Daniel Ortega presentó demandas en la Corte Internacional de Justicia que podrían convertirse en un búmeran

Las demandas que el régimen de Daniel Ortega ha emprendido contra Alemania e Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por “el genocidio” en la Franja de Gaza podrían abrir una puerta para las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad que recomienda el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas.

El pasado 5 de marzo, el GHREN presentó su segundo informe y pidió a terceros países ejercer acciones para establecer responsabilidades penales en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros altos funcionarios del Estado que forman parte de la cadena de mando, que pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua como consecuencia de la represión ejecutada después de las protestas ciudadanas de 2018.

El 23 de enero pasado, el régimen nicaragüense presentó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para incorporarse como parte en el caso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por “genocidio”; y este 1 de marzo el gobierno de Daniel Ortega demandó también a Alemania por violar “la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

“El día de hoy (1 de marzo) nuestra Nicaragua bendita ha presentado a través del doctor Carlos Argüello, eminente jurista que ha defendido los derechos de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, ha presentado ante la misma Corte por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales”, anunció Rosario Murillo.

Según Murillo, con estas demandas, Nicaragua está “contribuyendo a la denuncia mundial y a la defensa de los derechos del pueblo palestino, denuncia mundial contra el genocidio que se comete a diario y con el apoyo de potencias como Alemania, genocidio contra el pueblo palestino”.

La argumentación de Nicaragua ante la Corte indica que “Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israel sabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional”.

También señala que Alemania cortó la asistencia a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA por sus siglas en inglés), que ayuda a los palestinos en situación de urgencia.

“Alemania es perfectamente consciente del impacto mortal que significa en términos prácticos su decisión de recortar la financiación al UNRWA, que equivale al castigo colectivo de millones de palestinos, en particular de los habitantes de Gaza, ya que estarán condenados a la hambruna, la inanición y las enfermedades si la UNRWA detiene sus operaciones”, expresa en su demanda.

“Lo que hay que mirar es que (la demanda de Nicaragua) es el reconocimiento de la jurisdicción universal que está en cabeza de la Corte Penal Internacional. Por esa razón, lo que está haciendo con eso es el reconocimiento de la competencia internacional”, dijo Ángela Buitrago, integrante del GHREN, en una entrevista con la plataforma Expediente Público.

Al jurista nicaragüense Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos y radicado en México, las demandas de Ortega contra Alemania e Israel no lo sorprenden “porque siento que es la forma en que el régimen se adelanta a posibles acciones legales en su contra”.

Según el abogado, las acciones que podrían llevar al régimen de Ortega ante la Corte Internacional de justicia son los casos de apatridia que ha ejecutado, en violación a la Convención para reducir los casos de Apatridia, de 1961, y la Convención Internacional de Tortura, “que también tiene una cláusula de esta naturaleza por la omisión de una investigación eficaz”.

Pineda es uno de los 316 nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023 por considerarlos “traidores a la patria”, en un proceso que la misma Constitución Política de Nicaragua prohíbe.

La Convención para reducir los casos de Apatridia, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1961, señala en su artículo 8 que “los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida”, y en su artículo 9 establece que “los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.

“Ortega es suscriptor de La Convención para reducir los casos de Apatridia”, afirma Pineda y “como ya lo señaló, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, puede activarse ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Nicaragua por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Para el abogado nicaragüense las demandas internacionales que ha emprendido Ortega buscan anticiparse a las propias demandas que podrían llegar en su contra y de esta manera “proyectar una imagen en la Corte Internacional de Justicia que, si él puede ser objeto de demanda, él también demanda o activa los mecanismos”.

“En argumento del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para el tema de Nicaragua es correcto porque él reconoce, digamos, este tipo de competencia difusa de la Corte Internacional de Justicia, lo que legitima que cualquier Estado pueda, en todo caso, activar este mecanismo contra Nicaragua”, señala Pineda. “Toma congruencia que si él ya activó esto no puede, como Estado, objetar un elemento de incompetencia eventualmente”.

También dice que el dictador nicaragüense busca protagonismo a nivel internacional. “Es decir, refrendar su lealtad con Rusia, y sobre todo aparecer en escena internacional en el caso de Israel, como un actor internacional importante o luchador congruente con los principios revolucionarios”.

Sin embargo, añade, “la retórica de Ortega no disminuye de alguna manera la responsabilidad internacional en la que el incurrió y por otro lado, lo que permite es alimentar un discurso ante la comunidad internacional, ante sus seguidores o las estructuras del Frente Sandinista (partido de gobierno), que aún permanecen leal a él, de que es parte de una conspiración internacional en contra de su régimen”.

Recuerda que “el alcance de la competencia de la Corte Internacional de Justicia es determinar la responsabilidad de un Estado, y no veríamos a un Daniel Ortega compareciendo, sino, en todo caso, a una representación de Nicaragua compareciendo en ese sentido”.

Una de las opciones, dice Pineda, para que Daniel Ortega, Rosario Murillo u otros de la cadena de mando señalada por el Grupo de Expertos puedan sentarse personalmente en el banquillo de los acusados sería que el proceso “se inicie en cualquier otro país en función del principio de jurisdicción universal y el Consejo de Seguridad derive justamente el caso de Nicaragua, el caso Daniel Ortega a la Corte Penal Internacional”.

“Sin embargo, la configuración del Consejo de Seguridad implica que países como Rusia o China tienen derecho de veto y son países a los que se ha mostrado muy cercano Daniel Ortega y en consecuencia, es un escenario, aunque posible, poco probable”, concluye.

El escenario más probable para Pineda pasa necesariamente por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua “porque los actores de estos crímenes están en Nicaragua y requeriría la colaboración del poder judicial de Nicaragua, que naturalmente está cooptado por el régimen, de forma tal de que está sujeto al restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.