La Justicia brasileña revocó la suspensión de la jueza que condenó a Lula da Silva

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil revocó este martes la suspensión de la jueza Gabriela Hardt, quien firmó una de las condenas por corrupción contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El órgano que vela por el buen comportamiento de los juzgadores consideró “prematura” la suspensión de Hardt y del juez Danilo Pereira, ex y actual titular del tribunal responsable por juzgar la operación anticorrupción Lava Jato, respectivamente.

Durante la discusión, el presidente del CNJ y de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, criticó la decisión del inspector general del organismo, Luís Felipe Salomão, quien el lunes alejó de sus funciones a los jueces por irregularidades e infracciones “graves” en los procesos anticorrupción que pilotaron.

Según Barroso, la medida adoptada por Salomão es “arbitraria e ilegítima” porque tal decisión solo puede ser tomada de forma colegiada, si bien el CNJ sí mantuvo la suspensión de otros dos jueces.

Salomão atribuyó a la jueza el desvío irregular de recursos públicos al avalar y negociar a través de una aplicación de mensajes un acuerdo entre la Fiscalía y Petrobras para crear un fondo con las sanciones económicas impuestas a la petrolera estatal.

“Es inconcebible que la investigada pueda continuar actuando cuando sobre ella pesa la sospecha de que no es imparcial”, afirmó el lunes el inspector general.

Hardt, quien sustituyó al juez Sergio Moro en el tribunal, firmó en 2019 una de las dos condenas dictadas contra Lula, que luego fueron anuladas por el Supremo.

Pasaron 10 años de la deflagración de la operación Lava Jato, creada por un grupo de jóvenes magistrados del Ministerio Público de Curitiba que, inspirados en la “Manos Limpias” italiana de 1992, lograron abrir la caja de Pandora de la corrupción en Brasil.

En diálogo con Infobae el mes pasado, el juez que fue símbolo de la operación, Sergio Moro, hoy senador por uno de los partidos del gobierno, Unión Brasil, recordó con emoción “el apoyo de la sociedad y de la población brasileña, que fue fundamental para romper la impunidad de esa gran corrupción”.

Hace diez años, todo empezó con un «doleiro» (los operadores ilegales del mercado de cambio), Alberto Youssef, y una gasolinera de Brasilia, de ahí el nombre de “Lava Jato”. Youssef acabó esposado el 17 de marzo de 2014. Tres días después, por orden de Moro, la Policía Federal brasileña detuvo al ex director de suministros de Petrobras Paulo Roberto Costa, que había recibido un coche importado por el propio Youssef.

Según informa el diario O Estado de São Paulo, “la trama de corrupción vinculada a Petrobras fue confirmada por cinco ex directivos de la petrolera estatal que aceptaron devolver al Tesoro y a la petrolera 279,8 millones de reales (unos 100 millones de dólares al cambio de la época). Del total de fondos devueltos, 244 millones de reales - es decir, el 87% - procedían de sobornos obtenidos por los gestores y estaban guardados en cuentas en el extranjero, en efectivo y en forma de terrenos e incluso de un coche importado. El resto corresponde a multas compensatorias por delitos cometidos”. Sin embargo, Petrobras no era más que la punta del iceberg. Otras empresas, especialmente del sector de la construcción, acabaron en el punto de mira de los fiscales no sólo de Brasil, sino también de muchos otros países latinoamericanos.

33 partidos estaban implicados en el escándalo, incluido el PT de Lula, que a su vez fue detenido en 2018. Aunque el presidente siempre ha declarado que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la ONU lo absolvieron de hecho, algunas de sus condenas simplemente prescribieron, como la del Triplex de Guarujá y de la casa de campo de Atibaia. Ambos inmuebles fueron considerados por los jueces de Curitiba regalos de las multinacionales brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favores. Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el STF anuló todo al considerar que era un tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenaciones, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando la prescripción de ambos juicios.

Sérgio Moro declaró a Infobae que el “Lava Jato demostró que se puede luchar contra la corrupción en Brasil y que el país no está destinado a tener que convivir con ella. Se recuperaron miles de millones de reales malversados y poderosos criminales acabaron entre rejas con un juicio justo. Sin embargo, años después hubo una reacción política, se cambiaron leyes y se anularon condenas por tecnicismos. La lección que queda es que el esfuerzo contra la corrupción requiere la voluntad de mejorar las instituciones, una voluntad que debe ser continua y duradera”, afirmó Moro.