Cómo el crimen organizado se infiltró en la justicia y la política de Ecuador

Los contundentes operativos del 14 de diciembre de 2023 y del 4 de marzo de 2024 mostraron la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones ecuatorianas. La red de favores ilegales encabezada por un narco asesinado y sus socios, así como el manoseo de la justicia en una de las cortes provinciales más importantes del país dan prueba del debilitamiento del Estado, del desgaste de la política y de cómo ciertos los funcionarios públicos eran serviles a los criminales.

El asesinato de Leandro Norero, un narcotraficante que cayó preso en Ecuador luego de fingir su muerte en Perú, permitió que la Fiscalía revisara las conversaciones que mantuvo desde sus dispositivos móviles. Los chats salpicaron a políticos, funcionarios, jueces, abogados e incluso a un periodista. Esas comunicaciones fueron claves en el caso Metástasis –el “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”, según la Fiscalía– que permitió el arresto de 31 de los 38 vinculados entre ellos el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex general de Policía, Pablo Ramírez, que fungió como director antinarcóticos y director del servicio de cárceles del país.

Las comunicaciones e indicios de Metástasis derivaron en el caso Purga, que pretende probar los nexos de la justicia, la política y el narcotráfico que operaban desde la Corte Provincial del Guayas. En ese tribunal se compraban jueces, se interfería en sorteos y se fallaba a favor de los involucrados en la estructura denunciada por el Ministerio Público. Las más recientes detenciones incluso han generado que los procesos se estanquen en esa corte, pues nueve de los 15 jueces penales que la conforman son procesados.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lidera ambos procesos dirigidos contra las redes del crimen organizado arraigadas en el país. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Para resguardarse, la fiscal utiliza un chaleco antibalas y se desplaza acompañada de un grupo policial que porta armas largas. En los alrededores de su oficina, se han colocado vallas y una tanqueta como medidas adicionales de seguridad. Según algunos expertos, el equipo de protección de la fiscal incluso cuenta con francotiradores.

De acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos del caso Metástasis contaban con “dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos (judiciales) para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción”.

El caso Purga, que incluyó 12 allanamientos y 12 detenciones, descubre cómo la corrupción ha llegado desde las altas esferas políticas hasta el sistema judicial cuestionando la integridad y transparencia de las instituciones, según ha indicado el Ministerio Público. En un mensaje difundido el pasado 4 de marzo, la fiscal Salazar aseguró que:“(Los detenidos) han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente contra los intereses de todos los ecuatorianos”. Este caso, sostiene el Ministerio Público, “es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y, obviamente, al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas, por medio de la cual, economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”, según relató Salazar.

El capo asesinado Leandro Norero vivía entre lujos y evasiones judiciales. El hombre requerido por la justicia de Perú y Ecuador, inició en el mundo criminal con Los Ñetas, una banda armada que originalmente se formó en Puerto Rico, y luego formó a los Chone Killers, un grupo calificado como terrorista por el gobierno ecuatoriano y de financiar a Los Lobos, la megabanda más violenta del país y con mayor influencia territorial. Pese a esto, Norero tenía vínculos políticos y funcionarios del más alto nivel.

El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones de Norero, que se volvieron piezas clave en el caso Metástasis. En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 14 de diciembre de 2024, Salazar ya expuso algunas de las conversaciones frente al juez. Por ejemplo, en una de las conversaciones el abogado de Norero, Helive Ángulo reporta al narco que a varios jueces nacionales “les han dado buen trato entreteniéndoles con mujeres de buena presencia”. Entonces Norero buscaba obtener un hábeas corpus. En los chats, Ángulo dice a Norero: “El hábeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia”.

Los chats de mayo a octubre de 2022, que ahora son públicos, demuestran las comunicaciones de Leandro Norero con varios personajes públicos y también muestran varias menciones a otros. Entre los nombres que se han vinculado al capo están el del ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez; del periodista de La Posta, Andersson Boscán; de la alcaldesa correísta María Fernanda Vargas y de Xavier Jordán, prófugo por el caso de la corrupción en los hospitales y quien fue denunciado por el asesinado Fernando Villavicencio.

Las conversaciones entre Jordán y Norero podrían vincularse a la investigación que busca determinar a los autores intelectuales de Fernando Villavicencio. En una entrevista con Teleamazonas, la fiscal Salazar dijo: “Existen otros chats, que no están vinculados todavía, que tienen relación con Xavier Jordán. Y es él quien le pide específicamente (a Norero) iniciar con estos seguimientos (a Fernando Villavicencio), con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Xavier Jordán”.

En las conversaciones, se lee: “Te vengo diciendo. Llevémonos a algún hp, para que paren (de mencionarlos en noticias)”, este mensaje fue enviado por Jordán a Norero. Según ha explicado la Fiscalía, habría una conspiración contra el asesinado Villavicencio, pues Jordán habría pactado con Norero el envío de unos “gatos” (espías) para vigilar al entonces legislador.

El periodista de La Posta, Andersson Boscán, conversaba con Norero frecuentemente. Los chats revelados por la Fiscalía y que han sido reconocidos por el comunicador, muestran que ambos se trataban de “hermano” y “ñaño (hermano)”. En las conversaciones Boscán le pregunta al narco sobre cómo avanzan sus procesos judiciales e incluso le propone tomar un café cuando Norero salga de la prisión, le ofrece colaborar con la redacción de un libro y le cuenta sobre planes de la redacción del medio.

Sobre estas revelaciones, Boscán emitió un mensaje a su audiencia durante el programa matutino que dirige y que se transmite por YouTube y aseguró que Norero era solo una fuente: “Había mucha sorpresa porque trataba a Norero de hermano, es un genérico que tiendo a mal utilizar, pero hay una explicación. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. Estas no son ni buenas ni malas, son fuentes”.

Una de las conversaciones que la fiscal ha relatado como relevantes entre Boscán y Norero es una en la que el periodista le pide al narco información sobre ciertos funcionario del gobierno de Guillermo Lasso con relación a las aduanas. Boscán le recalca a Norero que está interesado específicamente en el tema político y que no le interesa ni el contrabando ni las drogas. Sobre esto, el periodista explicó: “La frase de ‘no me interesa el narcotráfico y el contrabando’ tiene una sencilla explicación: Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. A mí me gusta mucho que no me maten”.

Boscán lideró el equipo de investigación que publicó la existencia de una red de corrupción en el sector público ecuatoriana y que estaría liderada por el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, quien hacía sus ilícitos mediante Rubén Chérres, vinculado a la mafia albanesa. Esta investigación derivó en el Caso Encuentro, por el que Carrera guarda prisión domiciliaria en este momento.

María Fernanda Vargas es la alcaldesa de Simón Bolívar, un municipio de la costa ecuatoriana. En febrero de 2023, Vargas llegó al cargo impulsada por la Revolución Ciudadana, movimiento afín al ex presidente Rafael Correa. Mientras el movimiento político, en 2022, preparaba sus cuadros para las elecciones municipales de este año, Vargas era mencionada en los chats del narco Norero.

En una conversación entre Norero y Mayra Salazar, una ex funcionaria de la Judicatura que ha sido descrita por la Fiscalía como la encargada de “armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que pretendía la organización criminal, esta le dice al capo que debe entrenar a Vargas para “que no hable tonteras”. Norero se ríe y dice “Esa man es loca. Qué cree que hará por la alcaldía”. La funcionaria Salazar dice que una vez que Vargas llegue a la alcaldía “hay que adiestrarla”.

Norero, que además habría tenido una relación sentimental con la funcionaria Salazar, le cuenta que: “Esa man (en referencia a Vargas) siempre se me insinuaba”. Mayra Salazar responde: “Más le vale porque no me gustan los infieles”. El siguiente mensaje del capo cuenta: “Yo la mandaba (a Vargas) a misiones. Le decía anda a verme tal cosa a tal lado y esa (lo hacía) sin asco”. Salazar pregunta: “¿Qué le iba a ver”. Norero responde: “Armas. Después me decía que le preste una”.

En una audiencia de más de 10 horas, que inició el 4 de marzo y se extendió hasta el día siguiente, la fiscal Diana Salazar desentrañó los movimientos irregulares de la Corte Provincial del Guayas, que fue encabezada por la jueza y ahora detenida Fabiola Gallardo. En esa Corte el exlegislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, movía sus hilos para obtener fallos judiciales o para cambiar jueces. Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis, era la operadora de Gallardo y Muentes. Las comunicaciones del teléfono de Mayra Salazar se volvieron fundamentales para el caso Purga.

Dentro del caso Purga, Muentes, Gallardo y el juez Johan Marfetán –también vinculado al caso Metástasis– han sido presentados como autores del delito de delincuencia organizada, según el Ministerio Público. Los otros nueve involucrados habrían actuado en calidad de colaboradores.

Mayra Salazar, se desempeñaba como directora de comunicación de la Corte Provincial del Guayas y tenía una relación sentimental con el narco Leandro Norero. La mujer, que está en prisión preventiva, manejaba un troll center para defender a Muentes y a Gallardo. Mientras la jueza Gallardo buscaba llegar a la Corte Provincial le pagó a la relacionadora pública USD 2.500. La fiscal Diana Salazar cuestionó aquello pues dijo que un juez gana alrededor de USD 4.000: “¿Cómo le pagaba a Mayra Salazar ese sueldo, la jueza Gallardo?”, increpó la fiscal general.

Cuando Gallardo asumió como presidenta de la Corte, el sueldo de Mayra Salazar fue asumido por el exlegislador Pablo Muentes que le pagaba la misma cantidad en efectivo. La relacionista pública aprendió cómo funcionaban los sorteos de jueces, por ejemplo, para favorecer los intereses de sus jefes. Mayra Salazar actuaba como operadora y su trabajo era manipular a los funcionarios de la Corte Provincial del Guayas, para favorecer a intereses de la estructura criminal liderada por Muentes, Gallardo y Marfetán.

La fiscal también mostró que la jueza Gallardo contactó al abogado de Adolfo Macías, alias Fito, para que el criminal se beneficiara con un fallo que le permitiera regresar de la prisión de máxima seguridad La Roca a la cárcel regional del Guayas, de donde se fugó. La fiscal Salazar dijo que es sorprendente que no fue el narcotraficante quien buscó a Gallardo, sino que ella fue la que tendió el vínculo.

En el caso de Muentes, el uso de su poder político le habría permitido obtener una sentencia favorable e impensable en un juicio que inició el Banco del Pacífico en contra del exlegislador y de su esposa, también detenida en el caso Purga. Muentes y su esposa fueron demandados por no cancelar una deuda de USD 383.000 con el mencionado banco. En respuesta, el matrimonio interpuso una acción de habeas data y pretendieron “justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda”. En un giro sorprendente, el matrimonio no solo logró no cancelar la deuda sino que el juez dispuso al Banco que pague USD 4 millones por los daños causados a Muentes y a su esposa.

El juez que conoció la causa del matrimonio y falló a su favor también está detenido como parte del caso.

Pero no solo Muentes se beneficiaba, sino también sus familiares: “Usaban el recurso de habeas data para apropiarse de bienes. En Guayas todo era posible”, indicó la fiscal Salazar. Bajo este mecanismo un primo de Muentes se apropió de un terreno avaluado en USD 200.000

Mayra Salazar operaba para los sentenciados Leandro Norero y Daniel Salcedo, pero también para Gallardo y Muentes, según la Fiscalía. Salazar incluso ofrecía vender sus propiedades a bandas delincuenciales como Los Lobos para que operaran en el sur de Guayaquil.

Cuando Fernando Villavicencio fue asesinado, Daniel Salcedo, condenado y procesado por varios delitos, se comunicó con Mayra Salazar. Salcedo envió un video a Mayra Salazar para que ella lo difunda. En ese video, el grupo delincuencial se deslinda del asesinato de Villavicencio. En la audiencia se reprodujo un fragmento donde se escuchó: “No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de la delincuencia organizada) Los Lobos. No nos tapamos la cara, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado a personas del Gobierno o civiles”.

Fue entonces, según la Fiscalía, Salcedo quien se encargó de que Mayra Salazar difundiera ese mensaje: “Ese video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel Salcedo... Mayra Salazar le responde que ya lo pasa a grupos de prensa también”, dijo la fiscal general.

Para la fiscal Salazar, este hallazgo contribuirá a determinar quiénes son los autores intelectuales del asesinato del político. Las investigaciones del magnicidio indican que la orden de matar al político fue dada por miembros de Los Lobos y ejecutadas por personas de sus filas en Quito.

La pesquisa también reveló una serie de diálogos entre Salcedo, y Mayra Salazar. Según los documentos, Salcedo y Salazar emplearon identidades falsas en la aplicación Zangi para llevar a cabo comunicaciones secretas. Esos intercambios arrojan luz sobre los actos de corrupción y la manipulación en el sistema judicial ecuatoriano. Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla que han enfrentando acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero y fraude procesal, utilizaban a intermediarios como Mayra Salazar para influir en la designación de jueces para sus casos penales y los de su hermano, así como en la suspensión de audiencias y la obtención de resoluciones favorables, todo a cambio de pagos económicos.

Ante la propuesta de Salcedo, los jueces Henry Morán y Guillermo Valarezo, según las conversaciones, habrían solicitado sobornos para favorecer a los Salcedo Bonilla en decisiones judiciales.

En abril de 2023, Daniel Salcedo pidió a Mayra Salazar que mediara con el juez Henry Morán, de la Sala de lo Penal de la Corte de Guayas, para organizar un encuentro en persona. Salcedo había sido liberado en esa fecha y buscaba influir en el caso relacionado con su hermano Noé. Durante esas conversaciones, se mencionó a “la amiga”, el alias que según la Fiscalía pertenece a Fabiola Gallardo, quien era la presidenta de la Corte Provincial en ese momento y presuntamente ofrecía ayuda para manipular el tribunal a cambio de pagos. Dos meses después, en julio del año pasado, Salcedo volvió a pedir ayuda a Salazar para posponer una audiencia relacionada con su hermano, ofreciendo USD 1.000 dólares por cada juez, basándose en un pago previo que ya había hecho por esa cantidad. En octubre del mismo año, solicitó nuevamente posponer una audiencia, a lo que Salazar respondió que enviaría a un juez a un spa para evitar que se celebrara.

En las conversaciones también se menciona un acuerdo con dos jueces del tribunal. El trato implicaba un pago de USD 40.000, principalmente financiado por la madre de Salcedo. En las comunicaciones Salcedo y Salazar hablan sobre lo complicado de “influir” en el tribunal debido a que su caso es de relevancia pública. En junio de 2023, Salazar comunicó a Salcedo que el juez Guillermo Valarezo no estaba interesado en involucrarse en el caso y que Morán solicitaba USD 500.000.

“En Guayas todo era posible. ¿Por qué? Gracias al control del grupo criminal que mantenía en la administración de justicia en la provincia de Guayas”, dijo la Fiscal Salazar en su acusación.