EEUU acusó a Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú de haber incumplido sus obligaciones sobre el secuestro parental

Un informe del Departamento de Estado subraya la importancia de la cooperación internacional para resolver casos de sustracción internacional de menores, haciendo un llamado a los países mencionados a ratificar o adherirse a la Convención y cumplir con sus obligaciones

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Un informe del Departamento de Estado subraya la importancia de la cooperación internacional para resolver casos de sustracción internacional de menores (Marta Fernández Jara - Europa Press)
Un informe del Departamento de Estado subraya la importancia de la cooperación internacional para resolver casos de sustracción internacional de menores (Marta Fernández Jara - Europa Press)

El gobierno estadounidense acusó a Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú de haber incumplido sus obligaciones sobre la retención ilegal de niños por uno de los padres, en un informe publicado este lunes por el Departamento de Estado.

“Lamentablemente, hay países que son reacios a ratificar o adherirse a la Convención (de La Haya) y otros que, aunque son socios del tratado, no cumplen sus compromisos”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, citado en el informe anual.

La lista negra incluye 16 países, entre ellos dos nuevos: Montenegro y Polonia.

Para finales de 2023, Argentina tenía dos casos sin resolver con Estados Unidos, uno de ellos desde hace 13 años y seis meses, “el más largo del Departamento (de Estado) en el mundo”, se lee en el texto.

Brasil poseía 21 casos el año pasado.

“En 2023, dos niños regresaron a Estados Unidos desde Brasil”, pero hubo “retrasos por parte de las autoridades judiciales” en los procesamientos de algunos casos, afirma Washington.

En cuanto a Ecuador (dos casos en 2023), a Estados Unidos le preocupa que la disolución del Congreso haya impedido votar las reformas en el código del menor.

Foto de archivo del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken (EFE/EPA/EMMANUEL DUNAND / POOL MAXPPP OUT)
Foto de archivo del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken (EFE/EPA/EMMANUEL DUNAND / POOL MAXPPP OUT)

Honduras también arrastraba dos casos. El gobierno del presidente Joe Biden reconoce que se hicieron “importantes esfuerzos” para solucionar “problemas sistémicos”.

Cita los retrasos provocados por requisitos impuestos por la Autoridad Central de Honduras, como que se realicen estudios en el hogar y evaluaciones psicológicas antes de presentar un caso.

Por último, Perú tenía pendiente 7 casos, la mitad que en 2022. Estados Unidos le reprocha no revisar “sus propios procedimientos para ajustarse a la Convención, como se había comprometido (a hacer)”, pero califica de “paso positivo” una resolución judicial por la que se designa a un juez en cada distrito.

En términos generales, si un padre presenta una solicitud de retorno o de derecho de visita en virtud de la Convención de la Haya, la información se transmite a la autoridad del país donde se cree que se encuentra el menor.

Tras confirmar la localización del niño se busca una solución voluntaria o se ofrece una mediación entre los padres. Si no llegan a un acuerdo el caso suele pasar a la justicia.

“Cuando se implementa adecuadamente, la Convención proporciona un mecanismo legal crítico para resolver casos de sustracción internacional de menores por parte de sus padres. Nos involucramos activamente con gobiernos extranjeros para alentarlos a ratificar o adherirse a la Convención y luego a cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado”, señaló Blinken.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó: “Estamos comprometidos a alentar a estos países a tomar medidas más efectivas para resolver los casos de sustracción internacional de menores por parte de sus padres. Confío en que este informe será un recurso valioso para el Congreso, los padres, los abogados, los jueces y los agentes del orden”.

La Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores es un tratado internacional que establece un mecanismo civil para restituir a los menores que han sido trasladados o retenidos fuera de su lugar de residencia habitual en violación de los derechos de custodia.

(Con información de AFP)

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