Cientos de comerciantes marcharon este viernes en las tres principales ciudades de Bolivia en reclamo al Gobierno del presidente Luis Arce por la falta de dólares, que lleva ya más de un año. Las concentraciones se produjeron en el llamado “eje central”, conformado por La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.
“El Gobierno tiene que poner sus buenos oficios para tener dólares, tranquilizar a nuestra gente y parar estas leyes”, declaró la dirigente gremial Mercedes Quisberth, que marchó en la capital. Por su parte, en Santa Cruz de la Sierra, los trabajadores cargaron carteles con frases como “¿Dónde están los dólares?”, “Queremos dólar circulando en Bolivia” y “No hay dólar”. El sector de los transportistas de carga internacional también adelantó que tomarán sus propias medidas y bloquearán la ruta que une La Paz con la región andina de Oruro la semana entrante.
A estos reclamos se sumó la exigencia de cesar con el proyecto de ley que busca habilitar a la Aduana a hacer controles en espacios como ferias callejeras y viviendas que funcionen como almacenes en el marco de la lucha contra el contrabando que, aseguran, perjudicará aún más su negocio.
Desde principios de 2023, Bolivia sufre una falta de liquidez de dólares, que se vio agudizada por la baja de las reservas internacionales netas (RIN), que de los USD 15.122 millones en 2014 bajaron hasta los apenas USD 1.796 millones, según el reporte del Banco Central del pasado 30 de abril. Inclusive, Fitch modificó su clasificación de deuda sobre el país a “basura” ante las amenazas a la estabilidad económica que enfrenta.
A raíz de ello, los comerciantes debieron buscar alternativas para poder seguir adquiriendo sus productos, que deben ser abonados en divisa a los proveedores. La principal solución fue recurrir al mercado informal aunque ello generó perjuicios a su actividad ya que el tipo de cambio rondaba los 8,50 bolivianos frente a la cotización oficial que oscilaba entre los 6,86 y los 6,96 bolivianos para la compra y la venta.
El Ejecutivo, en tanto, definió en 2023 vender los dólares de forma directa a través de su ente emisor y el pasado febrero sumó nuevos acuerdos con empresarios del sector privado, que incluyen la liberación de las exportaciones, la emisión de bonos por parte del Banco Central y otros incentivos para bajar el gasto en la importación de combustibles. Gracias a éstos se esperaba el ingreso de hasta USD 5.000 solo del sector agropecuario y minero.
Poco después, las autoridades aseguraron que la falta de liquidez respondió a un “ataque especulativo” del momento y a cuestiones como la caída en la producción y las exportaciones de gas natural pero que con el correr de los meses la situación se ha ido regularizando.
Así, este viernes, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, criticó el accionar del sector y aseguró que el Gobierno está “trabajando intensamente para poder afrontar este y cualquier otro inconveniente que se pueda presentar dentro de la economía boliviana”. A él se sumó el viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, Gustavo Torrico, que los acusó de orquestar un “sabotaje” y “conspirar” contra el Gobierno.
(Con información de EFE)