La cifra de presos políticos de la dictadura cubana creció a 1.100: 30 son menores y todos sufren torturas

La ONG Prisoners Defenders denunció este viernes que hay 1.100 presos políticos en Cuba. El dato supone un aumento en el número de personas privadas de su libertad por razones políticas en la isla, ya que en abril ingresaron a la lista 13 nuevos prisioneros políticos y salieron de la misma tan sólo cinco “tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta”, remarcó la organización en su reporte mensual.

“Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.100 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”, denunció el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en un audio enviado a Infobae.

Y completó: “En los últimos 12 meses, del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 180 nuevos presos políticos, un promedio de 15 presos políticos nuevos cada mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.217 prisioneros políticos, todos ellos torturados”.

El informe detalla que 30 menores permanecen en prisión por motivos políticos. “27 de ellos aún cumplen sentencia y tres aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En su último informe a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan ‘Escuelas de Formación Integral’, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior”, explicó la organización.

• 15 de los menores mencionados han sido ya condenados por “sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de cinco años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11J (las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021), los adultos en prisión política. En la actualidad, la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
• De nuestra lista actual, 225 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
• La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, es de 118 (incluyendo menores y dos de género trans), las que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
• Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual.
• Entre los presos políticos, se identificaron 297 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado.

El informe destaca que el régimen cubano quiere silenciar “a toda costa” a las familias de los prisioneros políticos del 11J en medios internacionales, y para ello dedica todos los esfuerzos represivos contra los periodistas independientes que aún trabajan en la isla.

“Un ejemplo es el caso de Camila Acosta, periodista en Cubanet Noticias y corresponsal del diario español ABC en la isla, cuando un operativo de la Seguridad del Estado se presentó a las 6 de la mañana del domingo 22 de abril en su domicilio, pero Camila se encontraba en Cárdenas (Matanzas) donde tenía previsto entrevistar a familiares de presos políticos. No obstante, enseguida la detuvo una patrulla -sin presentar ninguna orden ni explicación-, que la trasladó a la estación policial de Cárdenas, donde estuvo retenida una hora. De ahí la llevaron a La Habana”, consignó la ONG.

“En total me montaron en cuatro patrullas hasta llegar a La Habana (el trayecto es de 140 kilómetros)”, relató la comunicadora, quien, en declaraciones a ABC, comentó que el objetivo de acciones como esta es “evitar cualquier mínimo contacto entre la gente que quedamos aquí dentro de la isla. Están intentado aislarlos completamente. Saben que las historias de los presos políticos son temas sensibles, y están evitando a toda costa que yo haga mi trabajo”, denunció.

El reporte luego indicó que, “por estos motivos expuestos y no otros”, el Tribunal Provincial de Camagüey ha sentenciado a 15 años de privación de libertad a la joven Mayelín Rodríguez Prado (conocida en redes sociales como “La Chamaca”), sancionada por consumar la “propaganda enemiga” y “sedición” por haber retransmitido desde su teléfono móvil las protestas en el barrio del Pastelillo (Nuevitas, Camagüey) los días 18 y 19 de agosto de 2022.

En tanto, el periodista independiente Carlos Michael Morales, que había sido excarcelado a principios de marzo tras cumplir una sanción de dos años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara, fue detenido de nuevo el pasado 4 de mayo y se encuentra en Instrucción Provincial, en Santa Clara.

Otro reportero y ex preso político del 11J, Armando de Jesús Sardiñas Figuereo, fue detenido el domingo 14 de abril por la Seguridad del Estado, mientras realizaba una transmisión en directo por el “Día del Perro” para Cubanet Noticias, donde decenas de animalistas se dirigieron al cementerio de Colón (La Habana). Fue arrestado y llevado a la estación de Zapata y C, en El Vedado, y más tarde trasladado a la estación del reparto Alta Habana, donde vive actualmente. Ahí estuvo arrestado por más de 6 horas. “Estuve prácticamente secuestrado sin nadie saber de mí, sin permitirme una llamada”, relató al medio Diario de Cuba. “Una vez más, fui amenazado con prisión de hasta 15 años por tan solo ser periodista”, añadió. Armando Sardiñas fue condenado a 10 meses en prisión de trabajos forzados por el delito de desórdenes públicos, debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

También en abril, el 26, fue detenido el periodista independiente José Luis Tan Estrada cuando viajaba en autobús desde Camagüey hacia La Habana. Varios agentes de la Seguridad del Estado lo obligaron a bajar del autobús y lo trasladaron a “Villa Marista”, cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana. Allí estuvo detenido, en aislamiento, sufriendo malos tratos y continuos interrogatorios durante seis días por supuestos actos de “incitación a delinquir”, hasta el 1 de mayo que fue liberado tras una intensa campaña de medios independientes, activistas, organizaciones nacionales e internacionales y sociedad civil cubana, exigiendo su liberación. “Tan Estrada es una voz crítica al régimen cubano a través de las redes sociales y de su blog personal Tanteando Cuba, y como muchos otros periodistas independientes, ha sido multado por supuestas infracciones del Decreto Ley 370 que limita la publicación de información en redes sociales”, manifestó la ONG.

Por último, mencionó el caso de otro periodista independiente y realizador audiovisual en Baracoa (Guantánamo), quien fue detenido el 16 de abril. Se trata de Emilio Almaguer de la Cruz. Fue citado en la delegación de la Policía Nacional Revolucionaria, donde un agente de la Seguridad del Estado le advirtió que debido a su activismo y sus publicaciones en diversas agencias de prensa internacionales estaba incurriendo en la comisión de diversos delitos. Lo acusaron de “difamar” y hacer publicaciones “que denigran la integridad del Ministerio del Interior y al gobierno de Cuba”. Le advirtieron de que si quería que le levantaran la “regulación” (impedimento para salir de Cuba) tenía que dejar de hacer esas publicaciones y le levantaron un acta de advertencia. A lo largo del interrogatorio, lo agredieron físicamente y le dijeron que ellos tenían suficientes inventos para iniciar un proceso que lo llevaría a prisión, en el que la sentencia mínima era de ocho años. No es la primera vez que al periodista lo amenazan por ejercer un periodismo que muestra la realidad de la isla: pobreza, escasez y hambre.