Una Corte Suprema tomada y una fiscal general apuntada por corrupta: los retos que preocupan a Bernardo Arévalo en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, entiende que el principal reto para su gobernanza, al menos el más inmediato, está en el Poder Judicial, y así lo hizo saber a los dignatarios internacionales con los que se acaba de reunir en su reciente visita a Washington, DC. En abril de este año inicia un proceso para elegir nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelaciones en el país centroamericano, y Arévalo teme que operadores políticos ligados a las mafias locales aún tengan poder suficiente para terminar de infiltrarse en las cortes más importantes del país.

Ya en el pasado, la justicia guatemalteca persiguió a exfuncionarios que montaron redes de influencias con abogados, diputados y jueces para manipular los procesos de selección de las altas cortes del país y colocar en las sillas de la corte suprema, de la Corte de Constitucionalidad o en los tribunales de apelaciones a aliados políticos.

En 2019, el Ministerio Público (MP) abrió un expediente al que denominó Comisiones Paralelas 2020 e investigó a varios operadores políticos, entre ellos un secretario del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) llamado Gustavo Alejos, acusados de utilizar sobornos, amenazas y otros métodos criminales para influir en la selección de las cortes. Alejos, quien ha sido investigado por varios crímenes, fue liberado de cargos en febrero de este año, y según investigadores guatemaltecos que hablaron con Infobae desde el anonimato, ha vuelto a las andadas.

Hoy, Arévalo teme que esas mismas redes estén activas y pretendan influir en los procesos de selección que se avecinan. Si, a través de elecciones manipuladas, estas redes terminan de cooptar un sistema judicial cuya imparcialidad y honestidad ya ha sido cuestionada por el presidente y, entre otros, por el gobierno de los Estados Unidos, Arévalo deberá sumar la hostilidad permanente del Judicial a su complicada relación con un Legislativo dominado por la oposición y a las intenciones explícitas del Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras de perseguirlos a él y a su movimiento político.

Bernardo Arévalo entiende todo esto como una nueva intentona golpista en su contra, que se añade a las que iniciaron incluso antes de que él asumiera como presidente a mediados de enero pasado.

En un discurso que pronunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, DC el martes 26 de marzo, Arévalo habló de su preocupación.

“En el Siglo XXI los golpes de Estado no son como los tradicionales que conocimos… Hoy ya son funcionarios que cooptan los sistemas de justicia y manipulan las leyes”, dijo el presidente guatemalteco en referencia a los intentos judiciales, dirigidos desde el MP de Porras, para imponer impedimentos legales a su juramentación. Entre otras maniobras, Porras abrió investigaciones a Arévalo y a la vicepresidente Karin Herrera por supuestos intentos de influir en la elección del rector de la Universidad de San Carlos, la única pública del país, además de acusar al Movimiento Semilla, el partido político de Arévalo, de ganar gracias a un fraude electoral. La comunidad internacional, encabezada por la OEA, el gobierno de Joe Biden en Washington y la Unión Europea, calificaron esas acusaciones de espurias y de atentados democráticos, lo cual Arévalo agradeció en su discurso en la OEA.

“Salimos gracias a los cuatro pueblos originarios y con el apoyo de la comunidad internacional”, aseguró el presidente de Guatemala al recordar los intentos de impedir su juramentación y a los dos hechos políticos que contrarrestaron esos esfuerzos, que fueron la movilización masiva en manifestaciones de calle dirigidas por liderazgos de los pueblos indígenas guatemaltecos, y al inequívoco respaldo de Washington.

Advirtió Arévalo que las maniobras de sus opositores políticos, a quienes él llama golpistas, no cesan. “Siguen intentando desconocer los resultados electorales y continúan minando la justicia”, dijo, y adelantó sobre la “batalla jurídica” que se avecina en Guatemala. “Es una batalla jurídica y política por luna nueva Corte Suprema de Justicia y una nueva sala de apelaciones en los próximos meses”. El presidente pidió de forma explícita a la OEA que acompañe con una misión de observación el proceso de selección de las nuevas cortes.

Gustavo Alejos, un exsecretario presidencial guatemalteco acusado de lavado de dinero y otros delitos de corrupción, quedó libre de todos los cargos en febrero de 2024 después de pasar casi dos años en arresto domiciliar y otros más en prisión. Cuando lo capturaron por tercera vez, en febrero de 2020, los fiscales del Ministerio Público de Guatemala estaban convencidos de que él es uno de los principales operadores políticos detrás de la manipulación en los procesos de elección de las altas cortes guatemaltecas.

A Alejos ya lo habían detenido en diciembre de 2015 por un caso de corrupción relacionado con servicios de salud y en 2014 le habían abierto una investigación por las primeras sospechas de que participó en el amaño en la selección de magistrados.

Cuando Alejos estaba en la cárcel Mariscal Zavala, una de las más grandes y seguras del país, el MP, que aún no estaba bajo el control absoluto de la fiscal general Porras, descubrió que desde ahí el exfuncionario seguía dirigiendo sus redes para tratar de influir en la selección de la Corte Suprema de Justicia programada para 2020.

En aquella ocasión, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que entonces dirigía el exjefe fiscal Juan Francisco Sandoval, elaboró un informe en el que detalló que Alejos consiguió un permiso especial para ser trasladado de la cárcel Mariscal Zavala a una clínica privada de salud, donde se reunía con operadores políticos y judiciales relacionados con la selección de cortes, entre ellos una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, ministros, candidatos a ser nuevos magistrados y diputados. En total, mientras estuvo en esa clínica, Alejos se reunió con 41 personas.

El caso salpicó incluso a Alejandro Giammattei, el antecesor de Arévalo. En una declaración, Alejos mencionó al entonces presidente. El operador político dijo “que él tenía acuerdo para que fueran nombrados los magistrados pactados, que era parte de una serie de negociaciones con las que obtuvo la mayoría (en el Congreso) al haber dividido la UNE, porque la facción de Sandra Torres, que era la mayoritaria, le apoyó para obtener la directiva del Congreso”, según relataron a Infobae oficiales relacionados con aquella investigación. Alejos se refería a una negociación política que dio a Giammattei gobernabilidad del Congreso gracias a un pacto con el partido Unidad Nacional de la Esperanza, dirigido por Sandra Torres, la candidata que perdió la elección en segunda vuelta frente a Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla.

En Guatemala, la selección de magistrados y de otros puestos, como el de fiscal general de la nación, se rige por procesos en los que participan comisiones postuladoras formadas por representantes del poder judicial, del colegio de abogados y de facultades universitarias de derecho entre otras, las cuales evalúan requisitos de idoneidad académica, profesional y moral para proponer candidatos que luego son seleccionados por el Congreso o por el presidente en el caso del Ministerio Público. Lo que las investigaciones de FECI determinaron en su momento fue que operadores como Alejos buscaron ejercer influencia sobre algunos de los electores para manipular esas elecciones.

Antes de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, la cooptación de las cortes sumaba a la de otros poderes e instituciones del Estado guatemalteco por grupos de poder político, empresarial y burocrático al que en Guatemala se conoce como pacto de corruptos. En esta ocasión, el nuevo presidente teme que, además de perpetuar la corrupción en el Estado, la toma de las altas corte sirva también para minar la gobernabilidad.

Juan Francisco Sandoval, el jefe fiscal que dirigió las investigaciones por intentos de manipulación en la selección de cortes, cree que la amenaza de corrupción en estos procesos sigue vigente, y que ahora es peor. “Estas redes siguen más activas y fortalecidas. A diferencia de los dos procesos anteriores en los que la fiscalía evidenció las negociaciones ilícitas, en el actual las mafias corruptas tienen la protección de un MP prostituido”, dijo a Infobae.

A la posible manipulación de la elección de altas cortes se suma el conflicto que el presidente mantiene con Consuelo Porras, la fiscal general, quien se ha convertido en el rostro opositor más visible.

Fue Porras quien ordenó a sus fiscales varias acciones penales para intentar invalidar los resultados electorales que otorgaron la presidencia del país a Arévalo. Entre otras cosas, Porras abrió una investigación por supuesto fraude contra el Movimiento Semilla, cuestionó los procesos de formación del partido de Arévalo y, cuando todo eso no prosperó, presentó una investigación en la que lo acusó de intentar influir en la selección del rector de la universidad pública; en este último caso, las pruebas de los fiscales era posts de redes sociales en las que Arévalo apoyaba al movimiento estudiantil que se oponía a la elección como rector de Walter Mazariegos, un hombre vinculado al llamado pacto de corruptos.

Cuando Arévalo asumió, en enero pasado, convocó a Porras a una reunión y luego el consejo de ministros hizo lo mismo. La fiscal general, quien ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos como funcionaria antidemocrática y corrupta, no asistió a esta segunda reunión, por lo que el gobierno de Arévalo la denunció por incumplimiento de deberes y pidió un antejuicio.

En su reciente visita a Washington, DC, a preguntas de periodistas, Arévalo insistió en que ha pedido la renuncia de Porras y en que busca vías políticas para resolver el asunto del Ministerio Público. Hasta ahora, sin embargo, parece poco probable que, dada la configuración política del Congreso en el que su partido es minoría, la fiscal Porras no termine su periodo, previsto a concluir en 2026. La fiscal general cuenta, además, con el apoyo de una parte del poderoso sector privado guatemalteco, con el cual suele reunirse en la sede del MP en la capital guatemalteca.

“Aspiramos a poder sustituir a la fiscal general. No es posible que el país continúe con una fiscalía que, en primer lugar, ha sido parte de todo un proceso de persecución política y de golpe de Estado en cámara lenta”, dijo Arévalo en una entrevista televisiva en su país a finales de febrero pasado.

Arévalo también tuvo palabras para la fiscal Porras durante su discurso ante la OEA la semana pasada. “Las acciones del Ministerio Público continúan a la fecha. No habrá momentos celebratorios, sino de mucho trabajo”, dijo el presidente.

Lo cierto es que, con la selección de una nueva corte suprema a la vuelta de la esquina y la posibilidad de que esta sea manipulada, y con la amenaza constante que le llega desde el Ministerio Público, Bernardo Arévalo seguirá necesitando de toda la ayuda que pueda conseguir para mantener el timón de su presidencia.