A 60 años del golpe militar en Brasil, Lula prefiere el olvido de la historia

Hace 60 años, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, un golpe militar sumió a Brasil en una de sus fases históricas más dramáticas. Todo comenzó en forma de una rebelión militar seguida de la declaración de vacancia de la presidencia de la República por el Congreso Nacional el 2 de abril, la formación de una junta militar (el llamado Comando Supremo de la Revolución) y el exilio el 4 de abril del presidente João Goulart. En su lugar, el Presidente de la Cámara de Diputados, Ranieri Mazzilli, asumió temporalmente el poder hasta la elección por el Congreso del General Humberto de Alencar Castelo Branco, uno de los principales cabecillas del golpe.

A pesar de las promesas iniciales de una breve intervención, la dictadura militar de inspiración nacionalista y anticomunista duró 21 años. Fue un largo tiempo en el que el régimen se fortaleció mediante la publicación de varios actos institucionales, que culminaron con la Ley Institucional Número Cinco (AI-5) de 1968, que dio carta blanca a los militares para perseguir a todos los opositores al régimen.

La Constitución de 1946 también fue sustituida en 1967 por un nuevo texto, junto con la disolución del Congreso Nacional, la supresión de las libertades civiles y la creación de un código de procedimiento penal militar. Éste permitía al ejército y a la policía militar de Brasil detener y encarcelar a cualquier persona que considerasen sospechosa, además de imposibilitar cualquier control judicial.

La década de 1970 representó el período más trágico del país, con la censura generalizada de los medios de comunicación y la práctica de la tortura y el exilio. Incluso artistas famosos como Gilberto Gil, Toquinho y Caetano Veloso se vieron obligados a dejar Brasil. El régimen militar inspiró a otras dictaduras latinoamericanas mediante la sistematización de la “doctrina de la seguridad nacional”, que justificaba las acciones militares como forma de proteger el “interés de la seguridad nacional” en tiempos de crisis.

Según la Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011, extinguida en 2014 e integrada por comisiones estatales, asociaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, durante el régimen militar hubo 434 víctimas y desaparecidos. Entre los torturados estaba también la ex presidenta de la república Dilma Rousseff. En la década de 1980, al igual que en otros regímenes militares de la región, la dictadura brasileña comenzó a tambalearse al no poder seguir estimulando la economía y controlar la inflación, que llegó al 231% quando los generales dejaron el poder. De ahí el nacimiento de un movimiento prodemocrático y la aprobación de una ley de amnistía para los delitos políticos cometidos por y contra el régimen, hasta las primeras elecciones democráticas de 1985, con candidatos civiles y militares. Después, en 1988, la nueva Constitución abrió definitivamente la puerta a la democracia.

Sin embargo, 60 años después, el país sigue sin hacer una elaboración de este período de su historia. A pesar de la instalación de una Comisión de la Verdad en el gobierno de Dilma Rousseff que escuchó a víctimas, testigos e incluso a algunos de los autores de la represión e identificó a 377 responsables, ninguno de ellos ha sido condenado. Ante la Comisión, las Fuerzas Armadas brasileñas negaron incluso que hubiera habido torturas y asesinatos.

Esta revisión parcial de la historia pesa hoy como un peñasco sobre las conmemoraciones previstas. Para evitar tensiones con los militares, el presidente brasileño canceló los actos conmemorativos del 60 aniversario del golpe. El presidente no sólo dio instrucciones, sino que habló personalmente con miembros de su gobierno recomendándoles que no asistieran a los actos conmemorativos con las víctimas ni publicaran material referido a ellos en las redes sociales. Sólo el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, confirmó su presencia en un acto conmemorativo que se celebrará el 4 de abril en el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, mientras que los parlamentarios del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, afirmaron en un comunicado que recordar “es crucial para no volver atrás”. 

Sin embargo, el año pasado, uno de los ministros más cercanos a Lula, el entonces ministro de Justicia Flávio Dino, hoy juez del Supremo Tribunal Federal (STF), había anunciado prominentemente durante el 50 aniversario del golpe en Chile la creación de un Museo de la Memoria y la Verdad, que se inauguraría en el 60 aniversario de la dictadura brasileña. El proyecto continúa siendo por el momento sólo un proyecto.

En una reciente entrevista con el periodista Kennedy Alencar, de RedeTV, Lula dejó claro que no quería “detenerse” en este capítulo de Brasil y que es necesario “proyectar el país hacia adelante”. “Es una parte de la historia de Brasil de la que todavía no tenemos toda la información”, dijo el presidente en la entrevista televisiva. La postura de Lula en relación con el golpe de 1964 bloquea de hecho actos como el “Nunca Más” de la Comisión de Amnistía, que incluía un calendario de juicios de casos emblemáticos. Además, es poco probable que se vuelva a crear la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, extinguida al final del gobierno de Jair Bolsonaro. El decreto ya está listo desde hace un año, pero Lula no lo ha firmado hasta ahora.

“Vergüenza” y “cobardia”, así reaccionaron muchas familias de las víctimas. “Lula tiene miedo de los militares. Su declaración de no querer “rememorar el pasado fue un golpe para nosotros, familiares de las víctimas”, declaró al diario O Globo Victoria Grabois, hija, hermana y viuda de desaparecidos políticos. Para Ivo Herzog, hijo de una de las víctimas símbolo de la dictadura, el periodista Vladimir Herzog, la postura de Lula es “una vergüenza y una falta de respeto”. “Lula se ha doblegado. Si tiene miedo de los militares debería dimitir de su cargo. Este gobierno se está volviendo pequeño. Y eso es triste”, dijo Herzog a O Globo.

Sin embargo, desde la campaña electoral para su primer mandato (2003-2006), Lula siempre ha recordado su pasado como víctima de la dictadura, tras haber sido detenido el 19 de abril de 1980 durante una huelga que movilizó a más de 200.000 obreros metalúrgicos de cuyo sindicato era entonces presidente en la periferia industrial de San Pablo, en São Bernardo do Campo. En 2013 en el libro “Asesinato de reputaciones. Un crimen de Estado” del ex Secretario Nacional de Justicia del gobierno Lula, Romeo Tuma Jr., el autor cuenta la relación de Lula con su padre Romeo Tuma, director en San Pablo del Departamento de Orden Político y Social, el DOPS, la policía política durante la dictadura.

Según su relato, Lula en ese momento actuó como intermediario entre los trabajadores que exigían que se respetaran sus derechos y el Estado.

“Lula pasaba información privilegiada a mi padre sobre los movimientos de los sindicalistas y hacía el juego a las empresas automovilísticas para satisfacer las demandas tanto de los empresarios como de los trabajadores”, declaró Tuma Jr a José Nêumanne, del diario O Estado de São Paulo, en el momento de la publicación del libro. “Por ejemplo”, continuó Tuma Jr, “en aquella época era difícil aumentar los precios de los vehículos porque había un estricto control gubernamental. Así que Lula, de acuerdo con los empresarios, organizaba huelgas para forzar las negociaciones de los fabricantes de automóviles con el gobierno a cambio de beneficios para los trabajadores. Además, Lula siempre informaba a mi padre de quién era quién en los movimientos sindicales y de la personalidad de cada uno de los líderes y de sus compañeros”.

Lula prefirió en este 60 aniversario centrarse en los problemas del presente, a saber el supuesto intento de golpe de Estado del 8 de enero en el que los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados y vandalizados por los partidarios de Bolsonaro. El presidente también habló de esto en la primera reunión ministerial de 2024. “Hoy tenemos la certeza de que este país corrió el grave riesgo de vivir un golpe después de las elecciones de 2022. No hubo golpe sólo porque algunos responsables de las Fuerzas Armadas no quisieron hacerlo, pero también porque el presidente es un cobarde”, dijo.

Mientras el comandante del ejército, general Tomás Paiva, ha dictaminado que no habrá ningún programa para conmemorar el golpe, el Club Militar de Rio de Janeiro organizó, como todos los años, un almuerzo de celebración. En la invitación el golpe se denominó “movimiento democrático del 31 de marzo”. Entre los presentes el general retirado Maynard Marques de Santa Rosa que dirigió la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el primer año del gobierno Bolsonaro.