sensacionalista para intentar interrumpir las investigaciones contra delitos de corrupción y anular las condenas de personas implicadas en delitos de corrupción”. Luego añadió que “todo lo que se hizo en el Lava Jato se hizo dentro de la ley”.

En 2019, tanto Toffoli como Odebrecht estuvieron en el centro de un reportaje de la revista Crusoé, según el cual los abogados del empresario, tras su detención, habían entregado a la Policía Federal un documento en el que se explicaba la identidad de algunos nombres en clave mencionados en correos electrónicos incautados en su ordenador que hacían referencia al pago de sobornos. Según Crusoé, Dias Toffoli era identificado como “el amigo del amigo de mi padre”, en referencia al presidente Lula, entonces investigado en el Lava Jato, y al padre del empresario, Emilio Odebrecht, viejo amigo del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. Según Crusoé, el nombre en clave aparecía en un correo electrónico del 13 de julio de 2007 enviado por Marcelo Odebrecht a los ejecutivos Adriano Maia e Irineu Meireles en relación con un soborno para construir una central hidroeléctrica en Rondonia. En la época, Toffoli era Procurador General de la Unión (AGU) en el segundo mandato presidencial de Lula. Posteriormente, el STF obligó Crusoé a retirar su reportaje, a petición del propio Toffoli, por considerarlo fake news, acusación que los periodistas de la revista rebatieron.

Cinco años después de la “Vaza Jato” y de la operación Spoofing, la prensa brasileña atacó la decisión de Toffoli. Según un editorial del diario O Estado de São Paulo lo suyo fue “revisionismo”. “Como la realidad fáctica es irrelevante para quienes se ocupan de acomodar la Historia en su agenda de conveniencia, el ministro Dias Toffoli no pareció avergonzado por el hecho de que Marcelo Odebrecht confesara haber cometido los crímenes por los que fue acusado, concretamente, el pago de sobornos a por lo menos 415 políticos de 26 partidos. Dando una bofetada de lógica, el ministro mantuvo intacto el acuerdo de cooperación firmado por el empresario en relación con sus beneficios, pero dejó sin efecto sus obligaciones”. El propio Toffoli había suspendido en febrero pasado la multa de 8.500 millones reales, 1.645 millones de dólares al cambio de hoy, que la antigua Odebrecht, hoy Novonor, debía pagar en el marco del acuerdo con los magistrados del Lava Jato.

También el martes causó discusión otro veredicto del STF, que reconoció la prescripción de una de las condenas de José “Zé” Dirceu, ex ministro de la Casa Civil de 2003 a 2005 en el primer mandato presidencial de Lula. Se trata de su condena por corrupción pasiva a 8 años y 10 meses de prisión en el juicio del Lava Jato, relacionado con sobornos por un contrato firmado entre Petrobras y la empresa Apolo Tubulars. Dirceu fue ex guerrillero durante la dictadura que luego huyó a la Cuba de Fidel Castro y su hijo, el diputado Zeca Dirceu, hoy es el líder del PT en la Cámara. “Zé” Dirceu había sido condenado por el STF en 2012 por el delito de corrupción activa en el escándalo Mensalão que explotó en el primer gobierno de Lula (2002-2006), un gigantesco esquema de compra de apoyo de votos en el Congreso con fondos públicos. En 2016 había sido detenido por participar en el esquema conocido como Petrolão, el escándalo de corrupción del PT de Lula destapado por el Lava Jato. Tras la decisión del STF de esta semana, ahora Dirceu se enfrenta a otra condena de 27 años de prisión, también en el contexto del Lava Jato, en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) por recibir sobornos de la constructora Engevix, hoy Nova Engevix que pertenece al grupo Nova Participações, como parte de la trama de sobornos de Petrobras. La defensa de Dirceu ya ha apelado. El ex ministro tiene otro proceso, siempre en el STJ, por una denuncia que le acusa de blanquear dinero de sobornos de Engevix mediante pagos a la empresa Entrelinhas Comunicacão LTDA.

Por si fuera poco, también esta semana, el juez Edson Fachin, del STF, archivó una investigación de la operación Lava Jato contra el senador Renan Calheiros y el ex senador Romero Jucá, ambos del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). La investigación se había abierto en 2017, pero nunca hubo una denuncia formal de la Procuraduría General de la República (PGR). Se refería a un supuesto soborno pagado en 2013 a Jucá cuando era ministro de Planificación del Gobierno de Dilma Rousseff. Él y Calheiros eran sospechosos de haber recibido 5 millones de reales, 970.000 dólares al cambio de hoy, para facilitar la aprobación de una medida cautelar. En 2016, en una conversación grabada en secreto por el ex senador Sérgio Machado, que luego la entregó a los magistrados, Jucá le dijo sobre el Lava Jato: “Tienes que encontrar una solución. El gobierno tiene que cambiar para detener esta sangría. Con el Supremo Tribunal Federal, con todo. Es necesario articular una acción política”.

En este escenario, sin embargo, el icónico ex juez Sergio Moro salió victorioso. Siempre el martes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó por unanimidad el pedido de casación de su mandato como senador por Unión Brasil, partido ahora en el gobierno Lula. La solicitud había sido presentada tanto por el PT de Lula como por el Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, en cuyo gobierno Moro fue ministro de Justicia hasta abril de 2020, cuando rompió con el expresidente. Los dos partidos acusaron al ex juez de abuso de poder económico, uso indebido de los medios de comunicación y contratos irregulares durante la campaña electoral de 2022.

Aparte de la victoria moral de Moro, el impacto de las otras decisiones no sólo permanecerá en la memoria de Brasil durante mucho tiempo, sino que corre el riesgo de transformar el país para peor, desatando de hecho la corrupción de las más altas esferas de la política. “La destrucción de la lucha contra la corrupción en el país continúa sin tregua”, comentó en sus redes sociales Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que combate la corrupción en el mundo. Eliane Cantanhede, en el diario O Estado de São Paulo, habló incluso de una “amnistía general e irrestricta” que forma parte de “un acuerdo de sistema que involucra a la cúpula de los Tres Poderes”. Esta amnistía es comparada por la periodista brasileña con la que depuró la responsabilidad de los torturadores tras la dictadura. Por el contrario, el periodista especializado en información judicial y crimen, Fausto Macedo, señala directamente a Lula. “La decisión del ministro Dias Toffoli partió de la acción iniciada por el actual presidente y puso fin a un capítulo decisivo de la operación que desmanteló la mayor trama de corrupción de la historia reciente del país”, escribe en O Estado. Lula había llegado a declarar en los últimos meses que Lava Jato había sido “un acuerdo entre jueces y fiscales brasileños con Estados Unidos” y que cuando estaba en la cárcel sólo pensaba que estaría bien “cuando joder a Moro”.

En realidad, lo ocurrido esta semana es, según los analistas, una derrota para todo Brasil. Además de la pérdida de reputación de la clase política y de la credibilidad de las instituciones, se está erosionando el pacto de confianza con los ciudadanos y bloqueando el crecimiento del país. Sólo este año, como ha denunciado Transparencia Internacional, 8.000 millones de reales, 1.548,3 millones de dólares, han sido distribuidos por el gobierno con enmiendas a los parlamentarios de forma supuestamente “secreta”, es decir, sin rendir cuentas del uso de este dinero, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de todos los brasileños a través de políticas públicas transparentes y eficientes. También se han debilitado instituciones importantes como el Consejo de Control de Actividades Financieras, el COAF, principal órgano de lucha contra el blanqueo de dinero. Este año recibió la financiación más baja de los últimos cinco años, 17,6 millones de reales, 3,4 millones de dólares, un recorte de cerca del 30% en comparación con 2023.

Los acontecimientos de esta semana también han encendido el debate sobre el papel y la imparcialidad del sistema judicial en Brasil. Como informó Raquel Landim en el sitio de noticias UOL, “en una charla informal con colegas del Ministerio Público, el Procurador General de la República, Paulo Gonet, comentó cuánto está siendo golpeado el STF por las decisiones monocráticas del ministro Dias Toffoli sobre el Lava Jato”. Además, hay un descontento creciente en el propio STF por la resistencia de Toffoli a discutir los casos en el plenario de la Suprema Corte.

A esto se suma una cuestión práctica no menor: el regreso a la escena política de individuos condenados por corrupción. El caso más flagrante es el de “Zé” Dirceu, que inmediatamente después de la anulación de su condena declaró que había sido destituido “por razones políticas y sin pruebas. Pasé por juicios kafkianos. Lo correcto sería volver a la Cámara”, dijo, añadiendo que no tomaría esta decisión “hasta el año que viene. Ahora mismo, hay otras prioridades políticas que atender”. Las otras prioridades son su colaboración con el PT para las elecciones municipales de octubre y ayudarle en el proceso de “renovación”, ya que el partido elegirá una nueva dirección este año. Dirceu fue presidente del PT de 1995 a 2002. Por el momento, el ex ministro es inelegible debido a sus otros procesos abiertos. Sin embargo, el pasado marzo, durante su fiesta de cumpleaños, había insinuado su interés por un mandato en la Cámara. En enero, en una entrevista con la CNN, sus palabras habían enfriado a quienes aún esperaban una tercera vía política para Brasil. Al hablar del futuro del gobierno del PT, afirmó que “un proyecto de poder de 12 años (a partir de este tercer mandato de Lula) es factible. Cuando llegamos al gobierno (en 2001), dije que teníamos que tener una perspectiva de 20 años, y así fue. Si no hubiera habido el impeachment de Dilma Rousseff, el PT habría gobernado Brasil durante 20 años”. Por eso Dirceu está interesado en apoyar al PT en las elecciones municipales de octubre y, sobre todo, en la campaña previa. “Vamos a crecer en todo Brasil, también porque participamos en gobiernos de otros partidos, vamos a crecer mucho. Saldremos de la situación de achicamiento de electos que tuvimos en 2016 y 2020 e iniciaremos una ascensión”, aseguró.