Dos jueces que facilitaron negocios de Alex Saab en Ecuador son investigados por integrar una red de delincuencia organizada

Con los operativos del caso Purga –que revelaría los vínculos del narco, la política y la justicia en Ecuador, según el Ministerio Público– se detuvo a Fabiola Gallardo y a Johan Mafertán, jueces de la Corte Provincial del Guayas. Ambos, junto con otros 10 procesados, son investigados por delincuencia organizada. Mafertán, también está vinculado al caso Metástasis, revelado en diciembre de 2023, y que mostró una estructura criminal que interfería en la justicia y que era liderada por el asesinado narcotraficante Leandro Norero.

Gallardo fue presidenta de la Corte del Guayas hasta enero de este año. Ahora, la ex alta autoridad está en el ojo del huracán y algunos sucesos de su pasado han reaparecido. Lo mismo ocurre con Mafertán.

Aunque el político, periodista y sindicalista Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, sus investigaciones y denuncias públicas aún se mantienen vigentes. La cuenta de Villavicencio en X (antes Twitter) es una especie de enciclopedia donde aparecen los nombres y acusaciones de decenas de los procesados tanto en el caso Metástasis, como el caso Purga y en otras investigaciones.

Gallardo fue presidenta de la Corte del Guayas entre enero de 2022 y enero de 2024. Llegó al cargo apoyada por 20 jueces. También trabajó como funcionaria en la Secretaría Nacional Anticorrupción, en la Fiscalía de Guayas. Fabiola Gallardo recibió reconocimientos tanto de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos como de la Organización Mundial para los Derechos Humanos.

En octubre de 2022, el nombre de Gallardo se incluyó en una terna enviada al Consejo de Participación por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. El objetivo era nombrar a un nuevo titular del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial.

Entonces, Villavicencio, a cargo de la Comisión de Fiscalización del Congreso, como consta en la prensa y en su cuenta de X, mostraba los antecedentes de Gallardo y denunciaba un pacto entre correístas y socialcristianos para “secuestrar la justicia”. El político indicó que Gallardo tenía una sanción disciplinaria y que era parte del tribunal que sobreseyó a los socios de Álex Saab en el caso Foglocons. En diciembre de 2021, Villavicencio pidió al Consejo de la Judicatura que determine responsabilidades para una docena de funcionarios relacionados con el caso.

Fernando Villavicencio, a través de su plataforma Periodismo de Investigación, expuso una red que vincula a personalidades como el ex presidente venezolano Hugo Chávez, el dictador de ese mismo país Nicolás Maduro, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y Alex Saab.

La compañía Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), fundada por Saab y Álvaro Pulido, se habría utilizó para desviar fondos destinados a proyectos de construcción en Venezuela hacia otros propósitos. Las exportaciones declaradas por Fonglocons Ecuador hacia Venezuela resultaron ser falsas, por lo que se inició una investigación para verificar un esquema de lavado de dinero y fraude a gran escala.

Los documentos obtenidos por Villavicencio mostraban la discrepancia entre las exportaciones reportadas y los ingresos reales. Además, la investigación realizada por la Fiscalía ecuatoriana señala la presencia de facturas duplicadas y transacciones fraudulentas destinadas a justificar el movimiento de dinero entre países.

Según reposa en las publicaciones de la Fiscalía sobre el caso, la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons), establecida en Ecuador en septiembre de 2012, recibió transferencias por un total de USD 159.9 millones entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA).

Sin embargo, según el informe emitido por el Servicio Nacional de Aduanas, solo se podría justificar un monto de USD 3.1 millones del total recibido mediante transferencias en relación a lo que la empresa exportó. El fiscal que llevó el caso destacó que, al no haber una correspondencia entre las exportaciones realizadas y los montos recibidos, se planteaba la ilegalidad del origen de dicho activo. El Ministerio Públicó también indicó el uso de compañías ficticias, operaciones simuladas y exportaciones sobrevaloradas desde Ecuador hacia Venezuela.

Como parte del proceso, durante la audiencia donde se formularon los cargos, se reveló que se duplicaron facturas en Ecuador para justificar tanto la adquisición de divisas en Venezuela como las transacciones ilícitas. De esta manera, las facturas presentadas a las Aduanas ecuatorianas no reflejan fielmente ni el negocio ni el valor real que representan dichas facturas en Venezuela.

El SUCRE, según el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe (SELA), es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El sistema se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.

Según una publicación de 2015 de diario El Telégrafo, las transacciones realizadas a través del sistema de compensación Sucre sumaron USD 2.549,6 millones, desde el 6 de julio de 2010 hasta el 7 de mayo de 2015, con 5.455 operaciones, según el Banco Central del Ecuador (BCE). El 94,5% de las operaciones correspondían a transferencias recibidas por exportaciones.

El sistema de compensación Sucre “no sirvió para nada más que no sea para lavar dinero”, dijo Villavicencio en 2021 a Infobae.

Según explica el portal Periodismo de Investigación, el dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en “Sucres” multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Luego esos “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares. Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores, quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales.

De acuerdo con la información proporcionada por Villavicencio, entre 2009 y 2014 se habrían exportado alrededor de USD 2.000 millones en exportaciones ficticias o subvaloradas.

Luego de recabar información en Venezuela y en Ecuador, la Fiscalía General del Estado, en ese entonces, “mediante un acto urgente y con orden judicial” incautó USD 57 millones de Foglocons-Ecuador.

El dinero, una vez terminado el caso, fue devuelto a la empresa administrada por los socios de Saab en Ecuador. Sin embargo, Galo Chiriboga, ex fiscal general del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, indicó en su comparecencia ante la comisión legislativa que llevó el caso, que el dinero “se mantuvo incautado por tres años y que por una acción corrupta de un juez y sin ningún fundamento legal pretendió entregarlo a la empresa Fondo Global de Construcciones”. La jueza María Lorena Jaramillo que llevó el caso sobreseyó a Foglocons, no obstante el propio Chiriboga declaró que “hubo una jueza que violando su deber jurídico de aplicar la ley no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato”.

En ese contexto, la apelación de la Fiscalía llegó a un tribunal conformado por Fabiola Gallardo, Johan Mafertán y Manuel Suárez, que falleció en marzo de 2022. Entonces los jueces decidieron rechazar la apelación del Ministerio Público y fallar a favor de los procesados: los socios de Álex Saab.

Según recogió Expreso en enero de 2022, Gallardo se justificó sobre la decisión porque el fiscal habría asegurado que no hubo lavado de activos, sino un delito aduanero: “Ante eso, cómo no se lo va a sobreseer. Si el mismo fiscal viene y dice que no hay un delito de lavado de activos, ¿qué podemos hacer los jueces?”, dijo Gallardo al diario ecuatoriano.

En noviembre de 2021, tras el impulso que Villavicencio dio a la investigación del caso Saab desde el congreso, la fiscal Diana Salazar dijo que no se podía actuar sobre algo que ya se juzgó : “El caso concreto del Fondo Global de Construcciones (Foglocons) adquirió la calidad de cosa juzgada. Es decir, opera el principio constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa”. Sin embargo, la fiscal general dijo que esperaba que se pudieran investigar otros delitos para así establecer responsabilidades en contra de exfuncionarios.

Saab y sus socios se han librado de sentencias en tres sistemas judiciales que iniciaron investigaciones en su contra. Colombia, Ecuador y México “fracasaron en sus esfuerzos por condenarlos”, según escribió el periodista Gerardo Reyes, autor del libro Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro.

En Ecuador, la fiscalía ha señalado a Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y al exlegislador socialcristiano Pablo Muentes como autores del delito de delincuencia organizada. Los miembros de esta red de corrupción compraban sentencias, se beneficiaban judicialmente, tenían un troll center y una operadora, cuyo teléfono fue clave para el inicio de la investigación.