El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en Cuba se produjeron “al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas” en 2003. Esto es “justo cuando el régimen ha prohibido la realización de procesiones de Semana Santa en algunas localidades del país como El Vedado (Ciudad Habana) o Bayamo, donde ocurrió una de las más sonadas protestas el 17 de marzo pasado”, indicó.
En un informe al que tuvo acceso Infobae, el OCDH sostuvo que “el régimen cubano continúa utilizando sus sistemas de vigilancia y control para limitar o perseguir cualquier expresión pública, especialmente política, de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de su fe”.
Luego resaltó que documentó cuatro citaciones e interrogatorios en dependencias oficiales contra miembros del Centro de Estudios Convivencia como Yoandy Izquierdo Toledo y Dagoberto Valdés Hernández, director de este think tank de inspiración cristiana que promueve el pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba en diferentes sectores y temáticas.
“Durante el año pasado, varios familiares de presos políticos denunciaron la negación de asistencia religiosa, como fue el caso de Roberto Pérez Fonseca, y los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. También se recoge el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, preso político del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021), quien no recibe en prisión la adecuada atención médica ni alimentación acorde con sus padecimientos. El 12 de junio de 2023, el religioso fue ingresado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro de Santa Clara debido a su delicado estado de salud”, recordó el observatorio.
También destacó que, en marzo de 2023, Ailex Marcano, madre del preso político del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano, fue detenida arbitrariamente durante siete horas por la policía política en Camagüey para impedir su asistencia a la misa oficiada en la catedral por el cardenal Beniamino Stella.
“Igualmente, el sacerdote cubano Jorge Luis Pérez Soto denunció en sus redes sociales que, aunque estaba incluido por la Iglesia en la lista de invitados al encuentro con el cardenal Stella en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, fue excluido por ‘otras personas’ a último momento, impidiendo su asistencia”, consignó el informe.
Otro hecho que describe el escrito ocurrió en diciembre, cuando la policía política de Santiago de Cuba citó para un interrogatorio al obispo evangélico Jorge Luis Pérez Vásquez, líder del Ministerio Rehobot en el país. “Pérez Vásquez realiza una labor social y caritativa muy importante en su localidad”, destacó el OCDH.
“Como ocurre a nivel general en Cuba, las acciones represivas más frecuentes en este ámbito fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilios familiares para impedir la asistencia a misas dominicales; en especial contra integrantes de las Damas de Blanco, quienes fueron víctimas de varios centenares de actuaciones antirreligiosas, comúnmente contra la libertad de culto”, puntualizó el informe.
Por último, señaló que en enero de 2023 la Seguridad del Estado de San José de Las Lajas, en Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11J encarcelados asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. “Layda Jacinto Abad, madre de Aníbal Palau Jacinto; Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo; y Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, habían anunciado que se proponían hacer, cada semana, una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos”, concluyó el informe del OCDH.
El régimen prohibió dos procesiones por Semana Santa
En el marco de una nueva avanzada represiva tras las protestas que sacudieron a Cuba en las últimas semanas, el régimen de Miguel Díaz-Canel prohibió dos procesiones por Semana Santa. Una estaba prevista para realizarse en Bayamo, mientras que la otra iba a llevarse a cabo en El Vedado, La Habana.
“El régimen de Cuba ha prohibido las procesiones en Bayamo. Cuba reprime abrumadoramente la libertad religiosa”, denunció la ONG Prisoners Defenders en su cuenta en la red social X.
En tanto, el párroco Lester Rafael Zayas Díaz narró: “Durante más de 11 años la procesión solo se ha suspendido por la pandemia y en 2023 por falta de personal de seguridad”.
La actividad en El Vedado, La Habana, se realizará en el interior de la parroquia a las 18:00 de la tarde del Viernes Santo, indicó el medio ADN Cuba.
Zayas Díaz, quien criticó a la dictadura de Miguel Díaz-Canel, publicó un mensaje en la cuenta de Facebook de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Dijo que la procesión no fue autorizada debido al “contenido” de algunas de sus homilías.
“Negarla como castigo a un párroco es, además de absurdo, una violación de la libertad religiosa”, remarcó.
Luego indicó que nunca usó el púlpito para hacer política partidista y que sus homilías solo buscan iluminar la realidad desde el Evangelio, denunciar el mal y exhortar a la virtud. “Si alguien ha querido ver en mis homilías otra cosa, ya sea de dentro o de fuera, no es correcta ni bien intencionada su visión”, aclaró.
“Entiendo que el contenido de alguna homilía mía pueda resultar incómodo, suele serlo la verdad. El Evangelio tiene una fuerza que, como a todos nos interpela, a todos nos incomoda”, explicó.
En distintas oportunidades el propio párroco y sus feligreses denunciaron ataques contra la parroquia que lidera.
Represión religiosa en Cuba
A principios de año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció la represión religiosa en Cuba tras recoger, analizar y validar un informe de Prisoners Defenders de 2022. Ese año, la ONG y Outreach Aid to the Americas (OAA) elaboraron un escrito sobre la libertad religiosa en la isla, y su afectación por el marco legal y la nueva Constitución del país.
El estudio fue adoptado por el USCIRF, entidad bipartidista e independiente norteamericana, cuya misión es monitorear la libertad religiosa a nivel mundial. Posteriormente, su adopción y difusión conllevó una importante preocupación en el Gobierno de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa en Cuba, traduciéndose en la catalogación de la isla como “país represor de la libertad religiosa”.
El texto demostraba, tanto por el estudio jurídico como por las declaraciones de 56 líderes religiosos de cuatro de las religiones más populares en Cuba (yoruba, católica, evangélica y musulmana), que el régimen “reprime y controla de forma absolutista todas las prácticas religiosas en Cuba, creando agrupaciones ficticias en manos del Partido Comunista por medio de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), que forma parte de la cúpula, o Comité Central del Partido”.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, narró los detalles de la denuncia que hizo propia la ONU. “El pueblo sale en masa al exterior para escapar de la esclavitud mental, emocional y física que supone vivir en la isla”, señaló en enero en conversación con Infobae.
“En respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders, cinco mandatos y grupos de trabajo de las Naciones Unidas han acusado a Cuba por el patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional contra el islam y las religiones católica, protestante y yoruba, contra quienes, según la carta acusatoria, se cometen violaciones de derechos humanos múltiples ejerciendo torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tratamientos indignos e inhumanos de las personas privadas de libertad, violando la libertad y la seguridad personal y la prohibición de la detención arbitraria, el derecho a la igualdad ante los tribunales y el debido proceso, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de reunión pacífica, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la igualdad ante la ley”, explicó Larrondo.
Y siguió: “Todo un rosario de condenas, de prácticas, de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado que el gobierno de Cuba ejerce cada día contra el indefenso pueblo de Cuba, lo que está haciendo que el pueblo salga en masa al exterior para escapar de la esclavitud mental, emocional y física que supone vivir en la isla de Cuba con un régimen que ejerce el terrorismo de Estado”.
Por último, manifestó que “la carta acusatoria, gravísima, supone un espaldarazo a las denuncias de Prisoners Defenders en el ámbito de la libertad religiosa y también Naciones Unidas refrenda a los mecanismos represivos que Prisoners Defenders apuntaba en informes previos, donde se describía con todo detalle cómo el Estado de Cuba crea falsas organizaciones religiosas como La Liga Islámica de Cuba, la Asociación Cultural Yoruba, el Consejo de Iglesias o los Pastores por la Paz para monopolizar el control sobre todas las religiones mayoritarias en la isla”.