Cientos de maestros de Bolivia se movilizaron este lunes en la ciudad de La Paz contra el proyecto de ley de “jubilación forzosa”, además exigieron que el Gobierno del presidente, Luis Arce, asigne más presupuesto a ese sector y se les pague el total de horas de clase dictadas.
Los educadores marcharon por el centro de la ciudad hacia al Ministerio de Educación, ahí detonaron petardos dirigiéndolos contra los policías que resguardaban el sector, mientras que la respuesta de los agentes de seguridad fue dispersarlos con gas pimienta y disparando municiones con pintura.
A la movilización se sumaron maestros de otras regiones del país, que dijeron que permanecerán en la ciudad hasta que las autoridades den una respuesta.
“Queremos pasar, queremos pasar”, gritaron los manifestantes cuando encararon a decenas de policías que resguardaron las dependencias del ministerio.
“¿Por qué los políticos no se jubilan a los 65 años y al magisterio le exigen que a los 65 años nos vayamos y si no que nos sometamos a exámenes psicológicos?”, cuestionó Mónica Peña, una maestra que llegó desde Santa Cruz.
Peña dijo a EFE que en su región los padres de familia deben pagar con su propio dinero a algunos maestros y que a otros el Estado les paga por unas 80 horas cuando en realidad impartieron más de 100 horas de clases.
Los maestros buscan articularse con los docentes universitarios y el personal administrativo de las universidades estatales, además de los trabajadores en salud, que ya anunciaron un huelga de cuatro días a partir del siguiente jueves.
“Para nosotros es una huelga, es una movilización totalmente injustificada”, declaró a los medios locales la ministra de Trabajo, Verónica Navia.
También algunas direcciones de distrito de educación anticiparon que habrán descuentos a los maestros por los días no trabajados.
Al final de la tarde, el ministro de Educación, Omar Veliz, abrió la posibilidad del diálogo con los maestros para atender sus peticiones, previsto para este martes.
Los sectores que protestan critican la disposición adicional única del ‘Proyecto de Ley 035′, de reforma a la Ley de Pensiones, que plantea que los mayores de 65 años “se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez” y que para su “continuidad laboral” podrán someterse a un “examen médico de aptitud física y mental”.
La propuesta legal no toma en cuenta a las autoridades electas ni a los funcionarios de libre designación en las instituciones estatales.
El Gobierno señaló que la propuesta de ley busca “incrementar las pensiones de jubilación” y fortalecer el Fondo Solidario de pensiones con un ajuste al aporte de los empleados públicos y privados.
La jubilación en Bolivia es a partir de los 58 años en el caso de los hombres y de 55 para las mujeres, mientras que la renta de vejez se calcula según los años de aportaciones al sistema de pensiones y el nivel salarial obtenido, además, el país también cuenta con un fondo solidario.
En Bolivia hay 219.266 jubilados que reciben una renta de vejez del fondo de pensiones.
(Con información de EFE)
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