El Interamerican Institute for Democracy presentó un informe sobre la libertad de prensa en Bolivia

El Interamerican Institute for Democracy (IID), en colaboración con Infobae, llevó a cabo un Foro en el que se presentó el Informe sobre Libertad de Prensa en Bolivia 2006-2023, del Observatorio de Transparencia Legislativa.

El Foro, que se presentó como un espacio de reflexión y análisis sobre la libertad de prensa en Bolivia durante el período 2005-2023, contó con la destacada participación de distinguidos expertos y figuras influyentes en el ámbito de la comunicación y la política regional.

El ex alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, dio la bienvenida a los asistentes, mientras que el discurso principal estuvo a cargo de Israel Mérida, periodista y autor de Manual para hundir un país, quien compartió su visión sobre el tema.

Entre los expositores se encontraron Óscar Haza (EEUU / República Dominicana), Iliana Lavastida (Cuba), Román Lejtman (Argentina), Luis Galeano (Nicaragua), Carlos Paredes (Perú), Alexis Ortíz (Venezuela) y Francisco Santos (Colombia). Las conclusiones del Foro fueron presentadas por Carlos Sánchez Berzaín, y la moderación estuvo a cargo de Beatrice Rangel.

Rangel comenzó apuntando que a lo largo de estos años, “el deterioro en el ejercicio de la libertad de expresión en Bolivia es notable, incrementándose de manera realmente exponencial la autocensura de los medios y de periodistas, la inserción de noticias falsas, la negativa del derecho a réplica y el constante uso de la sincronización entre medios y redes sociales para silenciar voces críticas al régimen que en este momento impera”.

Todo ello, agregó, es consecuencia de los “regímenes dictatoriales modernos, que han aprendido a realizar elecciones donde los pueblos votan pero no eligen, y a producir contenidos que intoxican los medios de comunicación tradicionales e inundan las redes sociales con el objetivo de acallar críticas y destruir la reputación de los opositores”.

A continuación, Mérida advirtió del “creciente aparato comunicacional” por parte del Estado, la “asfixia económica” y “varias restricciones de acceso a la información”, que derivan en “la reducción de los medios privados” y amenaza la libertad en el país, tal como quedó plasmado en su estudio.

El informe, elaborado en conjunto con Enrique Rosenthal, vicepresidente del Observatorio de Transparencia Legislativa, analizó el importante deterioro de la libertad de prensa en Bolivia entre 2005 y 2023, incluso a pesar de los múltiples artículos de la Constitución Nacional que protegen a este aspecto, así como a la libertad de expresión.

Precisamente, señala que las violaciones sistemáticas comenzaron a incrementarse en 2006, con la asunción al poder de Evo Morales y el inicio de una etapa plagada de agresiones verbales y físicas, censuras a programas críticos y amenazas y estigmatizaciones sobre el trabajo periodístico, entre otras.

Uno de los aspectos más alarmantes del documento es el que respecta a las detenciones arbitrarias ordenadas por autoridades jurisdiccionales así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que dejaron más de 52 heridos y casi dos decenas de periodistas aprehendidos y detenidos por realizar su labor, en los últimos 18 años. Algunos de ellos fueron Juan Carlos Paco Vermanedi, Esteban Farfán Romero y Carlos Quisbert.

Asimismo, casi medio centenar de medios y profesionales fueron víctimas de acoso judicial, un reflejo de las interferencias del Ejecutivo de Morales y sus sucesores Jeanine Áñez y Luis Arce en la labor periodística, buscando modificar la Ley de Imprenta a fin de penalizar la conducta ética, derogar las licencias de funcionamiento e imponer multas tan costosas que obliguen al cese de sus actividades.

A ello se suma que, entre 2007 y 2008, se dieron 27 casos de atentados terroristas contra medios privados y otros cinco estatales, que luego se repitieron en forma de saqueos e incendios.

Por otro lado, se han confirmado casos de delincuentes y sicarios miembros de movimientos sociales y simpatizantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) responsables de hechos de amedrentamiento a trabajadores de la prensa.

Si bien estos episodios se evidenciaron casi sin interrupciones en los últimos 18 años, los expertos del Observatorio destacaron el período 2007-2014, durante el cual se dio un incremento de agresiones a periodistas mujeres que rondó el 30% y dio inicio a una tendencia al alza, superando incluso los porcentajes en hombres de los años siguientes.

Así, quedó expuesto que las trabajadoras de prensa son el principal foco de las agresiones, con casi 4 de cada 10 mujeres del rubro víctimas de violencia.

También, en la década entre 2008 y 2018, “una media anual de seis periodistas recibía amenazas de muerte durante el ejercicio de la profesión, incrementándose el año 2019 a 38 casos” por las disputas en torno a Morales. Si bien de momento la media disminuyó a 20 profesionales, lo cierto es que se trata de un índice en alza.

En base a estos datos, el Observatorio proyectó que las agresiones aumentarán “de manera vertiginosa y peligrosa” en los próximos tres años, “llegando muy fácilmente a superar la media establecida históricamente”. Inclusive, se comparó la situación con la de países como Venezuela y Nicaragua, que también dan cuenta de los mayores retrocesos democráticos en la región.

“La labor periodística se ve desamparada de toda garantía jurídica y a merced para la vulneración de sus derechos constitucionales, siendo atendida únicamente por las instancias sindicales del gremio, donde también se deja en evidencia la ausencia de los propietarios de medios”, advierte el documento y agrega que estas agresiones, sumadas a la asfixia económica que se les impone, son parte de una estrategia que busca, al final, la compra de los medios o su subordinación editorial y el control de los contenidos en favor del gobierno, condicionándolos a la propaganda estatal.

Como consecuencia, de no haber un cambio rotundo en las políticas estatales en Bolivia, en los próximos cinco años tan sólo el 30% de los medios en el país continuarán siendo independientes mientras que el 70% serán ya estatales o paraestatales, una nueva amenaza a la libertad de información y la opinión pública. También, se alertó por la extensión de la interferencia del Ejecutivo a otros aspectos como las redes sociales e Internet, donde se busca avanzar con penalidades y restricciones sobre la información.

Haza tomó la palabra a continuación y señaló que República Dominicana “felizmente ve superados sus períodos oscuros de finales del siglo pasado, que realmente preocuparon a toda la población” destacando un reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que señala nulas evidencias de atropellos sobre el sector y, por el contrario, asegura mayores aperturas desde el Ejecutivo dominicano.

A su término, Galeano lamentó que la situación en Nicaragua sea muy distinta y comentó: “Desde abril de 2018, el periodismo nicaragüense ha sufrido los embates de la dictadura de Ortega-Murillo, a través de la persecución, criminalización, encarcelamiento, confiscaciones, destierro de periodistas, desnacionalización y campañas de estigmatización de medios de comunicación como radios y televisoras”, obligando al desplazamiento de muchos profesionales para poder seguir informando.

Le siguió Lejtman, quien dijo que Argentina vive “una situación muy interesante” dado que “uno puede escribir lo que quiera”, destacando que “conviene escribir sobre lo que uno tiene chequeado” aunque “eso no siempre sucede”. A ello se suma que, por las noches, se dan “debates muy profundos entre colegas” tanto oficialistas como opositores, en los que priman la libertad y las garantías democráticas. Por el contrario, señaló que, ahora, con la presidencia de Javier Milei, la cuestión recae en su relación con los medios dada su falta de experiencia en la tarea.

Lavastida comentó por su parte que Cuba y Bolivia no están tan lejos uno del otro ya que Fidel Castro “secundó a Evo Morales en su estrategia de consolidar una trasnacional de regímenes dictatoriales en latinoamérica”, que permitió acabar en los resultados antes expuestos, que son “proporcionales al deterioro de la democracia”. “Cuba es una sociedad donde no existen medios de comunicación; existen medios de difusión masiva, según los define el régimen” que sólo tienen autorización “para difundir lo que previamente fue aprobado por los ideólogos del poder, incluso lo que es propiamente noticia”. “Los medios son el brazo largo del partido”, agregó.

Muñoz comenzó diciendo que el oficialismo mexicano “dio voz a la creación de muchos blogs que tienen acceso inmediato a la institución presidencial pero que solamente hablan de temas afines al Gobierno y critican a periodistas y medios tradicionales bajo el lema de la corrupción, siendo ésta la más escandalosa durante el mandato del Presidente”. Asimismo, comentó sobre el tratamiento de una nueva ley que busca, entre otros, penar con cárcel los comentarios sobre personas -incluidos mandatarios- por tratarse de datos privados.

Desde Perú, Paredes habló de la situación en su país y dijo que los periodistas pueden investigar al poder de turno e, inclusive, “en la corrupción, la prensa independiente ha sido fundamental para que se den las investigaciones que están en curso”. No obstante, señaló que Lima bajó 27 posiciones en el ranking de Reporteros sin Fronteras y está ya bajo la clasificación de “países con restricciones” tras las medidas impulsadas por Pedro Castillo.

Sobre Venezuela, Ortiz lamentó que “el chavismo llegó al poder porque muchísimos colegas veían a Chaves como un redentor y los medios de comunicación más destacados convirtieron al golpista fracasado e ignorante en un héroe nacional”, señalando así el rol de la prensa y su responsabilidad sobre los hechos que ocurren en cada país.

Santos habló sobre la delicada situación histórica en Colombia y señaló que, hace unos años, “afortunadamente, el Gobierno se puso las pilas, logrando que se creara un mecanismo de protección muy costoso pero muy importante” junto con “el respaldo de los gobernantes a lo que hacen los periodistas” que “ha durado hasta ahora”. No obstante, en este último mandato, “hemos encontrado un Presidente que acusa a los medios, las personas, y los pone en riesgo”.

Por último, Sánchez Berzaín concluyó que “la libertad de prensa y de expresión no son la última trinchera en la defensa de la democracia sino la que se ataca primero cuando se trata de construir una dictadura”, algo que quedó plasmado con las exposiciones sobre la región. “La lucha por la libertad es permanente y las dictaduras no tienen libertad de prensa o expresión porque están sancionadas”, cerró.

Este evento proporcionó una plataforma única para analizar y discutir los desafíos y avances en materia de libertad de prensa en Bolivia, así como para fomentar el intercambio de ideas entre expertos y audiencia.

El 10 de mayo de 2023, los trabajadores de la prensa bolivianos exigieron, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista en Bolivia, garantías a su labor “en un contexto creciente de violencia”, ya que en lo que iba de 2023 se habían ya documentado 37 hechos de vulneración contra la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitieron en aquella oportunidad sendos comunicados para exigir respeto a la libertad de prensa, a la Ley de Imprenta que rige a los periodistas y que no se judicialice el trabajo del gremio.

El Interamerican Institute for Democracy se define como un think tank privado sin fines de lucro, constituido por académicos, políticos, profesionales y empresarios de distintas nacionalidades cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Además, señala que es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia.