Ecuador: diputados correístas impulsan juicio político a la canciller y a la ministra del Interior por la captura de Jorge Glas

La primera acción en el Legislativo ecuatoriano tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado e investigado por corrupción, será tramitar las solicitudes de juicios políticos planteados por dos diputados de la Revolución Ciudadana, el movimiento del ex presidente Rafael Correa. Los legisladores pretenden enjuiciar políticamente y destituir a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, y Mónica Palencia, ministra encargada del Interior.

La asambleísta Jhajaira Urresta, respaldada por 43 firmas, impulsa el juicio político contra Sommerfeld y ha acusa a la Canciller de negligencia y falta de acción, particularmente en el tratamiento de los asuntos migratorios y la gestión de la situación en la embajada. Por otro lado, el legislador Leonardo Berrezueta, con el respaldo de 39 firmas, se encargará del juicio político contra la ministra Palencia, por la irrupción policial en la Embajada de México en Quito como en la implementación y resultados del Plan Fénix, destinado a combatir la violencia en el país, especialmente sobre la recaptura de peligrosos delincuentes, como alias Fito, que continúa prófugo.

El bloque correista ha argumentado que la irrupción en la sede diplomática mexicana para capturar a Jorge Glas han suscitado una preocupación considerable a nivel internacional y tienen consecuencias significativas en los ámbitos político, comercial y de relaciones exteriores. Los políticos afines a la Revolución Ciudadana aseguran que Glas fue secuestrado, pues contaba con el estatus de asilado, según lo que el gobierno de México había anunciado horas antes de la incursión. Además, señalan una escalada de violencia en el territorio nacional.

Las solicitudes de juicio político serán sometidas al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su evaluación este 9 de abril, cuando se reanuden las actividades de la Asamblea Nacional tras el receso legislativo.

Para iniciar un juicio político, los proponentes deben iniciar el trámite reuniendo 35 firmas de respaldo. La propuesta entonces se envía al CAL, allí se resuelve si es procedente y, de ser así, se envía a la Comisión de Fiscalización. En esa comisión legislativa se elabora un informe no vinculante que recomienda continuar o archivar el juicio político. Finalmente, el trámite llega al pleno donde se realiza la presentación de argumentos, la defensa del juzgado, el debate de los legisladores y la votación para resolver la sanción que puede incluir la destitución y censura del cargo. Salvo algunas excepcionalidades establecidas en la Constitución, para destituir a un funcionario, que no sea ministro o secretario de Estado, se necesita una mayoría absoluta, es decir 70 votos.

El Congreso ecuatoriano tiene dos funciones: legislar y fiscalizar. En esta última ingresan los juicios políticos como una forma de fiscalización. No obstante, la realidad ha demostrado que en la cancha política, el enjuiciamiento en el congreso depende de la voluntad de los legisladores más que de los argumentos. Al final, todo es cuestión de votos.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld reveló en una entrevista con Teleamazonas que, pese a tener conocimiento de las consecuencias, el presidente Daniel Noboa dio la orden de ingresar a la sede diplomática: “Por supuesto (el presidente dio la orden). Él (Daniel Noboa) es quien dicta la política exterior... Lo que nos corresponde como Cancillería es primero informarle, a través de un informe extenso, y segundo asesorarle. Por supuesto que se le dice cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto y eso estaba sobre la mesa”.

Sommerfeld fue reiterativa en decir que “el Presidente estaba defendiendo la democracia, la seguridad del país”. La Canciller dijo que Noboa tenía información de que Glas iba a fugarse esa noche.

Sobre esto también se refirió el secretario de comunicación, Roberto Izurieta en una entrevista con Ecuavisa. Allí dijo que la decisión de que la fuerza pública ingresara a la Embajada mexicana tomó horas y fue muy difícil. “Como vimos también en la declaración del funcionario de la Embajada de México (Roberto Canseco) es: ‘Estábamos por salir’. ¿A quién se refiere (cuando dice) estábamos por salir? No estaba ahí la Embajadora. ¿A quién se refiere (con la frase) estábamos por salir? Esa era la urgencia, esa era la seriedad, la gravedad. ¿Pero, sobre todo, hay que entender cuáles son nuestras responsabilidades? Esto es, si estamos enfrentados en una situación que no hemos buscado, porque esta ha sido agravada por la retórica política de parte del Presidente de México en sus ‘sabatinas’ de los últimos días (se refiere a las mañaneras de AMLO), agravadas con frases que prefiero —para no incrementar las tensiones ni las disputas— no repetir. Nosotros no buscamos estar en esta situación. Las decisiones que teníamos eran muy difíciles, pero nuestra primera responsabilidad es con el sistema de Justicia ecuatoriano independiente, para que no se permita otra vez la impunidad a ojos y vista del Estado”, dijo Izurieta.