Medellín incrementa sus controles contra el turismo sexual tras el reciente caso de abuso a dos niñas

Medellín, la ciudad colombiana reconocida internacionalmente por su transformación urbana y cultural, enfrenta actualmente un grave desafío: el incremento del turismo sexual, que frecuentemente involucra la explotación de menores.

El 28 de marzo, un incidente en el hotel Gotham del barrio El Poblado dejó en evidencia esta problemática. Un ciudadano estadounidense de 36 años fue hallado en una habitación junto a dos menores de 12 y 13 años. A pesar de contar con evidencia que sugería un presunto abuso, el sospechoso fue liberado y abandonó el país, lo que ha suscitado serios cuestionamientos sobre el manejo del procedimiento judicial.

Este caso, sumado a otros similares registrados en la ciudad, evidencia las deficiencias del sistema judicial y de las autoridades colombianas para enfrentar efectivamente la trata de personas y el abuso sexual infantil, generando preocupación entre la ciudadanía y organizaciones de protección de menores.

La Interpol, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía colombiana, emitió el martes una circular azul contra Timothy Alan Livingston, presunto responsable de explotación sexual de menores.

Las cifras son alarmantes: según el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), durante 2023 se documentaron 329 casos de menores víctimas de explotación sexual en Medellín, una estadística que subraya la gravedad de esta problemática.

La capital antioqueña se ha convertido involuntariamente en un punto de referencia para el turismo sexual, donde redes criminales operan bajo la fachada de agencias turísticas, captando clientes a través de internet. Estas organizaciones delictivas aprovechan las plataformas digitales para contactar a extranjeros y ofrecer servicios que encubren actividades ilegales.

Como respuesta al reciente caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, implementó una serie de medidas restrictivas en El Poblado: suspendió temporalmente el trabajo sexual en las inmediaciones de cuatro parques y redujo los horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos con expendio de alcohol. Estas decisiones, aunque buscan combatir la explotación, han generado controversia en diversos sectores.

La reacción no se hizo esperar: los comerciantes del sector protestaron contra la restricción horaria que obliga a cerrar establecimientos a la 1:00 de la madrugada. Mientras tanto, el alcalde Gutiérrez lanzó la campaña “¡Ni lo intentes, es un delito!”, distribuyendo personalmente volantes contra la explotación sexual de menores en el aeropuerto José María Córdova. “Cambiemos la matriz turística. No nos interesan esos dólares por más que sea un tema económico, cuando vienen a cometer delitos”, declaró a medios locales.

Valery P. Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, enfatiza una distinción crucial: “Los delitos sexuales son completamente diferentes al trabajo sexual ejercido por adultos de manera voluntaria y autónoma”. Según Ramírez, en entrevista con Infobae, “el nuevo decreto, lejos de solucionar el problema, lo agrava al generar persecución contra quienes ejercen el trabajo sexual legalmente y los turistas que buscan servicios consensuados”.

Expertos en el tema advierten que estas medidas, si bien tienen un valor simbólico, podrían resultar contraproducentes al empujar estas actividades hacia la clandestinidad, sin afectar sustancialmente a las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas.

Tyler Schwab, representante de la ONG Libertas International, respalda las medidas implementadas por las autoridades de Medellín y enfatiza la necesidad de establecer consecuencias legales efectivas. “Se debe extender la responsabilidad legal a los propietarios de establecimientos de hospedaje, incluyendo hoteles y apartamentos”, sostiene.

En entrevista con Infobae, Schwab revela datos preocupantes: “La mayoría de los abusos que documentamos ocurren en fincas o alojamientos tipo Airbnb. Las víctimas suelen ser menores abusadas inicialmente por extranjeros, y hemos registrado casos donde una niña ha sido victimizada por más de seis personas. Actualmente, nuestra organización brinda asistencia a 87 menores víctimas de abuso sexual en Medellín”.

Desde otra perspectiva, Valery Ramírez, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, propone establecer mesas de diálogo inclusivas. “Necesitamos generar espacios de conversación para combatir efectivamente los delitos sexuales, sin criminalizar a quienes ejercen el trabajo sexual legal. Buscamos construir una agenda que ofrezca soluciones, protección y garantías, evitando la exclusión y revictimización”, afirma.

La ciudad enfrenta un momento decisivo: mientras busca consolidar su renovada imagen urbana y superar estigmas históricos, debe confrontar una realidad compleja donde confluyen la explotación sexual, la trata de personas y el abuso de menores. El desafío radica en desarrollar estrategias efectivas que protejan a las víctimas sin criminalizar actividades legales.

En noviembre de 2023, una investigación conjunta entre autoridades de Colombia y Estados Unidos condujo a la detención en Miami de Jaymes Schulte, luchador de artes marciales mixtas (MMA), quien enfrenta una posible condena de 30 años de prisión. Las pesquisas revelaron que entre 2018 y 2022, Schulte realizó diez viajes a Colombia, donde estableció conexiones con una red de trata infantil en Medellín.

El caso develó un patrón perturbador: utilizando redes sociales, Schulte contactó y se convirtió en cliente frecuente de una red de tráfico de menores. Los investigadores documentaron el abuso de 18 niñas entre 4 y 13 años, a quienes pagaba entre 37 y 75 dólares. Los testimonios revelaron una serie de actos degradantes contra las víctimas.

Otro caso significativo ocurrió en 2023, cuando Michael Wayne Roberts, ciudadano estadounidense de 41 años, fue sentenciado a siete años de prisión por una corte federal en Austin, Texas, tras comprobarse su participación en actos sexuales con menores en Medellín durante la pandemia de COVID-19. Roberts, quien utilizaba plataformas de alquiler temporal para perpetrar los abusos contra tres adolescentes de 13 a 15 años, operaba en diversos sectores de la ciudad, según reportó el diario El Tiempo.

En agosto del mismo año, las autoridades colombianas detuvieron a Krishan Agarwal, conocido en redes sociales como Orion Depp, por presuntos abusos sexuales contra menores en la ciudad. Este caso se suma a un preocupante patrón de explotación sexual infantil por parte de ciudadanos extranjeros.