Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J: “Es probable que en Cuba se esté gestando otro estallido social”

Camila Rodríguez es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana, entre 2014 y 2019 coordinó múltiples eventos internacionales en el área de la cultura centroamericana e integró el colectivo de trabajo de instituciones como la Universidad de La Habana, la Casa de las Américas y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, entre otros proyectos.

Luego de las masivas protestas de julio de 2021 en su país, fundó -junto a otras siete mujeres- el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, donde se desempeña como directora de proyectos. La labor de esta ONG fue reconocida por organizaciones internacionales, entre las que se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watchs, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En diálogo con Infobae, la licenciada cubana, quien debió salir al exilio en México, se refirió a la crítica situación que atraviesan los presos políticos en la isla, denunció las torturas y malos tratos que reciben a diario; y aseguró: “Es probable que en Cuba se esté gestando otro estallido social. No estoy segura de si tomará la misma forma y dimensión del 11J, pero algo pudiese suceder, y pronto”.

— ¿Cuántas personas fueron detenidas el 11J en Cuba y cuántas permanecen todavía tras las rejas a casi tres años de ese día?

— De acuerdo con el subregistro de Justicia 11J, al menos 1.583 personas fueron detenidas y 675 permanecen tras las rejas. Es importante destacar que se trata de un subregistro, pues son apenas los datos que la sociedad civil, con ayuda de múltiples actores, ha podido verificar. El Estado cubano no ha hecho pública la cifra de personas detenidas por participar en las protestas.

— ¿Cómo es el trabajo de Justicia 11J, el grupo que usted fundó a raíz de las masivas protestas del 11 de julio de 2021? ¿Cómo surgió la idea de llevar adelante esta labor y qué complicaciones tuvo y tiene que sortear para visibilizar y denunciar los casos?

— Justicia 11J surgió el mismo día en que se iniciaron las protestas de julio de 2021 en Cuba (11J). El 11 de julio, ocho mujeres dentro y fuera de Cuba fundamos un grupo de trabajo temporal -era lo que entonces pensábamos que sería la plataforma- para monitorear y registrar las detenciones asociadas al estallido social de ese mes en la isla.

A través de chats de WhatsApp realizábamos nuestras comunicaciones internas, y en nuestros perfiles personales de redes sociales compartíamos nuestros hallazgos, y todo lo que las familias de las personas detenidas nos pedían visibilizar. Esta información la compartíamos en un grupo público en Facebook (Desaparecidos SOSCuba) que creció muy rápidamente, y que era administrado por todas las mujeres que participábamos de esa iniciativa emergente.

Poco después, surgió en el espacio digital la plataforma Justicia 11J (redes, e-mail, web), para dar seguimiento —con nuevas herramientas y una más pensada estrategia de difusión— a los procesos administrativos y penales contra manifestantes, y más recientemente, contra presos políticos en general. Nuestro trabajo, como se ve, se ha expandido, para dar seguimiento al recrudecimiento del cierre del espacio cívico en el país. El espacio cívico no existe, de modo que el propio contexto cubano va marcando los retos del alcance de nuestro trabajo diario, y va poniéndonos siempre la vara un poco más allá, en nuestro afán de intentar visibilizar, hasta donde le sea humanamente posible a una organización relativamente nueva y pequeña, abarcar las múltiples violencias del Estado cubano.

Además de lo ya mencionado, a lo largo de estos casi tres años, hemos sorteado múltiples retos y desafíos. Muchos de ellos los ha marcado el propio espacio cubano donde surgió Justicia 11J. Cuatro de las fundadoras permanecimos dentro del país hasta un año y medio después de que surgiera el grupo, y durante ese tiempo, fuimos víctimas de diversas formas de represión y hostigamiento para que abandonásemos la labor de periodismo independiente (Cynthia de la Cantera y María Matienzo) y activismo (Kirenia Yalit) que ya venían desarrollando tres de estas mujeres, o para intentar desmantelar Justicia 11J, en mi caso.

Muy cerca de las protestas y la represión, las familias nos colaboraban con información que llegaba espontáneamente a nuestros buzones personales de mensajería, y esto sucedía con cierta tranquilidad. Era un flujo de información casi inmanejable. Pero rápidamente, las propias familias que denunciaban también comenzaron a ser hostigadas por la policía política, y comenzó el temor a las represalias directas e indirectas por compartir informaciones y denuncias. Y a partir de entonces, hemos debido redoblar nuestros esfuerzos para conseguir información actualizada y verificada, y afianzar mucho más los lazos con aquellas fuentes de información que -de manera pública o privada- han continuado ayudándonos a mantener nuestras bases de datos actualizadas.

— Me imagino que mantener actualizadas esas bases de datos también es un reto...

— Sí. Las bases de datos son el sustento de todo nuestro trabajo; a partir de ellas, proveemos de información a la sociedad civil cubana, a organizaciones internacionales y medios de prensa, y elaboramos nuestros propios informes temáticos en los que describimos patrones represivos.

Otro reto ha tenido que ver con el proceso de profesionalización de la organización. En primer lugar, las personas que fundamos el grupo no estábamos implicadas desde antes con el sector de los derechos humanos en Cuba, si bien estábamos ya vinculadas con el periodismo independiente y diversos tipos de activismos. Eso requirió nuestros esfuerzos para ponernos al día con los temas que abordábamos y los que el contexto cubano nos iba obligando a abordar, y para insertarnos rápidamente dentro del ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil cubana, y de las organizaciones internacionales interesadas en el tema Cuba.

Por otra parte, todas las mujeres que fundamos la organización llevábamos una vida profesional activa, que debimos poner de lado por muchos meses, o abandonar en mi caso, para poder sacar los compromisos de la naciente organización. Con los meses, algunas chicas retomaron sus labores habituales, luego de que sus vidas cambiaran drásticamente, hasta que algunas debieron abandonar la organización. Hoy continuamos trabajando para Justicia 11J tres de las fundadoras: Eylin Lombard, Cynthia de la Cantera, y yo. A todas las otras chicas que hoy no están, agradecemos, y agradezco especialmente, todo el esfuerzo y la dedicación de todos los meses iniciales, en los que sin recursos, y con todo el dolor a flor de piel, intentamos devolver a sus hogares a todo un país encarcelado.

— ¿Cuáles son los patrones comunes respecto a los detenidos por el 11J? Sus familias denuncian persecución, no solo contra los presos, si no también contra ellos; además de malos tratos, torturas y aislamiento, entre otras situaciones…

— A lo largo de los años de trabajo han sido varios los patrones observados en relación con las personas detenidas el 11J. El primero tiene que ver con la cualidad de la detención misma, pues muchas de las detenciones, y a priori, pueden ser clasificadas como detenciones arbitrarias. La mayor parte de las personas fueron detenidas mientras protestaban pacíficamente, apenas gritando consignas, caminando o detenidas en el espacio público; es decir, no estaban realizando actividades violentas o contra los bienes del Estado. La violencia la desató el Estado, yo misma presencié cómo empezó en La Habana el lanzamiento de piedras y los disparos con balas. El pueblo no tenía intención de mutar el carácter pacífico de la protesta, y la mayoría de los eventos violentos documentados fueron reacciones en defensa propia. Son menos las prácticas de desobediencia civil registradas, que las reacciones en legítima defensa del pueblo. Muchas de las detenciones fueron violentas, y las redes están inundadas de videos que lo muestran.

También hubo muchas desapariciones forzadas. Algunas personas permanecieron incomunicadas y en paradero desconocido durante varias semanas. Luego, todos los Habeas corpus presentados fueron declarados sin lugar por los distintos tribunales provinciales. Y mientras, varias personas, en particular madres de manifestantes, fueron detenidas cuando exigían información en las comisarías de la policía.

Además, en todos los casos estudiados hasta el momento por Justicia 11J ha habido elementos múltiples de violaciones al debido proceso. Se celebraron juicios sumarios y ordinarios, a partir de documentación en la que se evidencia la nula separación de los poderes y el catéter politizado de los procesos. O sea, muchas personas fueron sometidas sancionadas por la “remarcada intención de denigrar el decoro del presidente y de distintos otros funcionarios públicos”, por gritar “frases ofensivas contra el proceso revolucionario cubano”, sobre todo si fueron pronunciadas ante sedes locales del Partido Comunista de Cuba y distintos órganos del Gobierno. A pesar de eso, la mayoría de las personas fueron sancionadas bajo figuras delictivas comunes como desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir. Si bien el delito de sedición se usó contra más de un centenar y medio de personas. Este sí es un delito político, y su marco sancionador se extiende hasta la pena de muerte.

Luego, está la situación dentro de las prisiones. Cada vez, las personas que permanecen en detención sufren decenas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos humanos. Esto incluye: reclusión en celdas de castigo por manifestar posicionamientos políticos en el penal; prohibiciones de llamadas telefónicas y visitas; negación de pases; golpizas; práctica de técnicas de tortura como interrogatorios intimidatorios y esposar con skaquiras durante horas; negación de entrega de medicamentos, artículos para el aseo y alimentos; vigilancias; exposición a hechos violentos por parte de reclusos peligrosos; negación del premiso para tomar el sol; amenazas con fabricación de nuevas causas; negación de libertad condicional; negación de asistencia religiosa; suspensión de pases, y denegación a la progresión a régimen de menor severidad, entre otros.

Y como dices, las familias también han sido víctimas. Por denunciar en redes sociales las barbaridades de la sentencia y la reclusión, y por pedir libertad. Algunas de las familias más notables y constantes en las denuncias han debido salir al exilio y dejar atrás a su familiar en prisión, a cargo de otras personas. Y las que permanecen en Cuba, sufren constantemente cortes de internet, vigilancias policiales, detenciones, sobre todo cuando Cuba recibe representación diplomática de la Unión Europea, por ejemplo, y se intenta impedir que estas familias se posicionen en redes sociales, o intenten realizar alguna protesta pacífica, o emprender alguna otra acción cívica.

— De los casos que usted representa, ¿cuál fue el que más le sorprendió?

— Creo que lo más fuerte que he visto, en relación con los casos que acompañamos desde Justicia 11J, tiene que ver con el tratamiento penal y luego en la detención, de varios grupos que, debido a su condición, son tratados por el sistema universal y el sistema interamericano como personas vulnerables.

Me impresionó mucho la detención y las peticiones fiscales de los menores de edad, niños menores de 18 años, a los que se le pidió en un primer momento hasta 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Y luego, todas sus vivencias en los penales, donde convivivían con adultos castigados por delitos comunes de alta peligrosidad.

También me impresionan mucho los distintos tipos de violencia a los que son sometidas las mujeres. La reclusión prolongada de mujeres madres, cómo se les impide ver a sus hijos, cómo las llevan a prisiones tan alejadas de sus residencias. Y también, todo lo que viven las personas de la tercera edad, o con alguna condición delicada de salud, física o mental.

— Justamente le iba a consultar al respecto. Muchos presos del 11J también sufren problemas de salud y el régimen no se preocupa de que sigan los tratamientos. ¿Esto también lo denunciaron ante la comunidad internacional?

— Desde el surgimiento de Justicia 11J, hemos dado seguimiento a las violaciones de derechos humanos y eventos represivos al interior de las prisiones cubanas, entre ellos, los que están relacionados con la negación de atención médica, no solo como “solución” a las carencias del régimen, sino también, como forma de tortura contra aquellas personas privadas de su libertad que mantienen una postura frontal sostenida dentro de las prisiones.

En marzo de 2022 comenzamos una campaña en redes sociales llamada “Miren las prisiones de Cuba”. Esta iniciativa pretendía incentivar que organizaciones internacionales entraran al país, visitaran sus prisiones y realizaran un balance realista de las condiciones de vida en las cárceles cubanas y, de ser posible, intermediaran en la resolución de casos y problemas identificados.

Estas metas no se cumplieron, sin embargo, durante la ejecución posicionamos los temas de las violaciones de derechos en las prisiones, y notamos el interés en estos temas por parte de la ciudadanía y la sociedad civil cubana, así como por parte de las organizaciones internacionales. Eso dio lugar al surgimiento de una nueva iniciativa, hermana de Justicia 11J, que es el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

— Cuéntenos acerca del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

— El Centro de Documentación surgió en febrero de 2023, y surgió como plataforma digital en agosto de ese mismo año. Recién la semana pasada compartimos en un evento público los resultados de nuestras labores de documentación de violaciones de derechos humanos en las cárceles de Cuba, entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

Estos temas, y otros relevantes, los hemos visibilizado a distintos niveles internacionales. Desde Justicia 11J y el Centro de Documentación hemos presentado informes ante instancias de la ONU y la CIDH. En 2022, enviamos reportes al Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC, por sus siglas en inglés), así como al Comité contra la Tortuta (CAT). En el 2023, como parte de coaliciones de organizaciones, enviamos siete contribuciones al cuarto Exámen Periódico Universal (EPU) de la ONU a Cuba. Y también enviamos una contribución al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Además, hemos participado en dos audiencias temáticas ante la CIDH. En una, la más reciente, de febrero de este año, específicamente tratamos la situación de las mujeres privadas de libertad, y abordamos patrones diferenciados de violencia contra este grupo vulnerable.

— Por último le quería preguntar si cree que el 11J puede repetirse. ¿La gente está perdiendo el miedo a la represión del régimen o, por el contrario, no sale masivamente como en el 2021 por temor?

— Las personas en Cuba cada vez tenemos menos miedo a la represión por participar en protestas. El 11J ha sido único en la historia de Cuba, no ha habido nada así antes, ni después. Pero es un hecho que la llamada encendida ese día no se ha apagado, y no parece que eso vaya a suceder. Es probable que en Cuba se esté gestando otro estallido social. No estoy segura de si tomará la misma forma y dimensión del 11J, pero algo pudiese suceder, y pronto.

Desde inicios de 2022, Justicia 11J ha documentado 377 incidentes de protestas en la isla, de distinta magnitud y tipo de acción. De ellas, 190 han sido masivas, es decir se han logrado reunir grupos numerosos de personas. Al igual que las protestas de julio de 2021, los nuevos gestos de protestas han sido reprimidos, algunos, de manera violenta. Y en muchos casos, ha habido personas detenidas. Nuestra organización ha registrado al menos 322 detenciones por protestar, desde el 2022. Solamente en lo que va de 2024, han ocurrido 87 de las protestas mencionadas, y 51 de las detenciones.

Cada vez hay más razones para protestar. Cada día que pasa bajo ese régimen es una nueva razón para protestar. El pueblo cubano ya no no puede aguantar las maneras miserables en que vive: no puede vivir sin comida, sin medicina, sin muchísimos otros servicios básicos, y tampoco puede más sin libertad. Eso es lo que cada vez más se escucha y se siente en las protestas, que ya no se puede vivir sin libertad.

*Camila Rodríguez emprendió esta semana una gira invitada por CADAL, organización sin fines de lucro que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. La activista participará en eventos en Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile, ciudades en las que se reunirá con funcionarios, legisladores y referentes de derechos humanos.