Caso Metástasis en Ecuador: la Fiscalía pidió que Mayra Salazar, ex relacionista de la Corte del Guayas, dé su testimonio cuánto antes

Mayra Salazar, la mujer de las múltiples caras y ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, ingresó al programa de víctimas y testigos protegidos, según confirmó la Fiscalía en un escrito entregado al juez nacional Felipe Córdova, quien conoce el caso Metástasis, que ya lleva 52 vinculados por el delito de delincuencia organizada. En el mismo documento, la fiscal general del Estado, Diana Salazar solicitó al magistrado superior que fije una fecha para que la mujer brinde su testimonio anticipado como procesada.

Además de Mayra Salazar, la fiscal también ha solicitado que Libia Sarabia, fiscal especializada en crimen organizado, dé su testimonio en calidad de testigo. Sarabia llevó el caso de lavado de activos en contra del capo asesinado Leandro Norero y sus hermanos. En las conversaciones extraídas del teléfono del narcotraficante, se reveló que Norero quería atentar en contra de la fiscal Sarabia. Ella también ha ingresado al programa de protección de víctimas y testigos.

El testimonio anticipado en Ecuador es un procedimiento legal que permite a una persona brindar su testimonio sobre un hecho delictivo antes de que se lleve a cabo el juicio correspondiente. Este mecanismo está diseñado para proteger a los testigos de posibles represalias y para garantizar la preservación de la evidencia. La persona testifica frente a un juez o fiscal, quien realiza un registro formal del testimonio, el cual puede ser utilizado como evidencia en el proceso judicial. Este procedimiento puede ser especialmente útil en casos de delitos graves donde los testigos pueden sentir temor por su seguridad o donde la preservación de la evidencia es crucial para el éxito del caso.

“Conforme a lo señalado en el artículo 444, numeral 7, 501, 502, numeral 2 y 560, numeral 2. del Código Orgánico Integral Penal, solicito se digne señalar día y hora para que se recepte los testimonios anticipados de la abogada Lidia Yasmin Sarabia López y Mayra Carolina Salazar Merchán; mayores de edad, quienes actualmente se encuentran ingresadas en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, en calidad de testigo y procesada respectivamente”, se lee en el escrito difundido la noche del 17 de marzo en X.

Según la normativa ecuatoriana: “El juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio”.

La fiscal general pidió al juez que, para cumplir con el principio de reserva y confidencialidad que cobija a las personas protegidas, “no se adjunta la documentación que respalda el ingreso de las personas protegidas al sistema, pero que se presentará al momento de la diligencia”.

El caso Metástasis –el “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”, según la Fiscalía– inició luego del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, quien cumplía prisión en la Cárcel de Latacunga. La Fiscalía confiscó sus dispositivos móviles y perició sus conversaciones. Las comunicaciones revelaron que Norero lideraba una red de delincuencia organizada enquistada en el sistema judicial que favorecía a criminales y les permitía obtener beneficios penitenciarios o manipular a la justicia.

Esa red estaba conformada por funcionarios judiciales, carcelarios y altas autoridades. Entre los vinculados al caso está Wilman Terán, que al momento de su arresto fungía como presidente del Consejo de la Judicatura; Pablo Ramírez, general de policía en servicio pasivo que dirigió el servicio de cárceles y fue director antinarcóticos durante el gobierno de Guillermo Lasso. A ellos se suman jueces, un ex futbolista, agentes fiscales y, por supuesto, los socios y operadores de Norero como Xavier Jordán, identificado por la Fiscalía como quien “ponía a disposición todos sus recursos materiales y humanos para cumplir con el plan criminal de Leandro Norero”; el ex legislador correísta y Latin King, Ronny Aleaga que buscaba silenciar, según la Fiscalía, a personas incómodas para Norero como el político asesinado Fernando Villavicencio.