La vida de lujos de la pareja de médicos colombianos acusados del mayor fraude con licencias laborales de salud en Chile

(Desde Santiago, Chile) Tres casas en un exclusivo condominio en Barranquilla, autos, joyas, fajos de billetes, zapatillas Dolce & Gabbana grabadas con su nombre y compras de dólares por más de USD 370 mil: Samir Rivaldo Hernández, a pesar de ser un médico, llevaba una vida de narco en Santiago de Chile.

Junto a su esposa, Yesica Donado Alvis - ambos cirujanos colombianos -, montaron por al menos dos años una verdadera mafia de licencias falsas. El negocio consistía en emitir licencias medicas sin siquiera ver a los pacientes y para ello constituyeron diversas sociedades de papel, a fin de manejar los flujos de dinero.

Dicho comercio creció de tal manera que se vieron obligados a contratar otros médicos extranjeros para que emitieran más licencias. Su estructura criminal, apuntan los investigadores, también se basó en utilizar testaferros para comprar bienes, siendo la propia madre de Samir una de ellos. Hoy, el Ministerio Público pide 28 años de cárcel para cada uno de ellos.

Según consigna un reportaje de BBCL Investiga, Samir y Yesica construyeron tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA.

Los documentos de la investigación detallan que entre 2020 y 2022 las empresas de papel erigidas por Rivaldo y Donado, emitieron —a través de diversos médicos pertenecientes a esta asociación— más de 71 mil licencias médicas fraudulentas. De estas, 52.557 fueron pagadas por Fonasa (el sistema público de salud) lo que generó un perjuicio al fisco chileno superior a los $26 mil millones (USD 28 millones).

Ninguna de las tres empresas existió físicamente y además, otros cinco galenos que eran parte de la organización criminal, también constituyeron múltiples sociedades médicas que operaban bajo la misma modalidad.

Sorprendentemente, las licencias se podían adquirir por redes sociales y la venta se concretaba por WhatsApp. También había captadores que se dedicaban a conseguir “clientes”, quienes ganaban una comisión dependiendo los días de reposo. Mientras más días pidiera de licencia el “paciente”, más alta la comisión.

Para los “pacientes” los montos eran variables. Los afiliados a Fonasa pagaban $35.000 (USD 38) por una licencia de 1 a 11 días y $75.000 (USD 80) por una de 22 a 30 días.

Para los usuarios de Isapre (el sistema privado de salud), el valor partía desde los $75.000 por 11 días de licencia, hasta los $95.000 (USD 100), por 16 a 21 días de descanso.

“La naturaleza de la actividad ilícita desarrollada por los acusados a lo largo de los años les generó millonarias utilidades, las que han significado un importante incremento patrimonial, principalmente en la adquisición de bienes con dichos recursos, tales como bienes inmuebles y vehículos motorizados”, detalla la acusación ingresada por el fiscal de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Álvaro Pérez Galleguillos.

Y es que el líder de la banda compró al menos dos casas en Barranquilla. Uno, usando la figura de testaferro de su madre, Luz Marina. La otra, con su nombre. Esta última se trata de la más lujosa: el domicilio, de estilo mediterráneo, se emplaza en un acomodado sector de la ciudad caribeña. Su pareja, Yesica, también adquirió una tercera vivienda en la misma zona.

“Todas las propiedades fueron pagadas con dineros ilícitos generados en Chile, producto de la emisión de licencias médicas fraudulentas”, estipula la denuncia.

Lo anterior quedó acreditado porque envió dólares a Colombia a través de órdenes de pago provenientes de las cuentas de sus empresas médicas Dr. Mitite SPA y Servimed SPA.

Samir también figura con dos vehículos que fueron comprados mediante otro testaferro. Dos Hyundai que bordean los $6 millones cada uno.

Cuando la Policía de Investigaciones los detuvo les incautaron cajas fuertes con fardos de 10.000 dólares, iPhones nuevos y laptops. También tenían ropa de lujo y joyas de oro.

El análisis bancario demuestra los altos montos que manejaba el doctor. Gran parte terminaba en las remesas enviadas a Colombia, donde su hermana y su madre eran las principales beneficiadas. Los papeles exponen que ambas recibieron 52 envíos de dinero.

Sumado a eso hubo otras transferencias a siete personas diferentes y el propio Samir se depositó a sí mismo 29 veces. Otras instituciones financieras como Khipu y Western Union informaron que el acusado despachó al extranjero más de $31 millones de pesos (USD 33 mil) entre 2021 y 2022.

En Chile su cuenta corriente tenía depósitos y abonos por $1.308 millones (USD 1,4 millones). Uno de los más altos montos era el “pago de inversiones”, pero hasta la fecha Fiscalía no ha podido establecer en qué consiste este ítem.

“No es posible establecer si cada una de estas operaciones de inversión provienen de una acción individual o existe un rescate previo”, expone la denuncia.

Rivaldo también recibía un sueldo de parte de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la Municipalidad de San Bernardo, donde estaba contratado.

“El imputado mezcló en sus cuentas bancarias dineros que percibían por actividades lícitas, con ingresos provenientes de acciones ilícitas, como lo es el pago generado por la venta de licencias médicas fraudulentas. Este hecho, buscó ocultar o disimular el real origen de sus fondos, contaminando cualquier uso que se le diese a ese dinero”.

Por último, Samir hizo 30 compras de dólares, adquiriendo unos USD 380 mil.

Como era de esperar, aquellas personas que compraron la mayor cantidad de licencias también están bajo el ojo del Ministerio Público. Fue la ministra de Salud quien en su momento declaró que se les perseguirá por beneficiarse del uso fraudulento y recibir el dinero que devuelve al paciente Fonasa.

La pena solicitada para cada uno es de 28 años de presidio por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, fraude de subvenciones y emisión, obtención y tramitación de licencias falsas.

Adicionalmente, el Ministerio Público pide una multa de $5 mil millones de pesos (USD 5,3 millones) para Samir y $3 mil millones (USD 3,2 millones) para Yesica.

El juicio oral quedó fijado para el 4 de junio próximo.