Quiénes son los políticos y ex funcionarios de Honduras en la mira de la Justicia tras la condena por narco a Juan Orlando Hernández

El de Óscar Chinchilla, el ex fiscal general de Honduras, fue uno de los nombres más mencionados en el juicio realizado en Nueva York a Juan Orlando Hernández, el ex presidente del país centroamericano que el 8 de marzo pasado fue encontrado culpable de narcotráfico y uso ilegal de armas largas para la importación de cocaína a Estados Unidos. Los testigos en ese juicio, algunos de ellos narcotraficantes confesos, mencionaron como sus cómplices a Hernández, a Chinchilla y otra treintena de políticos y ex funcionarios, algunos de los cuales ahora están en la mira de las autoridades.

El Ministerio Público de Honduras (MPH), liderado por el fiscal general Johel Zelaya, anunció el 7 de marzo, un día antes de que el jurado diera su veredicto, que su oficina había abierto 15 líneas de investigación surgidas de lo dicho por los testigos en el juicio y de las pruebas que presentó el Departamento de Justicia contra el expresidente Hernández.

“Resulta evidente la comisión de otros delitos en territorio hondureño, así como indicios de participación de diversas personas… (la fiscalía) sigue trabajando en líneas de investigación antes del inicio de dicho juicio y apertura (sic) nuevas líneas para el esclarecimiento de hechos y el ejercicio de las acciones penales… contra los responsables”, dijo el MPH en un comunicado.

El MPH envió a cuatro fiscales a observar el juicio, que se llevó a cabo en la corte del distrito sur de Manhattan entre el 20 de febrero y el 8 de marzo, entre ellos representantes de los departamentos de lucha contra el narcotráfico y anticorrupción. De ahí, ha detallado la fiscalía hondureña, saldrán los indicios para abrir más expedientes. Por ahora, sin embargo, el MPH ha dado pocos detalles sobre los nombres de los potenciales investigados.

Lo que sí hizo la fiscalía hondureña durante el juicio a Juan Orlando Hernández, a quien en Honduras se conoce también como JOH por sus iniciales, fue asegurar los bienes de Mauricio Hernández Pineda, primo del mandatario y ex policía, quien se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York.

Estaba programado, hasta enero de este año, que Hernández Pineda sería juzgado como coacusado junto al expresidente Hernández y a Juan Carlos Bonilla, alias “Tigre” y exjefe de la Policía Nacional de Honduras también acusado de narcotráfico. Al final, Bonilla y Hernández Pineda se declararon culpables y JOH enfrentó solo al jurado que terminó condenándolo en Nueva York.

En el arranque del juicio a JOH declaró como testigo del gobierno estadounidense Alexander Ardón, alias “Chande”, un exalcalde y narcotraficante condenado que fue compañero de partido del expresidente. Ardón explicó a la corte y al jurado que Hernández Pineda, entonces policía en activo, era quien protegía cargamentos de droga que él. Ardón, movía junto a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH. El exalcalde también dijo que “Tigre” Bonilla era uno de los sicarios del grupo.

Pero no fueron los nombres de Hernández Pineda o el Tigre Bonilla los que causaron revuelo en la corte o entre algunos periodistas que cubrían el juicio; al fin y al cabo ellos dos ya estaban capturados y habían aceptado culpa. Fueron otros nombres escuchados en la corte los que confirmaban el alcance de la empresa criminal de la que fue parte esencial el expresidente Hernández; uno de esos nombres es el del ex fiscal general Chinchilla.

La primera mención a Chinchilla llegó por la boca de José Sánchez, un contador que trabajó para la empresa Graneros Nacionales, desde donde, como quedó constatado en el juicio en Nueva York, se lavaba dinero del narcotráfico y se distribuían sobornos a políticos y candidatos, entre ellos Juan Orlando Hernández.

Fue en las oficinas de Graneros Nacionales en Choloma, una ciudad industrial ubicada 270 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital, que JOH hizo tratos con Giovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante del que fue socio en narcolaboratorio y quien también le entregó dinero a cambio de protección política.

Sánchez, el contador de Graneros, grabó al menos dos de las conversaciones entre JOH, los financistas y el narcotraficante. Guardó la grabación junto a videos tomados por un equipo de video instalado en la oficina en memorias USB. Hizo copias. Entregó una USB a la fiscal Marlen Banegas y otra a Christian Ayala, un ex policía de su confianza. A Banegas lo mataron unas semanas después de que ella entregó toda la información a su jefe, el entonces fiscal Óscar Chinchilla; la misma suerte corrió Ayala.

Cuestionado por uno de los defensores del expresidente Hernández por qué no había llevado esas pruebas a la corte y por qué había huido de Honduras, el contador Sánchez respondió con calma que temía por su vida.

“(La fiscal) Banegas le había hecho llegar las grabaciones al fiscal general y la mataron unas semanas después… Cuando mataron a Christian Ayala yo iba a regresar a Honduras, pero después de que lo mataron a él ya estaban preguntando por mí”, contó Sánchez desde el estrado al referirse a su salida del país centroamericano hacia Estados Unidos, donde entró con una visa de turista.

Fue en el juicio en Nueva York, por el testimonio de este hombre, que se conoció que el ex fiscal Chinchilla había tenido en sus manos, al menos desde 2015, los primeros indicios contundentes de que Juan Orlando Hernández estaba metido con el narcotráfico y la corrupción política. Lo que ocurrió luego de que el entonces fiscal general recibió la información no fue que el Ministerio Público abrió una investigación a JOH; lo que ocurrió fue que Marlen Banegas, la fiscal que se supone entregó la información a Chinchilla, fue asesinada poco después de hacerlo.

El rostro de la fiscal Banegas era uno de los que, impresos en carteles, estaban expuestos en el Parque Columbus, frente al edificio de la corte donde JOH fue juzgado en Nueva York, durante una vigilia que familiares de víctimas del narcotráfico en Honduras instalaron horas antes de que el jurado entregara su veredicto sobre el expresidente hondureño.

Ahí estaba, también, el rostro de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que, según informes forenses, fue asesinada por la policía hondureña cuando estaba presa. Para intentar encubrir esta muerte, el MPH, bajo la dirección de Chinchilla, dijo que se había tratado de un suicidio. Al final, el MPH aceptó que se trató de un homicidio, pero solo abrió expediente a un policía, que hoy está preso, y obvió investigar a oficiales de más alto rango que permitieron o encubrieron el asesinato. Lo mismo ocurrió en el caso de Sheril Yubissa Hernández Mancía, una agente del MPH que había empezado a investigar a Tony Hernández y a Alexander Ardón y que fue asesinada en 2018; en este caso, Chinchilla también dijo que había sido un suicidio.

De acuerdo con un oficial de inteligencia hondureño que colabora con el gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro, y quien conoce de las discusiones internas en la fiscalía sobre las pesquisas abiertas durante el juicio a Juan Orlando Hernández, ya hay una investigación a Óscar Chinchilla, el ex fiscal general, y es muy posible que él esté entre los elegidos para una futura acción penal. “Con lo que tienen están obligados a abrirle una investigación (a Chinchilla) y lo harán”, dijo el oficial, quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad.

El de Óscar Chinchilla es solo uno entre al menos 28 nombres de exfuncionarios, empresarios y políticos hondureños mencionados por testigos, fiscales y defensores durante el juicio a Hernández. La mayoría de los nombrados son miembros o tuvieron relaciones con el Partido Nacional, al que pertenece el expresidente, o fueron sus financistas. También hubo, sin embargo, señalamientos a funcionarios relacionados con el gobierno actual, el de Xiomara Castro.

Fabio Lobo, uno de los testigos estrella de la fiscalía estadounidense en el juicio a JOH, detalló por ejemplo que su padre, Porfirio “Pepe” Lobo, también expresidente de Honduras, había recibido sobornos de narcotraficantes, en específico de la banda Los Cachiros, una de las más importantes del país.

Durante el juicio salieron a relucir, por ejemplo, nombres de altos funcionarios que ocuparon puestos clave en el Estado hondureño cuando Hernández era presidente. Entre ellos Julio César Barahona, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura; Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma; Mario Cálix, exalcalde de Gracias, Lempira, el pueblo donde nació el expresidente, y quien según uno de los narcotraficantes que testificó estuvo presente en una reunión con Joaquín “Chapo” Guzmán del Cartel de Sinaloa en la que se discutieron sobornos al entorno de JOH.

Al menos dos de los testigos mencionaron a Julián Pacheco Tinoco, exsecretario de seguridad de Hernández. Ya el Ministerio Público hondureño había abierto en 2017 una investigación a este hombre, la cual es muy posible que sea reforzada ahora, según la fuente de inteligencia consultada por Infobae.

Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, también mencionó a Óscar Álvarez, otro exministro de seguridad, y lo implicó en el asesinato de un narcomenudista en la capital hondureña y con grupos de exterminio.

Los testigos, además, mencionaron a funcionarios que estuvieron relacionados con la administración de Puerto Cortés, la principal entrada de transporte marítimo en el Atlántico hondureño, y se supone facilitaron el acceso del Cartel de Sinaloa para la introducción de cientos de toneladas de cocaína. Entre los mencionados en esta red está Mario Coto, quien ocupó la segunda jefatura en la empresa administradora del puerto.

Reynaldo Ekónomo y Óscar Nájera, dos diputados del Partido Nacional durante los años de JOH, también fueron mencionados como facilitadores del narcotráfico o para la entrega de sobornos. Ambos políticos han negado las acusaciones.

Otro nombre que resonó fue el de Hilda Hernández, la hermana del expresidente, quien fue jefa de las campañas presidenciales de Juan Orlando y recibió, en sus manos, contribuciones hechas directamente por narcotraficantes como Javier Rivera Maradiaga, líder de la banda Los Cachiros. Hilda Hernández murió en 2017 en un accidente de helicóptero.

Aunque la mayoría de mencionados son personas cercanas al Partido Nacional de JOH, también se colaron en la lista de los nombrados en el juicio políticos del opositor Partido Liberal o de funcionarios cercanos al gobierno de Xiomara Castro. En estos últimos casos, las menciones llegaron por boca de los defensores de Hernández, sobre todo de Raymond Colon, líder de la defensa. Antes de algunas de las preguntas sobre nombres específicos de adversarios políticos de Hernández, según observó Infobae durante el juicio, el expresidente escribía en notas que pasaba a su abogado.

Colon preguntó a uno de los testigos explícitamente por Héctor Zelaya, actual secretario privado de la presidencia e hijo de la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, los adversarios más visibles de JOH y el Partido Nacional desde hace una década y media. Colon quería saber si Héctor Zelaya había estado presente en una reunión en la que varios narcotraficantes, entre ellos Alexander Ardón, habían planificado en 2009 el asesinato de Julián Arístides González, entonces zar antidrogas de Honduras. El testigo no contestó a la pregunta de Colon, sin embargo, en declaraciones hechas a la prensa hondureña a la salida de la corte neoyorquina, el abogado dio como un hecho la presencia de Héctor Zelaya en aquella reunión. El hijo de la presidenta Castro desmintió los señalamientos y los calificó de “canalladas”.

En el juicio también fue mencionado Carlos Zelaya, hermano de Mel Zelaya, el esposo de la presidenta Castro. Carlos Zelaya es, en la actualidad vicepresidente del Congreso en representación de Libre, el partido oficial. Devis Leonel Rivera Maradiaga, otro líder de la banda Los Cachiros y testigo en el juicio, aseguró que había sobornado a Carlos Zelaya a cambio de protección, algo que el político también negó. No está claro si el actual fiscal general abrirá investigación a este diputado.

Tulio Armando Romero Palacios y Willy Joel Oseguera son generales en activo de las Fuerzas Armadas de Honduras; el primero es, en la actualidad, asesor del estado mayor del ejército hondureño. Ambos militares viajaron a principios de marzo a Nueva York para declarar como testigos a favor de Juan Orlando Hernández. Hoy, sobre los dos pesan órdenes de captura giradas en Tegucigalpa por un tribunal castrense que los acusa de “abandono de destino”, es decir, de haber dejado su puesto sin los permisos correspondientes.

Romero Palacios, un hombre seco de porte altivo, subió al estrado de la corte neoyorquina a decir que las acusaciones contra su exjefe, el expresidente Hernández, eran una venganza de narcotraficantes a los que él, Juan Orlando, había perseguido sin piedad. Esa es la suma de la tesis presentada por la defensa en el juicio, la cual, al final, no convenció al jurado que declaró culpable a Hernández. Ana García de Hernández, esposa de JOH y exprimera dama hondureña, fue la principal vocera de ese argumento antes y durante las diligencias judiciales en Nueva York.

Ana de Hernández, la ex primera dama, no apareció mencionada en el juicio, pero terminó convertida en una de las principales protagonistas. A ritmo de al menos tres veces por semana mientras duró el juicio, la mujer dio conferencias de prensa en las que acusó a la fiscalía estadounidense de urdir, confabulada con narcotraficantes, un complot político contra su marido y al juez de la causa, Kevin Castel, de no ser imparcial.

Una fuente del MPH, quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, aseguró que, aun antes del juicio, hay abierta una investigación a la ex primera dama por su rol en posible lavado del dinero que su esposo obtuvo de forma ilegal y por el papel que ella jugó en el traspaso irregular de bienes familiares inmovilizados por el Estado hondureño luego de que Estados Unidos solicitó la extradición del exmandatario.

Entre el 21 y 22 de marzo de 2022, cuando ya la Corte Suprema de Justicia hondureña evacuaba los trámites para la extradición de Hernández, su esposa traspasó bienes valorados en USD 6.7 millones según reveló una investigación de Infobae.

Por ahora, Ana García de Hernández se ha proclamado precandidata a la presidencia por el Partido Nacional. Lo hizo cuatro días después de que 12 ciudadanos neoyorquinos encontraron a su esposo culpable de narcotráfico.