Los recortes de Lula da Silva a la Policía e Inteligencia encienden las alertas por la seguridad de cara al G20 en Brasil

El Ministerio de Defensa, la Policía Federal y la Inteligencia de Brasil vieron recortados este año 430 millones de reales de fondos (84 millones de dólares) en el marco de la reforma fiscal aprobada por el Congreso en 2023. En concreto, los recortes fueron de 280 millones de reales (54,7 millones de dólares) para Defensa, 133 millones de reales (26 millones de dólares) para la Policía Federal (PF) y 17 millones de reales (3,3 millones de dólares) para la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). En una carta enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la PF reaccionó pidiendo 527 millones de reales (103 millones de dólares) de financiación adicional, advirtiendo de que, si ese dinero no llega, existe el riesgo de que sus operaciones e investigaciones se interrumpan a partir de septiembre.

En cuanto a la Inteligencia brasileña, también ha visto drásticamente reducir sus fondos. Este año, los 007 brasileños dispondrán de poco más de 80 millones de reales (15,6 millones de dólares), un presupuesto inferior al de Argentina en el mismo sector. Esta reducción de recursos, según la propia ABIN, podría poner en peligro las operaciones de contrainteligencia de Brasil en los principales eventos internacionales programados, desde la reunión del G20 en Rio de Janeiro en noviembre hasta la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP30, que tendrá lugar en Belém, en el estado de Amazonas, el próximo año. El riesgo es que estos eventos, como es frecuente, atraigan a espías extranjeros, de ahí la importancia del trabajo de contrainteligencia, del que se encargará el nuevo Centro de Inteligencia de Rio de Janeiro, pero que necesita financiación. El trabajo de la ABIN ha sido hasta ahora importante para la seguridad del país, a pesar de las interferencias políticas.

Fueron los 007 brasileños quienes identificaron recientemente a un espía de Putin que operaba en la embajada de la Federación Rusa en Brasilia, Serguei Alexandrovitch Chumilov. El hombre que llegó a Brasil en 2018 como primer secretario de la embajada, tras el descubrimiento de ABIN fue retirado a Moscú en 2023 gracias a una articulación diplomática del gobierno brasileño que en vez de arrestarlo le permitió repatriarse.

En cuanto al Ministerio de Defensa, los recursos disponibles son los más bajos de los últimos 10 años. “Estas restricciones generan fuertes impactos en el cumplimiento de contratos ya firmados (algunos con gobiernos y empresas extranjeras) para proyectos estratégicos de defensa”, reza la nota emitida por el propio ministerio.

No han faltado episodios paradójicos, como la gran fiesta del 27 de marzo, cuando Lula, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, y el presidente francés, Emmanuel Macron, inauguraron con todos los honores en Itaguaí, Rio de janeiro, el submarino S-42 Toneleiro, construido en colaboración con Francia: “En este astillero de Itaguaí vislumbramos la inmensidad del espacio marítimo brasileño”, declaró el presidente brasileño. Sin embargo, justo al día siguiente, la Marina brasileña sufrió un recorte del 83% de los fondos que iban a destinarse a Prosub, su programa estratégico de desarrollo de submarinos. Además se despedirá a 200 trabajadores, muchos de los cuales habían asistido con alegría a la ceremonia de botadura del submarino.

Como escribe el diario O Estado de São Paulo en un editorial, “es necesario hablar de defensa. Los gastos militares aumentan en todos los continentes, batiendo récords históricos. El mundo es más peligroso y, para ser fiel a su tradición pacífica, Brasil necesitará una defensa mejor”.

En los últimos 30 años, el gasto en defensa del gigante latinoamericano ha pasado del 1,8% del PIB al 1,2%. “Es prioritario revisar la calidad del gasto: el 85% se destina a salarios y prestaciones, y sólo el 5% a inversiones”, escribe O Estado de São Paulo, “entre los 29 países de la OTAN, sólo 9 gastan más del 50% en personal y sólo 3 destinan menos del 20% a inversiones. En las tres fronteras de la innovación militar, la cibernética, la nuclear y la espacial, Brasil se ha detenido en el tiempo. La base industrial de Defensa es pequeña para las necesidades nacionales y dependiente de las importaciones, lo que, a diferencia de las cadenas de valor en general, en el caso de la Defensa representa un grave riesgo estratégico”, concluye el diario brasileño.

También se está convirtiendo en un problema la ideologización de la defensa. El presidente brasileño, por ejemplo, el año pasado vetó la venta de vehículos blindados de fabricación brasileña que serían utilizados como ambulancias por los ucranianos y prohibió la venta de munición de tanques para Alemania que los quería girar a Kiev para no crear problemas en las relaciones con la Rusia de Putin. Además, el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula se opuso a la compra de tecnología militar y armas ligeras israelíes en represalia contra Netanyahu y el conflicto de Gaza.

“Si la crisis sigue escalando, podría llevar a la inhabilitación de la empresa israelí (Elbit Systems)”, explicó el pasado febrero el diputado del PT Carlos Zarattini, de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, a Marcelo Godoy, del Estado de São Paulo. El político se refería a una licitación de 36 carros de combate blindados en la que participaba esta empresa israelí junto con sus filiales brasileñas “Ares Aeroespacial e Defesa” y “AEL Sistemas”. “Israel corre el riesgo de perder. No es bueno para Israel seguir así. Si continúan los desacuerdos, será difícil proceder a la compra”, había declarado Zarattini. Dos meses después, el mercado siguió sus reglas y fueron los israelíes quienes ganaron la licitación de mil miliones de reales, 195 millones de dólares. Sin embargo, aún está por ver cómo reaccionará el gobierno. La semana pasada, el vicepresidente del PT, Washington Quaquá, también se pronunció sobre el tema, declarándose contrario a la compra de la 36 carros de combate blindados israelíes.

Mientras la política interviene con contundencia en las compras de las Fuerzas Armadas, en el frente interno lucha por contener un mercado clandestino cada vez más floreciente. En 2023, la Policía Militar de Rio de Janeiro, la PMERJ, incautó 492 fusiles al crimen organizado y las milicias locales, la punta de un iceberg mucho mayor que ha convertido a Brasil en un cliente de oro para el mercado ilegal de armas. De estos 492 fusiles incautados, según informó la propia Policía Militar, 227 resultaron ser de fabricación estadounidense. En diciembre pasado, la operación Dakovo de la Policía Federal había destapado una red internacional de tráfico de armas a Brasil desde Estados Unidos y Paraguay que había vendido más de 43.000 armas a las principales organizaciones criminales del gigante latinoamericano y movido 1.200 millones de reales, es decir 234,5 millones de dólares.

La red estaba liderada por el traficante de armas argentino Diego Hernán Dirísio, detenido en febrero en Córdoba, Argentina. “Cada año aumenta el número de armas incautadas. Este volumen absurdo de armas representa un gran desafío, que no puede limitarse a las fuerzas policiales de cada estado. Es esencial una acción integrada y coordinada con las fuerzas de seguridad del gobierno federal. Más del 90% de los fusiles incautados por la Policía Militar de Rio de Janeiro en 2023 fueron fabricados en otros países y llegaron aquí de alguna manera”, declaró en rueda de prensa el coronel Luiz Henrique Marinho Pires, el ex secretario de la PMERJ. Y hay muchas lagunas en los controles de este mercado ilícito que también suministra armas legales.

Un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) reveló las vulnerabilidades del ejército que en Brasil es la institución responsable de la expedición de licencias de armas a Cazadores, Tiradores y Coleccionistas, el llamado grupo de los CAC.

Según el informe, el ejército en el gobierno de Bolsonaro ha expedido licencias de CACs a más de 5200 condenados por delitos como narcotráfico y homicidio, con órdenes de captura pendientes, y a más de 22mil testaferros del crimen organizado. A esto se suman los frecuentes robos de armas y municiones pertenecientes a las fuerzas armadas y a la policía. Un reciente informe de la Policía Militar de Río de Janeiro denunció la falta de controles, especialmente sobre las municiones. Sólo en un batallón se encontraron 15.550 por debajo del valor indicado en el sistema informático de la PMERJ, el Sistema de Material Bélico. Y lo paradójico es que es la misma policía la que se queja de las pocas armas disponibles para combatir la amenaza cada vez mayor del narcotráfico, especialmente en Rio de Janeiro. En este mismo informe, la policía exigía al menos cuarenta fusiles más para no verse desprovista en caso de operaciones.

Mientras tanto, desde el punto de vista legislativo, muchas noticias han aparecido en el horizonte en los últimos días, revelando un tira y afloja cada vez más tenso entre el gobierno y el lobby de las armas en el Parlamento. La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados aprobó el 24 de abril un proyecto de ley complementaria que autoriza a los estados y al Distrito Federal a legislar sobre la posesión y portación de armas de fuego en casos de legítima defensa, prácticas deportivas y control de especies exóticas invasoras. La propuesta es claramente una dura reacción del lobby de las armas a la derogación por parte de Lula del decreto de Bolsonaro que facilitaba el acceso a las armas a los civiles. Lula, el mismo día de su toma de posesión, con un nuevo decreto suspendió el registro de nuevas armas para uso de los CAC y las autorizaciones de nuevos campos de tiro. El texto que firmó también prohíbe el transporte de armas cargadas, la práctica de disparar a menores de 18 años y la reducción del número de armas para los ciudadanos comunes de 6 a 3. La reciente votación de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados es también una dura reacción al Supremo Tribunal Federal (STF), que, en varias ocasiones, ha declarado inconstitucionales leyes estatales que facilitan el porte de armas. De hecho, el gobierno Lula, a través del Procurador General de la Unión ya canceló en el STF, en diciembre pasado, 12 leyes de 8 estados y 1 municipio que facilitan el acceso a la portación de armas a los CAC. En abril, el gobierno presentó dos nuevas solicitudes más para invalidar las normas vigentes en Paraná y Rio Grande do Sul.