Ecuador aprobó una ley que otorga más poder a la Fuerza Aérea en la lucha contra el narcotráfico

La Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional de Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo del país. Esta nueva normativa, respaldada por 122 votos, confiere a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la facultad de emplear la fuerza contra aeronaves que ingresen al espacio aéreo nacional con intenciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Entre los puntos destacados de esta ley se encuentran las disposiciones para erradicar pistas clandestinas utilizadas por grupos criminales, el requerimiento para que los propietarios denuncien actividades ilícitas relacionadas con aviones, y el control de drones y aeronaves no tripuladas en áreas consideradas como zonas seguras del Estado.

Adicionalmente, se contempla la confiscación de aeronaves empleadas en actividades ilegales, las cuales podrían ser asignadas a la FAE, las Fuerzas Armadas o la Policía una vez que se haya establecido su decomiso. La FAE será la entidad encargada de supervisar el espacio aéreo, aunque se prevé también una coordinación con otras fuerzas como parte fundamental para asegurar una implementación eficaz de las medidas establecidas.

Esta propuesta legislativa surge como respuesta ante las preocupaciones sobre el tráfico de drogas y otras operaciones ilícitas que utilizan el espacio aéreo ecuatoriano para llevar a cabo sus actividades.

Ahora la ley debe ser enviada al presidente Daniel Noboa para que decida si la aprueba en su totalidad, la veta por completo o realiza un veto parcial.

En enero de este año, tres pistas clandestinas fueron destruidas por las fuerzas militares de Ecuador en la provincia del Guayas, una de las más violentas del país. En el 2023, según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, se han identificado un total de 54 pistas clandestinas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico en Ecuador. De estas, 40 están ubicadas en la provincia de Manabí, 14 en Santa Elena y el resto se encuentran en Los Ríos. En agosto del 2022, los militares detectaron al menos 139 pistas áreas clandestinas.

Ecuador se ubica en uno de los países claves para el tráfico de cocaína desde América hacia distintos destinos del mundo. El Departamento de Estado estadounidense ya había identificado a este país como atractivo al narcotráfico por las rutas para el envío de la droga a los países norteamericanos y europeos. Aunque Ecuador no es considerado un país productor, sí se encuentra entre los dos mayores elaboradores de cocaína: Colombia, al norte, y Perú, al sur.

Además, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes, operan en Ecuador, según el más reciente estudio publicado por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Para la Policía, la principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico se genera por la ubicación geográfica del país. A esto se suma, la poca extensión territorial que permite la movilización entre las fronteras en un tiempo aproximado de 12 horas. La dolarización y el bajo nivel de bancarización permiten el blanqueo de capitales y el perfil costanero, con varios puertos pero con pocos controles facilita el tráfico ilegal de drogas: “El conjunto de riesgos y debilidades, han convertido al Ecuador en una plataforma priorizada para el acopio y envío de droga a los mercados internacionales mediante las modalidades de tráfico marítimo, terrestre y aéreo”, se lee en el estudio.

Al referirse a los grupos organizados transnacionales que operan el país, el análisis detalla las actividades del Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, con presencia en 17 estados de México y 54 países del mundo. De acuerdo con la Policía, este cartel opera en Ecuador desde el 2003: “mediante emisarios o representantes de este grupo organizado, para coordinar la salida de droga a través de aeronaves, lanchas rápidas o Go Fast y contaminación de contenedores con destino a Centroamérica y Norteamérica”.