Dos informes revelan el impacto del totalitarismo en la sociedad cubana

Dos recientes informes del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 –”Cuba: totalitarismo y haitianización” y “El totalitarismo en Cuba”– exponen el impacto del totalitarismo en la sociedad cubana.

El autor de ambos trabajos es Agustín Pantoja, quien en realidad es el seudónimo de un miembro del Consejo Asesor de Cuba Siglo 21 residente en la isla. “La publicación de estos ensayos con su verdadero nombre lo condenaría a años de cárcel según las leyes totalitarias vigentes”, aclara la publicación.

Cada vez es más frecuente escuchar a cubanos decir que Cuba está igual o peor que Haití. En Cuba, con una historia diferente a la de Haití, la implantación de un sistema totalitario después de 1959 generó las bases del deplorable estado actual. Como resultado Cuba, de uno de los países latinoamericanos de mayor progreso hasta esa fecha, en el año 2024 se aproxima a Haití: el país más atrasado del Hemisferio Occidental. Un retroceso, que el autor ha denominado “haitianización”, demostrativo que pueblos con historias y condiciones diferentes, pueden arribar a situaciones similares por caminos diferentes.

¿Por qué la haitianización? Por el creciente deterioro del país: aumento de la desigualdad social; ciudades como La Habana, antes florecientes, hoy en ruinas; calles abarrotadas de basuras porque su recogida no funciona, y cada vez más personas hurgando en los contenedores en busca de alimentos o cualquier cosa “útil”; cubanos mal vestidos; calles y aceras destruidas; escuelas y hospitales en estado deplorable; derrumbe creciente de viviendas; grave deterioro de la asistencia hospitalaria y educacional; disminución significativa del transporte; escasez y alto costo de los alimentos; falta de perspectivas reflejada en el creciente éxodo masivo; proliferación del mercado negro y de Mipymes, con productos a precios impagables para la mayoría de los cubanos; y un Estado incapaz -¿o renuente?- de garantizar las necesidades básicas de la población.

En febrero de 1959, Fidel Castro, una vez incumplido el compromiso expuesto en 1953 en el juicio por el asalto al cuartel Moncada, de celebrar elecciones libres y restaurar la Constitución de 1940, anunció que “aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación”. Sin embargo, el gobierno revolucionario desmontó la sociedad civil, erradicó la propiedad privada, suprimió las libertades, implantó un sistema totalitario con el que desapareció el ciudadano, agente activo e imprescindible para el progreso social.

La ineficiencia de la economía centralizada fue reconocida en 2018 por la Contraloría de la República: de 402 empresas comprobadas el 39% se evaluó de mal y el 19% de deficiente, con pérdidas de más de 2.000 millones de pesos, el doble del detectado el año anterior, cuando 369 empresas arrojaron pérdidas por 1.057 millones. Mientras el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), una entidad independiente dedicada a la investigación y el análisis de temas críticos de la sociedad cubana, en su análisis del primer semestre de 2023 muestra una escalada de delitos y crímenes violentos, cuyo crecimiento, paso a paso, recorta la distancia con la situación de Haití.

La ingobernabilidad de Haití por las razones expuestas y la situación de Cuba, por caminos y razones diferentes, han conducido a la pobreza de esos dos pueblos.

En el caso de Cuba se explica porque el poder se gerencia con un régimen totalitario que en esencia es el mismo que se impuso al país cuando se tomó el poder por las armas en 1959: poder que nunca se ha sometido a elecciones libres, lo que le ha permitido mantener a los cubanos sometidos durante décadas y a tomar decisiones sin consultar al pueblo.

La injustificada insistencia en conservar la empresa estatal “socialista” como eslabón esencial de la economía para mantener subordinadas las formas privadas a la ineficiente propiedad estatal, unida a la concentración de los poderes públicos en un Estado-Partido-Gobierno, conformado por una élite ajena a los intereses y necesidades del pueblo, están entre las causas fundamentales del camino que está conduciendo a Cuba hacia la haitianización, sostiene el autor.

Este informe analiza tres factores que han caracterizado al sistema totalitario cubano: la aniquilación de la propiedad privada, la corrupción y el éxodo.

El autor considera que la estatización de la propiedad suprimiendo la libertad de empresa y mercado constituye el elemento clave que al final –a falta de un mecenas que financie sus deficiencias– ha conducido a la crisis multisistémica que ha empujado a más del 80% de la población a la extrema pobreza.

Un breve recuento de cómo el gobierno cubano en la segunda mitad del siglo 20 se apoderó de las riquezas del país se inicia en mayo de 1959.

La Primera Ley de Reforma en Cuba confiscó extensiones agrícolas y otorgó títulos de propiedad a arrendatarios, pero el 40% de la tierra confiscada pasó a manos del Estado. En 1960, la Ley 851 expropió bienes de estadounidenses, seguida por la nacionalización de empresas bancarias. La Ley 890 de octubre de ese año expropió grandes empresas, mientras que la Ley 891 afectó a bancos privados. En diciembre de 1961, la Ley 989 confiscó bienes de los cubanos que se ausentaran del país. La Segunda Ley de Reforma Agraria en 1963 estatizó más tierras, lo que expandió las tierras estatales al 70% del total. La “Ofensiva Revolucionaria” de 1968 liquidó las más de 55 mil pequeñas y medianas empresas que todavía estaban en manos de cubanos. Esta última medida demostró que el verdadero objetivo de las “nacionalizaciones” era la estatización absoluta de la economía. En 1975, mediante un falso proceso de cooperativización, gran parte de las tierras que pertenecían a pequeños agricultores, fueron convertidas en “cooperativas” estatales. De esa forma el latifundio estatal abarcó el 75% de las mejores tierras cultivables del país. Subsiguientes decretos intentaron revertir el declive económico sin éxito.

En los años cincuenta del pasado siglo, la producción nacional ubicó a Cuba en los primeros lugares en estándar de vida en América Latina. Las empresas en manos de cubanos, además de azúcar, café, tabaco y ganado, producían, calzado, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulces, pescado, carne de cerdo, de aves, derivados de la leche y otras. Cerca del 80% de lo que se consumía se producía en el país. Hoy, como resultado del proceso descrito, Cuba produce el 20% de lo que consume, e importa el 80%. Más bien importaba, porque la escasez de divisas actualmente lo impide. En resumen, la estatización de la propiedad sobre los medios de producción y de los servicios condujo al país a la ruina.

Los resultados de la estatización pueden ejemplificarse con cuatro importantes renglones productivos tradicionales en la Isla: azúcar, ganado bovino, café y tabaco. En 2022 Cuba produjo 460.000 toneladas de azúcar: una cifra menor a la alcanzada en 1861. La otrora mayor productora de azúcar del mundo, hoy la importa.

El ganado bovino, segundo renglón en importancia en la economía cubana, en 1958 alcanzaba una proporción de una cabeza de ganado por habitante, proporción que decreció en 1967 a 0,74 per cápita. Hoy se calcula en menos de 0,32.

Los planes voluntaristas de convertir a “Cuba en la Suiza de América”, creando una nueva raza productora de abundante de carne y leche han sido un descalabro. Para garantizar un vaso de leche a los menores de siete años hubo que aceptar en silencio los donativos del Programa Mundial de Alimentos, plan que se ha mantenido por más de 20 años

En cuanto al café en Cuba, para 1830 Cuba ocupó el lugar de Haití como primera exportadora de café en el mundo. En 1960 se produjeron 60.000 toneladas. Sin embargo, en 2010 la cosecha se había reducido a la décima parte (6.000 toneladas) lo que obligó a importar el grano para cubrir parcialmente las necesidades internas.

Por otro lado, el tabaco, según las Estadísticas de TABACUBA del año 2001, en los veinte años que van de la cosecha de 1980-1981 a la de 1999-2000, descendió de 53.696 a 37.987 toneladas de hojas. Veinte años después, entre 2018 y 2020, se recolectaron algo más de 30 mil toneladas anuales. Mientras la cosecha de 2021-2022 quedó por debajo de esa cifra.

Mientras que en los primeros años de “Revolución Socialista” se llevó a cabo el proceso de la estatización de la propiedad, a partir del 2008 bajo el mandato de Raúl Castro se consolida la “privatización del poder” mediante el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) transformándose en estado comunista totalitario a un estado mafioso postcomunista. GAESA adquirió un inmenso poder económico, controlando el 70% de la economía cubana y el 95% de las finanzas del país. Este gigantesco monopolio, operando a través de empresas subordinadas y el Banco Financiero Internacional, ejerce un control prácticamente absoluto sobre todas las actividades económicas lucrativas en la isla.

Otro factor del totalitarismo es la corrupción, que, aunque es un mal presente en todas las sociedades y en todas las épocas, fue convertida en política de Estado por el totalitarismo cubano para someter a los funcionarios y mantenerlos fieles. Esta estrategia hizo de ese flagelo un cáncer que invadió a toda la sociedad.

La corrupción en la historia de Cuba no es nueva. Lo nuevo es su presencia en todos los estratos sociales. La ola de expropiaciones —que comenzó por las grandes propiedades extranjeras y no se detuvo hasta eliminar las más pequeñas propiedades en manos de cubanos— sentó las bases para que la corrupción irrumpiera en toda la sociedad y todas las actividades.

El informe incluye una cronología de casos de corrupción que comienza en 1987 con el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez Muñiz —quien había ocupado el cargo de secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y era miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC).

Todos los esfuerzos por controlar la corrupción han sido infructuosos. Pero el tema de la corrupción pasó a una escala superior cuando en las primeras décadas del siglo XXI el régimen comunista, al igual que sucedió en Venezuela, Rusia y otros países en el mundo, se transforma en un estado mafioso controlado por una oligarquía. Esa transición se hizo en Cuba desprendiéndose de las responsabilidades públicas y sociales del estado comunista – empleo asegurado, pensiones suficientes, salud, educación, vivienda, servicios de electricidad y agua, así como canasta familiar a precios asequibles- pero sin abandonar el modelo totalitario de control político, económico, cultural. El nuevo estado mafioso-totalitario se desentendió del bienestar de los ciudadanos, pero no ha permitido que busquen por sí mismos la prosperidad. La nueva clase ya no es burocrática sino empresarial. Sus privilegios de vivienda, trasporte, vacaciones y otros ya no están asociados a sus cargos burocráticos, sino a propiedades de en sociedades anónimas y cuentas en el extranjero. Los privilegios de ciertos militares y burócratas palidecen al lado de los de la nueva oligarquía.

En ese nuevo contexto, la Contraloría de la República es una entelequia sin potestad real para inspeccionar la economía en manos del principal desfalcador de la riqueza nacional, que es la nueva oligarquía, cuyos engendros —como el conglomerado militar GAESA que no puede ser auditada— operan a espaldas no sólo de la propia contraloría, sino —lo que es peor— al margen de toda supervisión institucional y en contra de los intereses del pueblo.

La permanencia y crecimiento de la corrupción —después de décadas dictando medidas de control, formando cuerpos de inspectores, y grupos de inspectores para inspeccionar a los inspectores, de realizar infinitos juicios “ejemplarizantes”, de llamar al pueblo a combatir al pueblo, de culpar a la política de Estados Unidos de los males generados por el totalitarismo; de pronunciar discursos y realizar llamados ideológicos—, demuestra que las acciones sobre los efectos, ignorando sus causas, son incapaces de erradicar o, al menos, reducir el mal.

La solución parte de reconocer al Estado totalitario como causante principal de la corrupción generalizada, restablecer las libertades ciudadanas, descentralizar la economía, y permitir la formación de una clase productiva nacional.

La principal causa del éxodo es interna: este comenzó antes de las administraciones de Joe Biden, Donald Trump y Barack Obama; antes de las medidas “reformistas” implementadas por Raúl Castro en el año 2008, de la Ley de Ajuste de 1966, e incluso antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1961. De mantenerse sus causas, el éxodo continuará porque es imposible de detener sin cortar su raíz: el modelo totalitario, enemigo de la democracia y causante de la pobreza.

La causa de la emigración comenzó en 1959 con la estampida de cubanos huyendo del totalitarismo implantado que implantó la pena de muerte, las confiscaciones arbitrarias, de propiedades, largas sentencias de prisión, suprimió todas las libertades, disolvió la sociedad civil y destruyó la institucionalidad existente. La prolongada duración del éxodo, su aumento en espiral y la diversidad sociológica de los emigrados, constituyen razones suficientes para enfrentar su verdadera causa, que no es otra que el control totalitario del Estado sobre las cosas y las personas que ha impedido a los cubanos realizar sus aspiraciones dentro de las fronteras nacionales.

El informe afirma que el colapso del régimen totalitario cubano es un hecho. El intento de solución a la crisis cubana mediante cambios de líderes o cualquier otro cambio cosmético es insuficiente. La experiencia del último siglo demuestra que, en Cuba, tanto por su historia como por su cultura y su estado actual, cualquier solución a la crisis actual, requiere de cambios estructurales.

Lo debatible es, en todo caso, el modo (pacífico o violento) en que inevitablemente transitará hacia otro sistema y si la sociedad que emerja después de ese cambio todavía será autocrática (aunque ya no totalitaria) o finalmente democrática. Resulta alentador que el recién surgido movimiento social por las “5 Libertades contra el Totalitarismo” focaliza en ese régimen la raíz de todos los males y propone un camino de libertades básicas para asegurar que el cambio que llegue a producirse apunte hacia una sociedad democrática, con estado de derecho y economía de mercado.