Un grupo de ocho organizaciones feministas y de derechos humanos presentaron este martes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda para despenalizar el aborto, un derecho que en el país andino sólo está permitido en los casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre.
La demanda presentada por el movimiento nacional Justa Libertad busca que el máximo tribunal de garantías de Ecuador declare inconstitucional el artículo 149 del código penal ecuatoriano, que castiga de uno a tres años de cárcel a quien practique el aborto y de seis meses a dos años a la mujer que permita que se lo practiquen.
Las ocho organizaciones que forman Justa Libertad son Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas.
En 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ya despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional (Parlamento) elaborar una regulación, cuyo resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) introdujo cambios que a su criterio limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La directora ejecutiva de Surkuna, Ana Vera, aseguró en declaraciones a EFE que la Corte Constitucional, que recientemente despenalizó la eutanasia en Ecuador con el caso de Paola Roldán, una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), “es un órgano que tiene que estar a la altura del momento histórico que le va a tocar vivir justamente al conocer esta demanda”.
Para Vera, el tribunal debe dar prioridad a esta demanda y dirimir en menos tiempo de los seis meses que se tomó en el caso de la eutanasia, pues “es indispensable que elimine de forma urgente el delito de aborto, justamente para evitar estas graves, inminentes e inmediatas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres que pueden darse si este delito no se elimina”.
“Este es el momento de defender la libertad. Es ahora, el país está listo para esto, y además este es un mínimo en el marco de los derechos humanos”, dijo Vera, para quien “el aborto no debe ser regulado por el código penal, sino que debe ser reconocido como un servicio esencial de salud, y en ese sentido debe ser garantizado a todo el mundo”.
“Además, la existencia de este delito nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad. Eso quiere decir que no podemos decidir ni siquiera sobre lo más íntimo en nuestras vidas que es nuestro cuerpo, que es nuestro plan de vida, y si es que queremos ser madres o no. El derecho penal nos obliga a ser madres bajo la amenaza de una pena privativa de la libertad”, incidió.
Por ello, el movimiento Justa Libertad señaló en un comunicado que su objetivo es “proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida, así como garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, seguros y legalmente reconocidos”.
En ese sentido, consideró que la opinión pública nacional está de su lado, al citar un sondeo de la encuestadora Cedatos, realizado en 2021, en el que se señalaba que el 80% de los ecuatorianos está en contra de que las mujeres sean criminalizadas por abortar.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía difundidas en 2023, en los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, de las que el 61% eran mujeres.
La penalización del aborto, recordó el movimiento, resulta además “inefectiva”, pues no evita que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo dejen hacerlo, sino que las empuja a hacerlo en la clandestinidad y en condiciones que pueden poner en riesgo su vida.
Cada día, 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por emergencia obstétricas, de acuerdo a datos de 2002 del Ministerio Salud.
Ese riesgo se eleva entre las mujeres más vulnerables por la criminalización y estigmatización tanto de ellas como del personal de salud, “quienes enfrentan múltiples obstáculos y arbitrariedades al intentar acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, señaló el grupo de organizaciones.
Así, el movimiento Justa Libertad instó a la Corte “a reconocer el avance hecho por la sociedad entendiendo que no se puede regular la libertad reproductiva de las mujeres con un código penal con una antigüedad cercana a dos siglos”.
(Con información de EFE)
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