Tras la condena por narco a Juan Orlando Hernández, la justicia de Honduras avanza en la investigación de su esposa por lavado

Ana García Carías de Hernández ha sido la principal vocera de su esposo. Ha dicho que la condena por narcotráfico que recibió en Estados Unidos Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y su marido desde el 3 de febrero de 1990, es injusta y está basada en un complot político gestado por el gobierno estadounidense y narcotraficantes hondureños. Lo cierto es que ella, la ex primera dama, también está en la mira de la justicia de su país, donde el Ministerio Público la investiga desde hace al menos tres años por delitos de blanqueo de activos relacionados con las actividades ilegales de su esposo.

La Unidad contra el delito de lavado de activos y privación de dominio del Ministerio Público de Honduras (MPH) abrió una investigación a Ana García de Hernández el 5 de abril de 2021, como consta en documentos oficiales que fueron facilitados a Infobae por Pro-Honduras Network, una organización hondureña sin fines de lucro basada en Washington, DC que ha dado seguimiento a los juicios a narcotraficantes y exfuncionarios del país centroamericanos en Estados Unidos, entre ellos el que terminó en la condena al expresidente Juan Orlando Hernández el 8 de marzo pasado. Infobae comprobó la autenticidad de los documentos con un funcionario del MPH y con otro que trabaja en el área de inteligencia para el gobierno de Xiomara Castro, la actual presidenta.

En un informe redactado el 3 de junio de 2021, la fiscal Soraya Cálix, entonces jefa de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico del MPH, explica que una de las razones para investigar a la ex primera dama y a su esposo es que ambos aparecen como propietarios o vinculados a las empresas Inversiones Puca e inversiones del Río, entre otras, de las cuales los fiscales sospechan que fueron utilizados por la familia Hernández para lavar dinero, para enriquecerse de forma ilícita y para pagar parte de los gasto de defensa de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, quien en marzo de 2021 fue condenado por narcotráfico en Nueva York.

En marzo de 2022, un juzgado de primera instancia en Tegucigalpa, la capital, ordenó la incautación de bienes a familiares del expresidente, quien para entonces ya había sido reclamado en extradición por Estados Unidos para que respondiese en una corte, también de Nueva York, por delitos de narcotráfico. Esa petición está basada en la investigación iniciada un año antes, en 2021, en la que está incluida la ex primera dama.

Los agentes del MPH que solicitaron la incautación de bienes de los Hernández describen, en el oficio legal que presentaron al tribunal correspondiente en 2022, sus sospechas respecto a las actividades ilegales de Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García de Hernández. “Crearon sociedades, negocios, invirtieron en bienes muebles e inmuebles, aperturaron (sic) productos financieros en la banca nacional, llevando una vida de lujos producto de las jugosas ganancias provenientes del narcotráfico y del capital recibido de sus socios para controlar el tráfico ilícito de drogas y con todo ello dar apariencia de legalidad a todo el dinero ilícito del que se beneficiaban”, dicen los fiscales sobre la ex familia presidencial.

En el primer expediente abierto a la ex primera dama de Honduras en abril de 2021, número de referencia DLCN-02-0901-2021, también están incluidos su esposo el expresidente, el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, el empresario arrocero Fouad Juan Jarufe Larach y varios familiares de este último. La investigación por lavado de activos inició por órdenes de la fiscal Claudia Erazo, quien abrió el expediente luego de que Fuentes Ramírez fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en marzo de aquel año.

En el juicio a Fuentes se estableció que el narcotraficante entregó sobornos al expresidente a cambio de protección para sus actividades de tráfico ilícito, y que Hernández le pidió en 2013 ser su socio en un narcolaboratorio capaz de producir toneladas de cocaína.

Durante el juicio al expresidente Hernández, llevado a cabo en Nueva York entre el 20 de febrero y el 8 de marzo pasados, un testigo presentado al jurado como José Sánchez dijo que él era contador del empresario Jarufe Larach, dueño de Graneros Nacionales, la arrocera más importante del país. Sánchez contó al jurado que él estuvo presente en reuniones en las que también estaban su jefe, el señor Jarufe, Juan Orlando Hernández, también conocido como JOH por sus iniciales, y el narcotraficante Fuentes Ramírez. En dos de esos encuentros se habló de sobornos y narcotráfico.

En el juicio de 2021 a Fuentes Ramírez, la fiscalía estadounidense solo identificó a Hernández como CC-4 y al empresario Jarufe como “Propietario 1″. Fue el MPH el que, un mes después, al abrir su propia investigación, identificó con nombres y apellidos a Juan Orlando Hernández, quien para entonces aún era presidente de Honduras.

Fue a partir de aquellas revelaciones que el Ministerio Público de Honduras abrió su propia investigación en la que incluyó a la ex primera dama Ana García de Hernández como sospechosa de participar en el esquema de blanqueo de dinero junto a su marido y otros familiares.

Infobae reveló, en una publicación hecha el 16 de marzo pasado, que el MPH investigaba a la ex primera dama desde antes de la condena a su esposo a principios de marzo de 2024 y que había un expediente abierto por lavado de activos. Las investigaciones a Ana García de Hernández, de hecho, están abiertas desde principios de abril de 2021, cuando el Ministerio Público de Honduras hizo suyas, después de varios años, las sospechas sobre las actividades de narcotráfico que agentes estadounidenses y algunos militares y policías hondureños atribuían a Juan Orlando Hernández y a su entorno familiar.

Durante buena parte de 2021, sin embargo, la investigación quedó estancada en el MPH, que entonces dirigía el fiscal general de Honduras, el abogado Óscar Chinchilla, aliado político de JOH y quien huyó hacia Nicaragua cuando el expresidente fue extraditado a Estados Unidos.

Mientras duró el juicio a Hernández en Nueva York, e incluso desde que JOH fue extraditado a Estados Unidos a principios de 2022, su esposa se convirtió en su principal vocera y defensora pública. En sus redes sociales, en las vísperas del juicio en la corte del distrito sur de Manhattan, la ex primera dama insistió en que Hernández es inocente y promulgó la narrativa de que la única prueba que tenían las autoridades estadounidenses eran testimonios de narcotraficantes a los que su esposo había perseguido cuando fue presidente.

Nada dijo la ex primera dama de las pruebas que el Ministerio Público de Honduras ha acumulado contra ella y su esposo por transacciones sospechosas de dinero y bienes y por los movimientos entre decenas de cuentas de la pareja, otros familiares e incluso narcotraficantes confesos. A estos señalamientos no ha respondido Ana García de Hernández.

La inacción del MP durante la gestión del fiscal general Óscar Chinchilla permitió a Ana García de Hernández traspasar bienes a dos bancos hondureños, el Banco Atlántida y FICOHSA, como dación en pago por préstamos hipotecarios y recibir excedentes en efectivo, según determinó la investigación inicial. Los traspasos ocurrieron cuando ya las autoridades en Honduras habían aprobado la extradición de JOH y habían ordenado inmovilizar sus bienes.

Estas transacciones, aseguran los agentes del MPH, fueron ejecutadas “con posterioridad” a la captura de Juan Orlando Hernández con fines de extradición, por lo que “fueron realizadas por la señora Ana Rosalinda García Carías (de Hernández) en actos de encubrimiento con fines de impedir la persecución de los bienes en los cuales figuraban de titulares (ella y su esposo)”.

En específico, los fiscales se refieren a dos transacciones. Ana de Hernández dio en pago dos propiedades a sendos bancos hondureños para finiquitar créditos hipotecarios obtenidos con esos inmuebles como garantías. Al final del proceso, la ex primera dama recibió dinero en efectivo que introdujo a sus cuentas bancarias y las de su familia de acuerdo con el informe del MPH presentado a un juez de primera instancia en Tegucigalpa en marzo de 2022.

El MPH explica que los dos bancos hondureños involucrados en estas transacciones con Ana García de Hernández valoraron los dos inmuebles entregados por la ex primera dama a precios muy superiores a los que ella y su familia pagaron por ellos, lo cual le permitió cancelar las hipotecas y agenciarse el efectivo extra que terminaron trasladados a sus cuentas y a los de los otros investigados. Estas transacciones, aseguran los fiscales, “contravienen” lo establecido en la ley hondureña contra el lavado de activos, y en esas ilegalidades están implicados también los bancos que las aceptaron según el MPH.

En total, en dos días, el 21 y el 22 de marzo de 2022, Ana García de Hernández logró liberar unos USD 6.7 millones de dólares de acuerdo con los documentos en poder de Infobae. Cuatro días antes, el 17 de marzo de 2022, la Procuraduría General de la Nación (PGN) había pedido congelar todas las propiedades de JOH.

Una semana después de que la exprimera dama hizo los movimientos bancarios de última hora, el 31 de marzo de 2022, los fiscales pidieron a las autoridades judiciales ordenar el bloqueo de 30 bienes inmuebles propiedad de Juan Orlando Hernández, de su esposa o de otros familiares y testaferros, incluida una hija del exmandatario y al menos dos sociedades comerciales. Cuando, durante el juicio en Nueva York, sus abogados defensores le preguntaron cuántas propiedades tenía en Honduras, el expresidente habló, bajo juramento, solo de dos casas; en realidad, como concluyen las investigaciones hondureñas, JOH y su esposa tenían mucho más.

La investigación abierta por el MPH en 2021 también descubrió que Ana García de Hernández recibía dividendos de Cable Lenca y de Asesores Legales Consultores y Notarios, además de Inversiones del Río, que era el principal frente comercial de la familia. Rastreando las cuentas de la ex primera dama, los fiscales descubrieron, además, que ella listó en un formulario W-8 de impuestos para extranjeros en Estados Unidos una residencia en Miami, en la dirección 3533 NW 83rd Way, Cooper City.

Las investigaciones hechas a las cuentas y propiedades de la expareja presidencial, Juan Orlando Hernández y su esposa Ana Rosalinda García de Hernández dan cuenta, según lo escrito por fiscales hondureños en documentos judiciales a los que Infobae tuvo acceso, de relaciones con narcotraficantes que van más allá del vínculo con Tony Hernández, el primero de la familia condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Más aún: estos datos confirman lo dicho por testigos en el juicio en Nueva York que culminó con la condena a JOH el 8 de marzo pasado.

Tony fue detenido en Miami en noviembre de 2018. Fue juzgado y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por cargos de narcotráfico y uso de armas largas. En Honduras, el Ministerio Público también había abierto una investigación formal a Tony Hernández en 2018, luego de la detención del narcotraficante Magdaleno Meza y el decomiso de libretas en las que aparecen los hombres e iniciales del expresidente y de su hermano.

Testigos presentados por la fiscalía estadounidense en los juicios a Tony y Juan Orlando Hernández han dicho que el hermano del expresidente fue, durante varios años, el principal nexo entre el poder político hondureño y el crimen organizado dedicado al tráfico de cocaína. Los fiscales estadounidenses, en las acusaciones hechas en ambos casos, establecen que los hermanos estuvieron a la cabeza de una conspiración criminal de narcotráfico a gran escala para introducir toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Durante el juicio que se le siguió en Nueva York, el expresidente Hernández intentó minimizar el vínculo con su hermano, con quien, dijo, no tenía una relación demasiado cercana y a quien aconsejó arreglar sus problemas con las autoridades estadounidenses cuando descubrió que la Agencia Antidrogas (DEA) lo investigaban por narcotráfico. Las investigaciones hondureñas dicen otra cosa. Por ejemplo: Juan Orlando Hernández y su esposa tenían participación en la sociedad Inversiones Puca, la cual tenía varias cuentas en el Banco Occidente de Honduras y en al menos dos de esas cuentas tenía firma autorizada Tony Hernández.

JOH y su esposa también tenían participación en el Hotel y Comercial La Posada de Don Juan, administradora de un hotel del mismo nombre en Gracias, Lempira, ciudad en que nacieron los Hernández. A ese hotel está asociada una cuenta del Banco de Occidente en la que tiene firma autorizada Aixa Hernández Alvarado, hermana de JOH y Tony. Fue de esa cuenta, la número 22-104-000105-4, que en 2018 y 2019 se realizaron dos transacciones internacionales hacia Estados Unidos por USD 60,000 a dos firmas legales que asumieron la defensa de Tony Hernández. Para justificar el traslado, los remitentes adjuntaron una factura de USD 166,552.54 por la defensa de Tony, quien eventualmente fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.

Ana García de Hernández, la exprimera dama, tenía una cuenta en Banco Atlántida, la número 13211000495, desde la que se emitieron dos cheques por unos 4.8 millones de lempiras (unos USD 191,500) a favor de Aixa Hernández Alvarado, la hermana desde una de cuyas cuentas bancarias se gestionaron lo pagos para la defensa de Tony Hernández.

Las investigaciones hondureñas también revelan, por ejemplo, que Ana García de Hernández tenía firma en una cuenta de cheques asociada a la empresa Inmobiliaria Villa Verde, constituida bajo la sombrilla de Inversiones del Río. De la inmobiliaria era socia también Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando y su jefa de campaña en las elecciones presidenciales de 2017; Hilda, de acuerdo con testimonios dados en el juicio a JOH en Nueva York, recibió al menos dos sobornos para su hermano de los narcotraficantes Fabio Lobo y Javier Maradiaga, líder este último de la banda Los Cachiros.

De una cuenta de cheques del Banco FICOHSA asociada a la Inmobiliaria Villa Verde también salió dinero para Mario Cálix, un narcotraficante que se entregó a Estados Unidos en 2019 y sobre quien penden tres cargos relacionados con el tráfico de cocaína. Cálix, de alias Cubeta, es oriundo de Gracias, Lempira, el mismo lugar en que nació y creció Juan Orlando Hernández. Durante el juicio en Nueva York, JOH restó importancia a su relación con Cubeta.

El Ministerio Público de Honduras ha dicho que abrió 15 líneas de investigación tras la condena de Juan Orlando Hernández en Honduras. En el juicio en Nueva York el nombre de Ana García de Hernández no fue mencionado por los testigos que presentaron los fiscales estadounidenses; sus homólogos hondureños, no obstante, llevan ya varios meses tras las cuentas y movimientos bancarios de la exprimera dama.

Por ahora, a falta de una acusación formal, Ana García de Hernández se ha postulado como precandidata presidencial del Partido Nacional, el mismo al que perteneció su esposo.