(Desde Montevideo, Uruguay) - El Parlamento uruguayo recibió por primera vez en 2007 un proyecto de ley para que los comercios ofrezcan en todos los talles las prendas que venden. El texto naufragó durante varias legislaturas y la discusión se retomó en este período de gobierno, con una propuesta que buscaba terminar con el tamaño único de la ropa. Ese planteo también fracasó y ahora una comisión de la Cámara de Diputados aprobó una nueva iniciativa que cambia el paradigma de la discusión.
El diputado del oficialista Partido Colorado Walter Cervini presentó un nuevo proyecto de ley que en lugar de establecer sanciones o multas para los locales comerciales que no tengan todos los talles promueve exoneraciones para los que sí lo tengan. Se trata de una serie de incentivos y estímulos tributarios para las tiendas de venta y alquiler de vestimentas que cuenten con los talles extremos.
La propuesta fue aprobada en la Comisión de Equidad y Género por todos los partidos políticos y se tratará el próximo 3 de abril en el plenario de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley elimina la obligatoriedad de contar con prendas en todos los talles –presente en el texto anterior–, exonera de impuestos a los comercios que sí incluyan prendas en los talles extremos y establece que estos locales comerciales puedan tener publicidad de parte del Estado para las tiendas que tengan esta oferta.
La ley es un “mecanismo de apoyo y fomento a la industria de la vestimenta”, dice el texto. Las exoneraciones serían para aquellos comercios que respeten los “parámetros de precios según la relación costo-venta”. El proyecto de ley no establece cuáles serán los estímulos tributarios ya que esa decisión debe ser tomada por las “autoridades competentes”.
“Es de interés nacional promover e incentivar que la industria de la vestimenta y calzado en general cuenten con prendas o artículos que abarquen la mayor franja posible de tallería respecto a la morfología de sus habitantes”, dice el primer artículo.
El proyecto de ley establece que el gobierno debe realizar cada 10 años un estudio antropométrico de la población para contar con la información actualizada sobre su morfología. El primer análisis debe ser realizado dentro del año siguiente a la promulgación de la ley.
Además, la propuesta establece que quedan exceptuados del cumplimiento de esa eventual ley aquellos comercios que venden ropa usada o para las liquidaciones de temporada o de cierre de locales.
Además, el proyecto propone que se cree lo que denomina una “Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta”, que debe estar integrada por los ministerios de Economía, Industria, Desarrollo Social y Trabajo, además de otras oficinas estatales y las cámaras empresariales del sector.
Esta comisión tendrá el cometido de impulsar “acciones coordinadas” entre los organismos relacionados a este tema y debe promover la implementación de programas educativos. Esta oficina además podrá proponer “medidas de promoción y estímulo” para que se cumpla con lo dispuesto en la ley.
La publicidad gratuita que dispone la ley será brindada en medios oficiales.
La propuesta anterior, que no prosperó en su trámite parlamentario, establecía multas y sanciones para los establecimientos comerciales e industrias que no tuvieran todos los talles y también proponía un mecanismo de apoyo a través de exoneraciones tributarias.
Las tiendas suelen ofrecer hasta cuatro talles, informaron los diputados que impulsaban la iniciativa, una cantidad que no es representativa de la población. “La falta de coherencia y diversidad en los talles traen consigo graves consecuencias que afectan la salud de forma integral”, decía el informe que los parlamentarios presentaron en julio.
“El estereotipo creado por la sociedad actual remarca el ideal de belleza en cuerpos jóvenes, y delgados, y a su vez los diferentes medios de comunicación muchas veces difunden modelos y estereotipos que no se asemejan con la contextura física de la mayoría de la población”, cuestionaban.
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