
La Contraloría General del Estado (CGE) ha comenzado una revisión especial de las declaraciones de bienes juradas presentadas por Mayra Salazar entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de marzo de 2024. El objetivo principal de esta revisión es analizar los cambios en los activos y pasivos declarados por Salazar para determinar si están relacionados con sus fuentes de ingresos, particularmente en el caso Metástasis, que develó una red de delincuencia organizada que manipulaba la justicia para favorecer al narco asesinado Leandro Norero y a sus socios.
El análisis patrimonial que realizará la Contraloría se enfocará en determinar la cantidad de dinero y propiedades que posee Salazar y de verificar si ha incluido todos los bienes que son suyos, “los de su cónyuge o pareja conviviente, así como los de sus hijos menores”. También se comprobará si Salazar ha cumplido con todas las leyes vigentes relacionadas con la presentación de declaraciones patrimoniales, una obligación que tienen los servidores públicos. Esta revisión especial será realizada por la Dirección Nacional de Auditoría de la Administración Central y tomará alrededor de 80 días completar todo el proceso.
Según información pública oficial, entre 2018 y 2022, Mayra Carolina Salazar no pagó impuestos sobre la renta, pero en 2017 hizo un pago cercano a los USD 18.000 en Impuesto a la Salida de Divisas. Cuando ingresó a trabajar en la Corte Provincial de Guayas, Salazar declaró poseer dos casas valuadas en más de USD 120.000 cada una. Sin embargo, en las conversaciones relacionadas con el caso Metástasis, Salazar aparentemente mencionó tener otra vivienda en Guayaquil, misma que quería venderla a Los Lobos para que la usaran como base de operaciones.
Los atentados contra Salazar

El testimonio anticipado de Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte del Guayas, fue el más esperado de la diligencia judicial que sucedió el pasado jueves, 28 de marzo. Al iniciar su declaración, Salazar aseguró que decidió testificar a pesar de las amenazas en contra de su vida. La mujer de 35 años forma parte del programa de protección de víctimas y testigos protegidos y se ha acogido a la cooperación eficaz para proporcionar información a cambio de reducir su pena.
“He sido la única que ha decidido poner fin a esto, a pesar de los cinco atentados que yo ya he recibido en contra de mi persona, incluyendo el de la noche de ayer que tuve una alerta de bomba en el centro de privación de libertad en donde yo me encuentro recluida”, dijo Salazar ante el juez Felipe Córdova. En una reciente entrevista con diario El Universo, el abogado de Salazar, Leonardo Toledo, detalló que “ella no solamente va a estar en Metástasis, sino que lo más seguro y lo más probable es que también tenga que ser llevada (a dar testimonio) en lo que es (el caso) Purga, porque ella es la pieza más importante”. El caso Purga derivó del caso Metástasis y tiene como evidencias las conversaciones extraídas del celular de Mayra Salazar.

De acuerdo con Toledo y según recoge el medio ecuatoriano, el primer atentado en contra de Salazar fue un envenenamiento. Luego se identificó a dos personas que estaban listas para matarla, pero lograron neutralizar esa amenaza. El tercer intento fue el traslado de 12 personas a la celda de Mayra Salazar. Toledo indicó que esa celda está diseñada para tres personas y Salazar la comparte con otras dos procesadas por el mismo caso. Sin embargo, cuando sucedió el traslado llegaron 12 prisioneras de la cárcel de Latacunga, que es controlada por Los Lobos, la banda criminal a la que financiaba el narco asesinado Leandro Norero, cuyas conversaciones telefónicas iniciaron todo el proceso. “Le metieron doce personas un día antes de que ella rinda su versión. Nosotros presionamos y dijimos que sí íbamos a dar la versión, pero que primero nos garanticen la seguridad”, relató el abogado.
La cuarta amenaza fue un nuevo intento por envenenarla a través de la comida que recibe en la prisión, esta información llegó a su defensa a través de un reporte de inteligencia del Estado. Finalmente, a horas de su testimonio, también se les notificó que en la cárcel donde ella está recluida se iba a poner un explosivo. Entonces, relató Toledo a El Universo, “la seguridad de ella (Mayra Salazar) tuvo que ser quintuplicada”.
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