Mientras crece el riesgo de desinformación, la seguridad ocupa un papel cada vez más central con vistas a las elecciones municipales en Brasil

Brasil calienta motores para las elecciones municipales que se celebrarán el 6 de octubre, con una segunda vuelta prevista para el 27 del mismo mes. A seis meses de los comicios en los 5.568 municipios del país, el escenario se presenta en toda su complejidad, especialmente en lo que se refiere al riesgo de desinformación que podría ser fácilmente amplificado por la inteligencia artificial, que se debate en el Congreso en un proyecto de ley elaborado por el senador Eduardo Gomes, del Partido Liberal, el PL del ex presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, tanto Gomes como especialistas en el tema dudan de que Brasil llegue a tiempo a la votación de octubre para establecer nuevas normas reguladoras, y creen que será necesario utilizar herramientas ya existentes para la eliminación de contenidos, como la Ley General de Protección de Datos.

Los precandidatos están, por tanto, en alerta. Marcos Guarino, actual alcalde de Muriaé por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y dispuesto a presentarse de nuevo en Muriaé, importante centro de la industria textil de Minas Gerais, explica a Infobae que “el daño de la desinformación puede ser enorme. Por más que las fake news en las redes sociales luego puedan ser eliminadas, igual causan daño porque quienes vieron la primera noticia difícilmente lean una respuesta o un desmentido. Y esto puede interferir mucho en la decisión del votante. Fuera de las grandes ciudades, la desinformación en las redes sociales ha sustituido a lo que antes era el ‘cotilleo’, el rumor que denigraba al candidato de turno. Sólo que hoy, la velocidad a la que viaja la desinformación es mucho mayor y, por tanto, más poderosa y peligrosa. La única forma que tienen los candidatos de defenderse es centrarse en su historia personal y luego denunciar los contenidos falsos ante el Ministerio Público y el Tribunal Electoral, aunque es evidente que el daño ya está hecho”.

El jueves, en San Pablo, el precandidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Guilherme Boulos fue condenado a pagar una multa de 53.000 reales, 10.355 dólares. Fue sancionado por difundir en sus redes sociales, el pasado mes de marzo, una encuesta falsa que en realidad lo favorecía. San Pablo y Rio de Janeiro serán, sin duda, centrales en los votos de octubre. En la capital financiera, ministros del gobierno de Lula como Camilo Santana, de Educación, y Marina Silva, de Medio Ambiente, ya han entrado en campaña participando en actos con algunos de los precandidatos, como Boulos y Tabata Amaral, del PSB, desatando las críticas de su competidor, el actual alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Y aunque la prioridad ahora es la carrera para elegir candidatos y formar posibles alianzas políticas, hay que preguntarse cuáles serán los temas principales y hasta qué punto estará polarizada la campaña electoral, que oficialmente empezará el 16 de agosto.

Para Emídio de Souza, precandidato a la alcaldía de Osasco, importante zona industrial de la periferia de San Pablo del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, “nunca ha habido unas elecciones totalmente nacionalizadas, sino que siempre han predominado las cuestiones locales. Tal vez sólo en las grandes ciudades haya un mayor predominio de la polarización nacional. En las medianas y pequeñas, los factores locales influirán más en el resultado de las elecciones”.

Marcos Guarino dijo a Infobae que entre los temas de los que se hablará mucho en la campaña electoral hay sin duda la creación de empleo. “Muchas personas con títulos superiores, debido a la proliferación de universidades, no encuentran un lugar en el mercado laboral”, y agregó que en las ciudades medianas como la suya, también se hablará del “transporte urbano, que cada vez es más difícil tanto para los ciudadanos como para las empresas de transporte, que han visto una reducción de usuarios debido a las aplicaciones de transporte”. El tema de la seguridad ciudadana también jugará un papel crucial. “En el caso de Muriaé”, explica Guarino, “es un tema importante y muy sensible debido a la presencia de una cárcel en la ciudad y, sobre todo, a su proximidad con el estado de Rio de Janeiro”.

Pero no es sólo esta ciudad la que enfrenta el problema de la seguridad para sus habitantes. Según los politólogos, existe la preocupación de que el crimen organizado pueda llegar a infiltrarse en las elecciones de varias partes del país, como ya ha ocurrido en el pasado. En los últimos días, la Operación Fin de Línea, desencadenada por el Ministerio Público de San Pablo, descubrió cómo los propietarios de una red de transporte privado en manos del principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), habían financiado las campañas electorales municipales de 2020 de algunos concejales del PT de Lula y de la Unión Brasil, partido de centro-derecha criado en 2021 con la fusión de los Demócratas (DEM) y el Partido Social Liberal (PSL).

En Rio de Janeiro, sin embargo, está causando polémica el apoyo de Alexandre Ramagem, precandidato a alcalde por el PL a Chiquinho Brazão para sacarlo de la cárcel donde está acusado de haber encargado el asesinato de la activista y concejala municipal Marielle Franco en 2018. Ramagem, que actualmente es diputado federal votó en la Cámara a favor de su liberación. Brazão, según las investigaciones, era cercano a las milicias, grupos formados por militares y ex militares que se disputan el territorio y el tráfico de drogas en Rio de Janeiro con grupos criminales históricos como el Comando Vermelho. Precisamente para frenar la injerencia de las milicias en los comicios de octubre, la Fiscalía del Estado de Rio de Janeiro y el Tribunal Regional Electoral (TRE) crearon una comisión para vigilar las candidaturas. Además, ya se han retirado al menos 50 colegios electorales en barrios dominados por las milicias en todo el estado carioca para evitar coacciones o amenazas contra los votantes que pudieran influir en el resultado de la votación.

En cuanto a Bolsonaro, que está de gira por Brasil precisamente para apoyar al centroderecha en los comicios de octubre, sorprendió a todos al declarar esta semana su apoyo a la candidatura de Francisco Mendes, hermano del juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes. Francisco será candidato en Diamantino, en el estado de Mato Grosso, por uno de los partidos del gobierno Lula, la Unión Brasil. Los aliados de Bolsonaro aseguran que la visita fue un gesto para atenuar las tensiones del ex presidente con el juez Mendes, encargado de sus procesos, entre ellos el de la falsificación del carnet de las vacunas contra el Covid. Rosangela da Silva, la tercera esposa de Lula, más conocida como Janja, y Michelle Bolsonaro, la tercera cónyuge del ex presidente, también han entrado en escena. Janja dará prioridad a las capitales en las que el PT estará representado por candidatas y a las zonas en las que se considera que su presencia puede bajar la tradicional oposición delos neopentecostales al gobierno Lula. Michelle, por su parte, ha iniciado una gira por el Nordeste, la región más opositora al bolsonarismo, y también intensificará sus agendas junto a su marido y otros miembros del PL. Tras los avatares judiciales de Bolsonaro y las acusaciones de intento de golpe de Estado, su partido trata ahora de recuperar peso político. En 2020 había elegido 349 alcaldes. En cuanto al PT, quiere recuperarse de la gran derrota de hace cuatro años. De las 638 ciudades que el partido gobernaba en 2012, solo eligió 183 alcaldes en 2020 y, sobre todo, no consiguió el control de ninguna capital de los 26 estados brasileños.

Según el precandidato del PT a la alcaldía de Osasco, Emídio de Souza, “ese período ha sido superado y la gente empieza a ver de nuevo al PT como el partido que crea políticas públicas en beneficio de las personas que más las necesitan. La reestructuración del programa Bolsa Família para mejorar y ampliar la renta, así como otras acciones e inversiones para mejorar las condiciones de vida de las personas, no dudo que tendrán un impacto en las elecciones municipales”. Sin embargo, el riesgo de que se creen medidas no estructuradas sólo para atraer el consenso electoral sigue siendo alto, como la reducción de las tarifas energéticas en torno al 5% anunciada en los últimos días. Los economistas advierten de que la factura a pagar en los próximos años podría ser muy elevada, alcanzando los 4.500 millones de reales, unos 880 millones de dólares de aquí a 2050.

De hecho, tanto el PL de Bolsonaro como el PT de Lula podrán aprovechar los valores más altos del fondo electoral para la campaña, para ambos un total de alrededor de 1,5 mil millones de reales, 293 millones de dólares, lo que corresponde al 30% del valor aprobado por Lula, es decir 4,9 mil millones de reales, el 96% más que en la última campaña de alcaldes y concejales. Además de la lluvia de dinero del fondo electoral, hay otras novedades. Estas serán las primeras municipales en las que se permitirán las llamadas federaciones de partidos. La diferencia con las coaliciones existentes es que mientras hoy los partidos funcionan como una sola entidad en su relación con la justicia electoral sólo durante las elecciones, en una federación funcionan como una sola entidad durante un periodo mínimo de cuatro años, sin que ninguno de ellos pierda su autonomía. Esta nueva dinámica electoral ya probada en las presidenciales de 2022 ha llevado a la creación de tres federaciones en el país que involucran a siete partidos. Se trata de la Federación Brasil de la Esperanza, que incluye al Partido de los Trabajadores (PT), al Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y al Partido Verde (PV). Después hay la Federación Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)-Ciudadanía, con PSDB y Ciudadanía y, tercera, la Federación Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL-Rede), con PSOL y Rede. Otras federaciones podrán formarse antes del próximo 6 de abril, según prevé la justicia electoral. Se trata de un cambio importante que presupone un propósito común durante al menos cuatro años, precisamente para garantizar una mayor estabilidad de gobierno. Hasta ahora, solo el Partido Novo, de centro-derecha, ha publicado en el Diario Oficial la prohibición de que sus candidatos se alíen, aunque sea como coalición temporal para las elecciones, con las federaciones Brasil de la Esperanza y PSOL-Rede.

Por fin, una curiosidad. El próximo 18 de noviembre, pocas semanas después de la segunda vuelta de las elecciones municipales, es probable que el presidente ruso, Vladimir Putin, llegue a Brasil, ya que ha sido invitado por Itamaraty, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante latinoamericano, para la reunión del G20 en Rio de Janeiro, a pesar de la opinión contraria de muchos países del grupo. Aunque sobre el ruso pende una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por deportar a miles de niños ucranianos a Rusia, el gobierno Lula intenta sortear el obstáculo. Y lo hizo en los últimos días apelando a la inmunidad de los jefes de Estado en un documento que acaba de enviar a Naciones Unidas. De hecho, este asunto figura en el orden del día de la 75ª sesión de la Comisión de Derecho Internacional, que se celebrará del 29 de abril al 31 de mayo y del 1 de julio al 2 de agosto. El órgano colegiado lleva años debatiendo la redacción de una norma sobre el tema. Sin embargo, es la primera vez que Brasil envía un posicionamiento. A pesar de que el conflicto en Ucrania desencadenado por Moscú, con sus repercusiones económicas y energéticas, tiene lugar a miles de kilómetros del gigante latinoamericano, muchos se preguntan si una posible luz verde de Putin en Brasil - noticia que se conocerá antes de la votación - tendrá también un impacto en las elecciones y acentuando la desinformación en la campaña. Un desafío dentro de otro desafío que convierte estas elecciones municipales en un test muy importante para las próximas presidenciales de 2026, que interesan mucho a países extranjeros autoritarios como China y la misma Rusia.