Brasil lanza nuevas reglas contra la desinformación y Google eliminará los anuncios pagos para las elecciones municipales

Ayer se celebró en San Pablo el primer evento del G20 sobre la integridad de la información, en el que se debatió sobre la lucha contra la desinformación, el discurso del odio y las amenazas a la democracia. En la ocasión, se presentó el informe “Ataques y desinformación de género”, elaborado por el centro de análisis TheNerve, fundado por la Premio Nobel de la Paz Maria Ressa. Se trata de un mapa exhaustivo de la desinformación en Brasil que ha afectado especialmente a las mujeres, ya sean periodistas o políticas según revela el análisis de más de 1,15 millones de publicaciones en X (antiguo Twitter), Facebook y comentarios en YouTube entre 2019 y 2024. El discurso de odio difundido en línea buscaba socavar la reputación pública y la credibilidad de estas mujeres y se amplificó en páginas de Internet de extrema derecha. Para Maria Ressa, “es como introducir un virus en una población: no sabes cuántos cogerán la enfermedad hasta que empiezas a notar cada vez más gente con la fiebre”.

La discusión sobre la cuestión de la desinformación y el discurso de odio llega en un momento delicado para el debate sobre las plataformas sociales y su regulación en Brasil, especialmente de cara a las elecciones municipales del próximo octubre que ya se vislumbran como un nuevo teatro de la polarización política extrema y del populismo. Avanzan en TikTok e Instagram las estrategias de comunicación de varios precandidatos que optan por sketches cómicos para apelar al vientre de los votantes y captar su lado emocional. Es el caso, por ejemplo, de Rodrigo Manga, del Partido Republicano, alcalde de Sorocaba, en la provincia de San Pablo, que pretende volver a postularse. En unos segundos de vídeo, se le ve cómo le arrojan un cubo de agua para transmitir el mensaje de que su ciudad cuenta ahora con un sistema público de tuberías. Sin embargo, el escenario general es más tenso de lo que muestran estos vídeos de TikTok. En estos momentos, la presión política sobre las grandes tecnológicas es alta tras la polémica del tycoon de X Elon Musk con el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A principios de abril, Musk había atacado a de Moraes, llamándolo “censor” y “dictador” por su orden de bloquear algunos perfiles de bolsonaristas brasileños en su plataforma. Aunque el multimillonario no ha reabierto las cuentas, como había amenazado, las notificaciones judiciales de de Moraes enviadas a X han sido hechas públicas por una comisión del Congreso estadounidense. Estas polémicas han encendido el discurso político de la derecha de Bolsonaro, que en el último mitin en Rio de Janeiro habló de censura, un tema con el que seguramente cabalgará su Partido Liberal (PL) en la campaña de las elecciones municipales. Además, el testimonio de Elon Musk ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos será utilizado por la oposición brasileña para intentar reunir votos para el impeachment de Alexandre de Moraes. Los diputados críticos con el juez admiten hoy que no cuentan con los 54 votos necesarios en el Senado para aprobar un pedido de destitución. Pero creen que el “factor Musk” podría cambiar el escenario. Sin embargo, hasta la fecha, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del partido Progresistas, todavía no ha formalizado el grupo de trabajo para elaborar un nuevo proyecto de ley de Fake News, anunciado por el mismo diputado hace 20 días. La idea de reanudar el debate sobre este asunto que lleva un año debatiéndose en la Cámara sin consenso, ha resurgido a raíz del enfrentamiento entre de Moraes y Musk. Mientras tanto, de Moraes impuso el secreto a finales de abril sobre una acción de la Abogacía General de la Unión (AGU) que busca la suspensión de X de Brasil. La petición del Fiscal General de la Unión Jorge Messias se basó en la Ley Anticorrupción al considerar que la plataforma cometió un acto perjudicial para la administración pública al “obstruir las actividades de investigación o fiscalización de órganos, entidades y agentes públicos”. “Por el momento, la lucha contra la desinformación la lidera el STF, con cierto subjetivismo y politización, lo que ha llevado a decisiones que ponen en riesgo la libertad de expresión de los usuarios”, explicó a Infobae el abogado brasileño André Marsiglia, experto en libertad de expresión y derecho digital. “Brasil necesita un consenso sobre cómo regular las big tech. Este debate debe tener lugar en el Congreso con la participación efectiva de las plataformas. No se ha pasado esto hasta ahora y sólo ocurrirá cuando y si el STF deje de liderar el debate” dijo Marsiglia.

Sin embargo, más allá del tira y afloja entre Musk y de Moraes, algunos cambios que se están produciendo en Brasil están alterando el escenario de estas elecciones. El 1 de marzo, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que desde el próximo 3 de junio no tendrá más como presidente a de Moraes (saldrá después de dos mandatos también del organismo colegiado del TSE), estableció nuevas reglas para limitar el uso de la inteligencia artificial y contrarrestar la desinformación. El resultado es que gigantes como Google ya han decidido renunciar a parte del próspero mercado en Brasil durante las elecciones. De hecho, la nueva resolución del TSE establece que las plataformas deben mantener un archivo que permita monitorizar en tiempo real la información sobre los anuncios, como el contenido, la cantidad pagada, el anunciante y el público objetivo, en los casi 5.000 municipios donde dentro de un mes comenzará la campaña electoral.

El punto más crítico de la resolución es el artículo 9E, según el cual las plataformas serán corresponsables “civilmente y administrativamente cuando no promuevan la indisponibilidad inmediata de contenidos y cuentas durante el periodo electoral, en los siguientes casos de riesgo”. El artículo prevé la retirada inmediata de publicaciones “antidemocráticas” que vulneren determinadas leyes, incluida la relativa al Estado democrático de Derecho, de “hechos notoriamente falsos o gravemente descontextualizados” sobre el proceso electoral, de “graves amenazas directas e inmediatas de violencia o incitación a la violencia” contra miembros de la judicatura, de “discursos o comportamientos de odio”, incluidos “racismo, homofobia, nazismo, fascismo o ideologías de odio” y de “contenidos fabricados o manipulados” por inteligencia artificial sin ser etiquetados como exige la resolución. De hecho, otorga a las empresas propietarias de las plataformas una enorme responsabilidad y hace posible legalmente que cualquiera pueda procesarlas.

En respuesta, Google anunció que dejaría de permitir la publicación de anuncios políticos debido al elevado coste y a la complejidad de la moderación exigida por el STF. “Estamos actualizando nuestra política de contenido político de Google Ads para dejar de permitir que se muestren anuncios políticos en Brasil”, declaró la empresa en un comunicado. “Esta actualización tendrá lugar en mayo, antes de las resoluciones de las elecciones de 2024. Tenemos el compromiso global de defender la integridad de las elecciones y seguiremos dialogando con las autoridades sobre esta cuestión”.

“La resolución electoral del TSE es ambigua en varios puntos”, explicó a Infobae André Marsiglia. “Las plataformas optaron por no prestar el servicio porque la resolución no define claramente la diferencia entre contenido periodístico y publicitario, este último tratado con normas muy estrictas en las elecciones. Además, hay varios requisitos burocráticos imposibles de cumplir en la práctica. Las plataformas acabarían por no poder protegerse de las multas” dijo Marsiglia. Sin embargo, como bien se pregunta la experta en información Luciana Moherdaui en el sitio de noticias Poder360, “¿cómo podrán los candidatos sin recursos operar fuera de los medios tradicionales si las reglas se orientan cada vez más hacia el control? Es cierto que la Inteligencia Artificial ha traído consigo una serie de peligros, pero no se puede ignorar que su uso puede contribuir a una multitud de actividades, como la redacción de discursos, la solicitud de donaciones y la traducción (en los EE.UU., es necesario llegar a los votantes en español, por ejemplo). Sería mejor que el STF centrara los recursos en la distribución, viralización y alcance, independientemente de la tecnología del momento”.

La resolución del STF, según los expertos, va en la dirección exactamente opuesta a la ley del llamado Marco Civil de Internet, que celebra estos días su décimo aniversario. Se trata de la ley que hasta ahora ha regulado las redes sociales en Brasil y que estipula que las empresas sólo pueden ser sancionadas civilmente por contenidos de terceros si no son retirados tras una orden judicial, salvo en casos de desnudos no consentidos o violación de la propiedad intelectual. Las nuevas normas electorales también van en contra de otra ley del país, la de las “elecciones”, según la cual las plataformas sólo pueden ser multadas tras una notificación judicial y sólo serán responsables si se demuestra que tenían “conocimiento previo” de la publicación.

El debate en curso en Brasil también reaviva, según los expertos, la cuestión de la restricción del derecho a la información. De hecho, la decisión de la AGU contra Musk va en la dirección de convertir en delito la divulgación de información confidencial a los tribunales. En este caso concreto se trata de los Twitter Files Brasil, es decir, documentos internos de X, en los que se citaban decisiones de la justicia brasileña, publicados por el periodista estadounidense Michael Shellenberger. Entre los documentos había algunas decisiones del Tribunal Superior Electoral, otras del STF y unos despachos de Alexandre de Moraes. La AGU consideró esta divulgación como un delito penal. “El argumento de que es un delito penal revelar secretos de Estado es lo contrario de lo que el periodismo promete ser. De lo contrario, hacemos trizas los ejemplos más preciosos de la historia de la prensa, como fue el caso de los Papeles del Pentágono, en los años 60, sobre los secretos del gobierno de EEUU sobre la guerra de Vietnam”, critica el columnista Francisco Leali en el diario O Estado de São Paulo.

En los últimos días ha causado polémica la decisión de un juez del estado de Pernambuco, que, además de retirar sus artículos de las plataformas, ha pedido la detención del periodista Ricardo Antunes, huido a España. Su defensa denunció “la censura, absolutamente prohibida por la Constitución, así como la prisión preventiva, ambas inconstitucionales, ilegales y, por tanto, deben ser revocadas”. El periodista había denunciado la compra de terrenos por un fiscal en la isla de Fernando de Noronha, que es en gran parte un parque nacional y donde los habitantes no pueden comprar propiedades. En este delicado contexto, el gobierno Lula saltó a los titulares al contratar la semana pasada a cuatro empresas de comunicación para “luchar contra las fake news”. Se les pagará por un año de contrato la cifra récord de 197.753.736 reales, 38,1 millones de dólares, el mayor valor en el sector de la comunicación jamás gastado por un gobierno en la historia de Brasil.